Crónicas de investigación estructurada

El más importante caso de corrupción de este siglo en el Perú sucedió a un megaescándalo previo que, en lugar de crear anticuerpos, ocultó con su sombra póstuma la nueva infección.

El año dos mil, el régimen dictatorial de Alberto Fujimori, manejado desde sombras cada vez más tenues por su Svengali, Vladimiro Montesinos, el espía que gobernó la nación, forzó una reelección de ilegalidad sin fisuras. Pese a una sostenida oposición desde frentes tan diversos como las calles y la OEA, la dictadura persistió y se impuso.

Entre marchas intensas, nubes de gases lacrimógenos e incendios luctuosos, Fujimori fue investido otra vez como Presidente el 28 de julio del año dos mil. Parte de la oposición parlamentaria había sido comprada en las semanas previas, en números suficientes como para conseguir una cómoda mayoría en el Congreso.

Con el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la gran mayoría de la prensa sometidas, bajo la vigilancia de un servicio de espionaje con reputación de ubicuo y maligno, el régimen de Fujimori y Montesinos pareció asegurar una longevidad basada en el uso discrecional de la fuerza.

Pero los supuestos puño y talón de hierro estaban, en verdad, oxidados al punto de carcoma. Y la indignación ciudadana, que duraba meses, mostró una resistencia persistente.

Entonces, en un acto público, cubierto por el único canal de televisión (por cable) no sometido, se pasó un vídeo que separó maxilares en el país entero. En él, el elusivo Vladimiro Montesinos aparecía sobornando, con fajos de billetes sobre la mesa, a uno de los congresistas tránsfugas de la oposición.

El escándalo escindió primero y derrocó poco después al gobierno de Fujimori mientras aparecían nuevos ‘vladivideos’. Casi todos realizados en el mismo escenario y con actos similares: bribones inclinados con Montesinos sobre pilas de billetes.

¡Y qué bribones! La avalancha de ‘vladivideos’ y de ‘vladiaudios’ exhibió, con el realismo sucio de las cámaras espías, la obscenidad de la corrupción que se siente secreta, de gente espiada en el proceso de venderse –en este caso– por un precio bien contado.

Las filmaciones clandestinas fueron todas ordenadas y organizadas por Montesinos, para tener un arma de chantaje sin fecha de vencimiento. No pensó que esa arma se le iba a escapar de las manos para perderlo, como sucedió.

La sísmica social que siguió a esa madre de todos los escándalos, terminó con la dictadura cleptocrática y conquistó la democracia.

La partida de nacimiento de esta tuvo el mandato, no por implícito menos poderoso, de construir un gobierno definido por su honestidad republicana.

Después de un breve período de transición bajo la presidencia provisional de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, que surgió el año dos mil como líder de la oposición democrática, venció en elecciones al expresidente Alan García.

Alejandro Toledo tenía un pasado hecho a la medida de ese tiempo, sobre todo si no se lo miraba muy de cerca. El destino lo puso al frente de la oposición a Fujimori en las elecciones del dos mil, después que los otros dirigentes opositores fueran fulminados por las maquinarias de descrédito del Servicio de Inteligencia de Montesinos. Su rostro andino, su historia de superación y una voz impostada pero fuerte cautivaron, en esos meses de crisis, la imaginación de un pueblo que anhelaba un líder providencial.

Algunos sintieron que la victoria de Toledo el 2001 reivindicaba el mandato del pueblo movilizado contra la dictadura el año dos mil: conquistar la democracia, romper la corrupción, gobernar con honestidad.

Su régimen llevó a una precoz desilusión. Disipada la exaltación republicana, con una visible entropía de valores, la resaca no tardó en llegar.

Y así, la corrupción derrotada el dos mil se convirtió en el prólogo (y en parte el camuflaje) del caso Lava Jato en el Perú. Pero casi nadie adivinó que el líder de aquella movilización terminaría descubierto como corrupto de coima mayor en el nuevo escándalo.

Desde el jardín

Entre el 2003 y el 2015, año más, año menos, la embajada de Brasil, una hermosa residencia en la avenida Pardo en el distrito de Miraflores, en Lima, era uno de los lugares de reunión social más deseados en la ciudad.

