Cada año, como un reloj que nunca se detiene, la planilla estatal consume una porción considerable del presupuesto nacional. Es un fenómeno que no deja de causar asombro, y la situación se torna aún más delicada con el aumento automático de salario que reciben algunos funcionarios, una práctica que parece desafiar cualquier lógica de austeridad.
En los últimos 15 años, la planilla estatal ha experimentado un crecimiento significativo, incrementándose en 93,316 funcionarios. Este aumento ha sido impulsado por cada administración gubernamental, que ha contribuido a la contratación de nuevos empleados públicos.
De hecho, el nuevo ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, ha planteado que entre 2009 y 2024 la planilla estatal se ha incrementado en más de 90,000, lo que consideró una “cosa absurda” que hay que corregir, pues hay que conseguir la inversión para que las personas vayan al trabajo privado.
El aumento de los 90,000 funcionarios es el equivalente a haber creado 11 Autoridades del Canal de Panamá, considerando que la vía, el activo más importante del país, tiene un promedio de 8,000 empleados.
El propio presidente de la República, José Raúl Mulino, lo advirtió en campaña: “Los servidores públicos que verdaderamente trabajan duro conmigo pueden estar tranquilos. Voy a gobernar con los mejores, vengan de donde vengan. Pero las botellas conmigo no tienen ningún chance. Simplemente no van”.
Los últimos 15 años
Se trata de una realidad que se agrava con cada gobierno. Por ejemplo, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, comenzó su gestión en 2009 con 170,040 funcionarios y terminó en 2014 con 208,682.
Es decir, se nombró en ese periodo a 38,642 nuevos servidores públicos, lo que representa un incremento del 22.7%. En aquel momento, la planilla mensual pasó de costar $135.4 millones en 2009 a $215.3 millones en 2014.
Con la llegada de una nueva administración gubernamental dirigida por Juan Carlos Varela, la dinámica fue la misma. Esta recibió una planilla con 208,682 empleados y, cuando concluyó su administración n 2019, había unos 238,583 funcionarios.
Durante esa administración, se nombraron a casi 30,000 funcionarios más y, entre 2014 y 2019, la planilla pasó de costar $215.3 millones al mes a unos $332.9 millones por mes, respectivamente.
Mientras que el gobierno que acaba de terminar, liderado por Laurentino Cortizo, comenzó con 238,583 funcionarios y salió en julio pasado con 263,356.
Lo anterior significa que durante el gobierno de Cortizo se nombraron a 24,773 nuevos servidores públicos, según datos de la Contraloría General de la República. A esto hay que agregar que el costo de la planilla a finales de dicha administración era de $427.2 millones.
Las secuelas
La calificadora de riesgo Moody’s ha señalado que la rigidez fiscal en Panamá se ha incrementado en los últimos años debido al continuo aumento de la masa salarial, que representa el 30% de los gastos, dejando poco espacio para inversiones públicas.
“Si bien las autoridades se han esforzado por reducir los costos de personal y algunos subsidios, la proporción general de gastos rígidos ha aumentado”, opina la calificadora.
Por su parte, René Quevedo, experto en materia laboral y asesor empresarial, ha manifestado que los recurrentes aumentos en la planilla forman parte de un patrón histórico de intervencionismo estatal en una economía donde la empresa privada no genera empleo formal, pero sí el gobierno a través de préstamos.
“Somos una economía de funcionarios e informales, financiada con plata prestada”, acotó.
Sobre este tema, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha dicho lo siguiente: “La planilla estatal se va a manejar con suprema prudencia, y aquí el pueblo panameño va a tener un servidor que se va a encargar de proteger sus recursos con mucho celo”.
Así las cosas, y con las finanzas en el “rojo”, como ha expresado el propio presidente de la República, el gobierno enfrenta un serio desafío. La planilla estatal, inflada y al borde de reventar, se erige como un gigante insostenible en el horizonte fiscal. Cada día que pasa, el peso de los salarios y los beneficios automáticos amenaza con desestabilizar aún más las ya frágiles arcas del Estado.
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