La creación de nuevos corregimientos durante la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), basada en criterios políticos más que técnicos, ha dejado en un limbo jurídico y financiero a 22 juntas comunales en todo el país. Estas juntas, que carecen de una estructura administrativa adecuada y enfrentan graves problemas de financiamiento, están paralizadas, sin poder cumplir con sus funciones básicas.
Lo advirtió en su momento Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional: “Cada corregimiento nuevo representa, hasta donde entiendo, más de 300 mil dólares adicionales al erario público como mínimo, sin contar la distribución discrecional de la descentralización”.
El tiempo le dio la razón. Por ejemplo, en la comarca Naso se crearon los corregimientos de Teribe, San San Drui y Bonyik como parte de la conformación de la nueva comarca, pero en la normativa no se incluyó la figura de la alcaldía.
Es decir, fueron segregados del distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, pero ahora no están bajo el paraguas de ninguna municipalidad. De hecho, las autoridades locales de esa comarca le hicieron la consulta al procurador de la Administración, Rigoberto González, ante el limbo jurídico en el que se encuentran.
La respuesta de González, fechada el 16 de septiembre de 2024, fue que deben coordinar este tema con el Viceministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de Julián Jiménez, el cual es el responsable de estar en contacto con las autoridades y regiones comarcales.
La conformación de esta nueva comarca y sus corregimientos fue una iniciativa impulsada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, y el exdiputado de ese colectivo, Ausencio Palacio.
Otros corregimientos
Robinson también promovió la creación de otros 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, los cuales actualmente no cuentan con presupuestos, y en muchos casos esas juntas comunales no tienen sede física.
Además, en Penonomé, provincia de Coclé, se crearon seis corregimientos, a solicitud del también exdiputado perredista Daniel Ramos (circuito 2-1). En Arraiján, en tanto, se creó un corregimiento apoyado por la exdiputada perredista Kayra Harding (circuito 8-1).
La proliferación de nuevos corregimientos a nivel nacional (en 1972 eran 505) ha llamado la atención de los magistrados del Tribunal Electoral (TE), quienes en 2014 pidieron a los diputados no crear nuevas divisiones políticas en fechas próximas a las elecciones generales.
El 2019 fue el año en el que más corregimientos se crearon. Datos del TE revelan que en 2014 hubo 26 nuevos corregimientos, mientras que para 2019 fueron 31, y en 2024 se añadieron 22 nuevos.
Compleja realidad
Según Narciso Machuca, quien en la actualidad asesora a las juntas comunales y municipios, a pesar de la creación de los corregimientos, la ley no estableció un marco legal claro que les permitiera contar con personería jurídica o acceder a fondos para su funcionamiento.
Además de la falta de personería jurídica, las juntas comunales no cuentan con sedes físicas ni los recursos necesarios para alquilar oficinas, lo que ha complicado el inicio de sus labores. “No tienen casas comunales, ni recursos suficientes para alquilar espacios”, señala Machuca. El único fondo que reciben proviene del gobierno central a través del Programa de Inversión de Obras Públicas (PIOP), que se ha visto limitado este año electoral al 50% de su presupuesto.
Machuca detalla que este 50% representa aproximadamente 55 mil dólares para cada junta comunal, pero solo el 15% de esa cantidad puede destinarse al funcionamiento, lo cual es insuficiente para cubrir gastos básicos como luz, agua y teléfono. “Es difícil iniciar la gestión en favor de la comunidad sin los recursos económicos necesarios”, subraya el asesor municipal.
“Debieron haber considerado cómo iban a operar estas juntas comunales antes de su creación”, opina Machuca.
Presupuesto 2025
A esta problemática se suma el recorte de fondos a los municipios que ya se vislumbra en el presupuesto de 2025. El Ejecutivo presentó una propuesta que reduce en 100 millones de dólares el presupuesto destinado a la Autoridad de la Descentralización, pasando de 197 millones en 2024 a solo 97 millones en 2025.
“Este recorte afectará directamente a los proyectos de inversión de obras públicas, lo que reducirá los fondos disponibles para las juntas comunales”, advierte Machuca.
Con menos fondos, las juntas comunales tendrán menos capacidad para ejecutar proyectos. “Las comunidades van a exigir al gobierno central que cubra esos proyectos que no puede realizar el gobierno local”, añade el asesor.
En el país hay 701 juntas comunales. Anteriormente eran 679.