La calidez, el buen humor brasileño explicaban en parte la atracción; y las feijoadas o las caipirinhas añadían lo suyo. Pero si uno llegaba a cualquiera de las recepciones mayores de la Embajada, con los espacios abiertos llenos de animación y de gente y recorría con la mirada los diferentes grupos, pronto veía que el mayor de todos se concentraba alrededor de una persona de fácil sonrisa, cara de nerd pero con ojos alertas que la desmentían. Era Jorge Barata, el superintendente de Odebrecht en el Perú (se haría cargo de Odebrecht Latinvest desde 2012), rodeado por gente con los gestos propiciatorios y las miradas expectantes que personas con decisión sobre dinero y recursos suelen concitar.

La presencia de las empresas brasileñas había crecido mucho en años recientes, en Perú y en Latinoamérica, respaldados por una diplomacia activista liderada por el primer promotor empresarial de la nación: el presidente Lula. El Grupo Brasil de empresas comprendía desde las principales constructoras brasileñas (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, Queiroz Galvao, OAS) hasta Natura, Votorantim y Embraer. Entre los ejecutivos, Barata era el más popular, por razones más aritméticas que verbales.

Odebrecht estaba en todas partes. En el ámbito del arte, ¿se necesitaba dinero y organización para ayudar a construir y terminar el Gran Teatro Nacional? Ahí estaba Odebrecht, representado por Barata. En el ámbito del mal gusto, ¿se buscaba hacer una imitación del Cristo del Corcovado sobre los cerros pelados de Lima? Odebrecht y su cara visible se encargaron de complacer ese deseo, cuya procedencia justificaba poner en suspenso a la estética. ¿Se quería conseguir fondos para un concurso internacional de periodismo de investigación? Odebrecht, por supuesto, estaba listo para contribuir con la causa, gracias al mandato explícito –lo decían sin que se les mueva una ceja– de la TEO (Tecnología Empresarial Odebrecht) de actuar y promover solo acciones definidas en simultáneo por la competencia y la honestidad.

Si preguntabas más, pronto habría un diligente funcionario de Odebrecht explicándote la TEO como quien revela un evangelio. La TEO era la doctrina filosófico-empresarial que guiaba sus pasos y cuyo estudio, a juzgar por el número de seminarios sobre el tema, no terminaba nunca.

Viajabas por el Perú en la selva norte y lo hacías por la bien construida IIRSA Norte; ibas por el Sur hacia Puerto Maldonado y de ahí a la frontera con Brasil, viajando antes por el Ande, y lo hacías por la también muy bien construida IIRSA Sur. ¿Viajabas por el tren urbano en Lima? Lo había hecho Odebrecht. ¿Pasabas en el norte por los grandes proyectos de irrigación de Chavimochic u Olmos? Odebrecht había estado, había construido.

Eran buenos ingenieros. Sus obras dejaban poca duda sobre ello. Y jugaban un papel importante en la construcción de infraestructura en la que el país era tan deficitario.

En el trasfondo de todo lo anterior, sin embargo, había un problema que no necesitaba ningún entrenamiento especial para detectar. Odebrecht ganaba, generalmente en consorcio, casi todos los concursos en los que participaba. Pero luego de ganar aumentaba sus costos y pedía modificaciones de contrato para que fueran aceptados.

Muchas obras terminaban costando más del doble … y los gobiernos las aceptaban sin apenas chistar. Eso se repetía obra tras obra. Las sumas se hacían colosales, pero el proceso continuaba repitiéndose ¿Por qué?

Era algo que valía la pena investigar.

Primeras publicaciones

IDL-Reporteros publicó su nota fundacional el 14 de febrero de 2010. Luego de un primer año intenso, en agosto de 2011 publicó en dos entregas el primer reportaje sobre Odebrecht.

Fue tres años antes del inicio de Lava Jato. Las notas, firmadas por Emilio Camacho, identificaron los temas centrales: Odebrecht “es, de lejos, el primer proveedor del Estado”. Pero había un problema: “Las obras que ejecuta terminan invariablemente multiplicando su costo original; y los cientos de millones de dólares adicionales que el Estado le paga provienen, hasta el último centavo, de nuestros impuestos”.

En efecto, añadió Camacho, cuando se examina en forma somera las obras realizadas por Odebrecht, resulta que “todas registran gigantescos sobrecostos sobre los montos calculados originalmente”.

