El día de la boda es una de las fechas más recordadas y especiales para la pareja festejada. La ilusión de una vida nueva, de formar una familia, y sobre todo, de compartir el resto de los días con la persona amada.
El recuerdo de este primer anhelo muchas veces se convierte en decepción, cuando la relación se llena de diferencias que en principio parecen “insalvables” y alguna de las partes pronuncia la palabra divorcio.
Algunas parejas optan por separarse físicamente, sin romper el vínculo legalmente. Este el caso de Patricia, una de las tantas mujeres que a falta de los recursos económicos que implica un divorcio, optan por permanecer legalmente casadas.
“Hace más de cinco años que mi esposo y yo no vivimos en la misma casa, y aunque en un principio le planteé que correría con los gastos de la separación, él no quiere darme el divorcio. El abogado me explicó que si no es por mutuo acuerdo, el costo aumenta, y en este momento no puedo pagarlo”, explica.
Ramón Alemán, abogado de familia de la firma Spiegel & Asociados, dice que las tarifas señaladas en el libro de “honorarios profesionales mínimos de la república de Panamá” son ridículas. “Una anulación de matrimonio le cuesta a la pareja de 500 a 2 mil dólares, según este libro, pero el tiempo y los trámites que le toman al abogado para concluir el proceso, hacen de esta una tarifa ridícula”, así que nadie le hace caso.
“Los abogados vemos cuánto dinero hay en la transacción económica, para también fijar nuestros honorarios”, por lo que no se puede hablar de divorcio solamente”, afirmó.
Si hay hijos menores, el divorcio viene acompañado de un proceso de guarda crianza, pensión alimenticia, régimen de visitas y de la división de bienes matrimoniales”.
Según el libro de honorarios, un acuerdo de reglamentación de visitas cuesta 500 dólares, un proceso de guarda crianza, mil dólares.
Otras parejas optan por vivir en la misma residencia y permanecer casados por mantener su “estatus” de vida, aunque sus lazos afectivos se hayan roto. “La gente está comprendiendo que también en una sociedad, donde hay bienes de por medio, dos personas que trabajan y aportan crean un bien familiar. De haber un divorcio, uno de los dos baja o desmejora su calidad de vida”, acotó el investigador social Gilberto del Toro.
“Este interés también ayuda a la comprensión familiar y al mejoramiento de la convivencia. Si la pareja está relajada, habrá más tiempo para el amor, lo romántico, y todo lo que une a la familia”. Puede haber más posibilidades de lograr metas –en cuanto a bienes familiares se refiere– como pareja, que solo”.
Según el Registro Civil, en 2007 se registraron 2 mil 893 divorcios; el año siguiente hubo 2 mil 93.
“Hay parejas que deciden no vivir juntas y no proceden a ningún trámite legal (estos datos no son recabados en las estadísticas), y hay otras que no pueden pagar un divorcio”, explicó del Toro.
En el caso de un divorcio por infidelidad, el que faltó al matrimonio paga el monto más alto. “El juez puede conceder una pensión alimenticia al cónyuge inocente, la cual se calcula de modo que éste conserve la posición social que mantenía en el matrimonio”, afirmó la abogada de familia Carmen Carrasquilla.
Lo más importante es pensar bien antes de casarse, y si luego del matrimonio la relación afronta dificultades, lo ideal es buscar ayuda de un especialista.
Prevención antes de ceremonia
De cara a las complicaciones y los gastos que traen los divorcios, muchas parejas deciden firmar capitulaciones matrimoniales. En estas, la pareja estipula el régimen económico del matrimonio y evita las disputas económicas en el momento de la separación.
A falta de estas o si son ineficaces, el régimen será el de participación de ganancias, según el cual cada uno de los cónyuges tiene el derecho de participar en las ganancias obtenidas durante el tiempo del matrimonio, según el artículo 82 del Código de la Familia.
Las capitulaciones pueden otorgarse antes o después de la ceremonia de matrimonio, pero para su validez deben constar en escritura pública.
De hacerse antes del matrimonio, la ceremonia debe realizarse antes de un año o serán anuladas.
(Colaboración de Ana María Garzón).
