En la segunda consulta al proyecto de ley que elimina la Ley 6 de 2002 y establece una nueva norma sobre la transparencia en la administración pública y la acción de habeas data, se propuso que el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo revise la propuesta presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Esa fue una de las ideas que surgió este miércoles 30 de agosto, en la reunión de la subcomisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, conformada especialmente para analizar el proyecto de ley 1031, el cual que ha encontrado un amplio rechazo de gremios y activistas de la sociedad civil, que acusan a la Antai de haber presentado una propuesta inconsulta y alejada del modelo recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El presidente de la subcomisión, Eugenio Bernal, y el diputado Luis Ernesto Carles, que la conforma, han prometido que las consultas serán amplias. La diputada Corina Cano completa la subcomisión.
En la sesión de este miércoles, que se realizó en un salón de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), había 48 personas anotadas para opinar.
Uno de ellas fue el exdiputado y exvicepresidente de la República Rubén Arosemena, quien manifestó que el proyecto 1031 tiene “distorsiones”. Fue él quien planteó involucrar al Consejo de la Concertación, para que revise la propuesta y atienda las consultas, antes de involucrar a los diputados.
“La norma hay que blindarla. Si no, vamos a tener serios problemas, pero preocupa el resultado final”, dijo Arosemena, quien se ha reactivado en la política como parte del equipo de campaña del expresidente Martín Torrijos, candidato presidencial del Partido Popular en las elecciones de mayo de 2024.
Andrés Wong se presentó como funcionario del Ministerio de la Presidencia y dijo que el proyecto 1031 es consecuencia del compromiso adquirido por el presidente Laurentino Cortizo, cuando firmó el “reto por la transparencia” antes de ser electo, en 2019.
“La intención es tener una ley de la cual nos podamos sentir satisfechos todos. Si esta ley la pasamos con el acompañamiento de todos ustedes, al otro gobierno le tocará ejecutarla. No hay ninguna mala voluntad”, afirmó.
Pero Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), advirtió que el reto de 2019 no planteaba por ninguna parte que tenía que ser modificada o eliminada la Ley 6; solo se pedía un real compromiso para cumplirla.
De Obaldía remarcó que la propuesta de Antai es inconsulta. “En ningún momento se compartió el proyecto que se está discutiendo”, enfatizó.
Por su parte, la directora de Antai, Elsa Fernández catalogó como “válidos” los cuestionamientos, sobre todo en aquellos puntos del proyecto que proponen modificaciones al mecanismo de los habeas data.
Las consultas terminaron sin que la subcomisión definiera una fecha en la que entregaría un informe a la Comisión de Gobierno a cargo del diputado perredista, Leandro Ávila. Sobre la mesa quedó la posibilidad de llevar el tema a una mesa técnica para que se complemente el proyecto ley con todas las propuestas planteadas por la sociedad civil.
“Hay artículos o temáticas que hay que rescatar de la ley vigente e incorporarla en este proyecto. Creo que hay muchos aspectos de avanzada que nos colocan en una buena posición en temas de la transparencia y acceso a la información pública, sin embargo, soy del criterio de que sí tenemos que rescatar aspectos importantes que han funcionado en la ley vigente”, dijo la diputada Cano, quien además señaló que la subcomisión no tiene un plazo para entregar el informe.
Entre los temas que se reformarían, por ejemplo, figura el relacionado con la publicación de las actas de todos los entes del Estado. También el concerniente al procedimiento de habeas data.