Entrevistado por IDL-R, Barata, el ejecutivo de sonrisa fácil y vista alerta, tenía una explicación, que remitió por correo electrónico: “En la industria de la construcción pesada la característica de incertidumbre, por ejemplo, al atravesar un macizo rocoso o al cortar un cerro para comenzar una carretera es mucho mayor que en otras industrias más previsibles. Son variables que muchas veces están fuera del alcance de previsión de los mejores técnicos, o del manejo o previsión del contratista”.

El problema, comentó Camacho, “… es que esa incertidumbre representa, en el cien por ciento de los casos que revisó IDL-Reporteros, siempre un gran sobrecosto para el Estado, nunca un ahorro”.

Y la suma de costos adicionales, añadió, solo en los cuatro procesos más importantes adjudicados a la empresa, era de más de 750 millones de dólares”.

Una “característica de incertidumbre” como la definida por Barata, escribió Camacho, “pareciera revelar, si todas las constructoras operaran igual, que al lado de la ingeniería civil, la poesía es una ciencia exacta”.

En una segunda entrega publicada pocos días después, IDL-R señaló las varias irregularidades en los procesos de adjudicación de obras a Odebrecht (sola o en consorcio) en los que le tocó participar. El título: “Haciéndole el túnel al SNIP” se refería al “Sistema Nacional de Inversión Pública” [SNIP], que era la entidad de control de los aspectos técnicos de las obras públicas.

Sin embargo, reveló IDL-R, una parte sustantiva de los proyectos adjudicados a Odebrecht y sus consorciados fue exonerada del control del SNIP. Y eso, añadió, “No es un asunto de unos cientos de dólares sino de cientos de millones […] Pareciera que el principio con el que operó el Estado en estos casos es que cuanto mayor es el costo de una obra, menor el control del dinero público […] De manera que el Estado entregó a ciegas las obras para que la ‘característica de incertidumbre’ de Odebrecht operara con toda certidumbre”.

Así de claro.

Había más irregularidades sistemáticas. Durante el gobierno de Toledo se había exonerado del trámite de SNIP a las obras mayores en las que participó Odebrecht. En 2003 a la construcción, operación y mantenimiento de un túnel trasandino en un megaproyecto de irrigación (Olmos). En 2005, se exceptuó del SNIP a “los tramos 2,3 y 4 de la Carretera Interoceánica Sur”. Y antes, en 2004, el gobierno de Toledo desestimó la opinión de la Contraloría General de la República en el proyecto de la Carretera Interoceánica Norte.

Previamente, el mismo gobierno había atropellado una observación sustantiva que hizo la Contraloría en el Caso de IIRSA Sur.

El 3 de agosto de 2005, la Contraloría envió un oficio a Proinversión –la Agencia de Promoción de la Inversión Privada– indicando que las constructoras Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galvao tenían procesos judiciales en curso contra el Estado con lo cual, por mandato legal, no podían contratar con este.

Proinversión y el Gobierno hicieron caso omiso del oficio de la Contraloría y forzaron las cosas para firmar el contrato con el consorcio.

El entonces contralor, Genaro Matute, remitió el caso a la fiscalía, pues la acción del gobierno entrañaba responsabilidades penales. “Aquí nosotros hicimos un informe negativo. Por eso mandamos las cosas a la fiscal, pero ella pasó por alto una serie de cosas”.

¿Por qué esas anormalidades? Matute dijo que obviar el “precio real de las obras” permite que “una empresa pueda ofrecer un costo menor por un proyecto, solo para ganar el concurso, sabiendo que luego lo podrá encarecer cuanto quiera”.

Tres años antes de que detonara el caso Lava Jato, lo esencial del problema había sido expuesto. Si las dos partes de la negociación se esforzaban al máximo y de manera sistemática para eludir controles y luego el gobierno aceptaba sin vacilar los sobrecostos, solo quedaba una explicación posible: la corrupción.

No se necesitaba mayor perspicacia para verlo. Sin embargo, mucha gente, incluso la que debía estar profesionalmente preparada, miró a otro lado, se hizo la ciega, hasta que el tema reventó tanto y tan a fondo que no quedó otro recurso que reconocerlo.

¿Por qué hacerse los ciegos? Como se ha apuntado líneas arriba con algunos ejemplos, Odebrecht (y otras compañías brasileñas un poco más crudas) tenía una bolsa pronta y generosa para ayudar en variados proyectos, ganar simpatías y voluntades, sobre todo entre gente con capacidad de formar opinión.

