Al igual que la Autoridad Nacional de Aduanas, el Metro de Panamá, S.A., destina cada año millones de dólares en pagos de arriendo por terrenos que, irónicamente, son propiedad del Estado.
Un reciente reporte de La Prensa reveló que la Autoridad Nacional de Aduanas desembolsa anualmente $700,363.45 a la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) por el uso de varios locales en el corregimiento de Ancón.
Estos espacios son utilizados por PCRC gracias a una concesión otorgada por el Estado en 1998, lo que ha generado cuestionamientos sobre la lógica y eficiencia de estos pagos realizados por una entidad pública a una empresa que ocupa terrenos estatales bajo un acuerdo.
Una situación similar ocurre con el Metro de Panamá, cuyo contrato de arrendamiento con PCRC se mantiene vigente desde 2013, cuando operaba bajo la Secretaría del Metro, y desde 2015 bajo su estructura actual.
La entidad detalló que este acuerdo incluye el arrendamiento de tres lotes en Curundú, corregimiento de Ancón, dentro de la concesión de PCRC, donde operan oficinas, patios y talleres de la Línea 1.
El monto del contrato asciende a $2.9 millones, con renovaciones automáticas cada dos años mediante adendas aprobadas por el Consejo Económico Nacional. Esto implica que, por año, se pagan poco más de $1.4 millones, y entre 2013 y 2024, el total destinado superará los $15 millones.
Este mecanismo permite que el contrato siga vigente bajo los mismos términos hasta que PCRC revierta los terrenos al Estado.
¿Un modelo obsoleto?
El cumplimiento financiero del Metro de Panamá ha sido puntual; la entidad asegura estar al día con sus obligaciones contractuales y no mantiene deudas con PCRC. Sin embargo, la situación es distinta para la Autoridad de Aduanas, que requirió un traslado de partida por $3.5 millones, aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para saldar una deuda con la empresa que opera el ferrocarril.
La concesión, otorgada mediante la Ley 15 de 17 de febrero de 1998, permite a PCRC el uso exclusivo de ciertas áreas y mejoras asociadas al Ferrocarril de Panamá.
El diputado independiente Augusto “Tuto” Palacios dijo en la Comisión de Presupuesto que, en 25 años de concesión, PCRC solo aportó $55 millones al Estado, mientras que entidades públicas deben pagar alquileres por terrenos que forman parte de este acuerdo.
Palacios criticó que el contrato haya sido prorrogado en 2024 por otros 25 años bajo las mismas condiciones, a pesar de que las circunstancias del mercado en 1998 eran completamente diferentes a las actuales.
Palacios destacó que, a finales de la década de 1990, los puertos panameños manejaban poco más de 600 mil TEU (unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies) al año, cifra que hoy supera los 8 millones de TEU. Además, el Estado panameño invirtió más de $5 mil millones en la ampliación del Canal, que ahora permite el tránsito de embarcaciones con el doble de capacidad.
“Estamos concesionando para luego pagar alquileres. En 25 años solo nos dieron $55 millones, y ahora tenemos que pagarles $3.5 millones en alquileres. Esto es un atraco”, concluyó el diputado Palacios.
Otras voces
El diputado Betserai Richards, de la bancada Vamos y miembro de la Comisión de Presupuesto, también cuestionó las concesiones, calificándolas como un “autosabotaje en detrimento de la nación”.
Según Richards, el Estado está pagando a privados por el uso de propiedades que le pertenecen debido a acuerdos negligentes. Además, instó a revisar con urgencia las concesiones vigentes, señalando que la seguridad jurídica no puede justificar la pérdida de soberanía sobre bienes nacionales.
Panama Canal Railway Company es un proyecto conjunto entre Kansas City Southern, un Ferrocarril Clase I, y Mi-Jack Products, líder operador independiente en Norteamérica de terminales intermodales.