Las notas que publicó IDL-R en 2011, dejaban poco margen a la interpretación, a la vez que explicaban la aparente munificencia de Odebrecht: ¿no era inteligente invertir algunas decenas de miles de dólares en ganar gratitudes y simpatías para seguir ganando con tranquilidad unas decenas, o centenas, de millones de dólares?

Para nosotros, en IDL-R, esa parte del cuadro estaba clara. Sabíamos que había existido y existía corrupción. El problema era medirla, identificarla y, sobre todo, probarla.

El comienzo de Lava Jato

El caso Lava Jato arrancó operativos a inicios de 2014. Nadie vislumbró entonces la épica dimensión que alcanzaría en los siguientes meses y a lo largo del lustro.

En IDL-R no perdimos de vista, desde 2011, el caso de Odebrecht y las otras empresas constructoras.

Logramos en el ínterin experiencia en reportajes complejos sobre el abuso de oligopolios, especialmente los financieros. Luego, en abril y mayo de 2015 nos concentramos en un reportaje investigativo sobre un tipo de colusión que se prestaba a fáciles metáforas: el cartel de los pañales.

En esos meses, la investigación Lava Jato ya había despegado, con fuerza y alcance inusitados. Sobre todo en Brasil y muy poco en el resto de Latinoamérica.

En abril de 2015, IDL-R escribió que: “El caso Lava Jato, el más grande caso de corrupción en la historia de Brasil (y quizá de Latinoamérica) ya ha cumplido un año […] ¿Por qué Brasil […] debe interesarnos?”.

La respuesta explicó la razón que definió la prioridad de IDL-R durante los siguientes cinco años.

“Porque la corrupción empresarial brasileña fue centrífuga, expansiva y conquistadora. Con una combinación de audacia y calidad técnica, ofreció, por ejemplo, una espectacular ingeniería civil para la construcción y una no menos espectacular ingeniería financiera para la corrupción. […] [Hubo] coimas y sobornos a líderes políticos latinoamericanos. Entre ellos, sin duda, un número importante de peruanos”.

La nota recibió una pronta respuesta de Odebrecht.

La corporación afirmó que: “El artículo … ‘Los Nombres y las Cifras’ … cita investigaciones de periódicos brasileños que no corresponden a la realidad de los hechos”.

“Odebrecht niega tajantemente las alegaciones calumniosas realizadas por reos confesos que persiguen disminuir sus penas”.

Pero el caso de megacorrupción ya se había extendido de Petrobras a varias compañías constructoras. Hasta ese momento, dos altos ejecutivos de Camargo Correa: Dalton Avancini y Eduardo Leite, habían confesado graves corrupciones corporativas, como parte de su negociación de delación premiada.

Los principales ejecutivos de Petrobras bajo arresto, Paulo Roberto Costa y Pedro Barusco ya eran delatores premiados. La delación se había hecho competitiva y devenido urgente.

Pero un grupo grande de empresas constructoras persistió en la negación incondicional de culpa: Rechazar toda acusación; sostener honestidad; denunciar que eran calumniadas por delincuentes que compraban beneficios a cambio de la difamación.

Odebrecht fue el buque insignia de la flota negacionista. La poderosa Andrade Gutierrez se alineó como firme aliada e indicó en un comunicado que “repudia las falsas acusaciones que vienen siendo hechas y reitera, como lo ha hecho desde el inicio de la Operación Lava Jato, que no tuvo o tiene ningún involucramiento con los hechos investigados”. Lo mismo hicieron otras, como Queiroz Galvao.

Pero las investigaciones prosiguieron, divididas en fases, que se acumularon con gran rapidez en 2015 y obligaron a veloces reorganizaciones fiscales para hacerles frente.

Después de la sétima fase de Lava Jato, en noviembre de 2014 –”Juicio Final” en la creativa nomenclatura de los fiscales [procuradores en Brasil]–, el aumento del número de casos llevó a la creación de la “Fuerza de Tarea” de fiscales federales, compuesta por once fiscales en Curitiba, que condujeron las partes más importantes de la investigación.

El 19 de junio de 2015 arrancó la 14º fase de Lava Jato, llamada “Erga Omnes”: “A todos” o “Para todos”. Es decir, aquellos principios que obligan a todos, sin excepción.

Hubo varias detenciones. Dos de ellas conmocionaron Brasil y varias capitales de Latinoamérica: Las del presidente de Andrade Gutierrez: Otávio Marques de Azevedo; y, sobre todo, la de Marcelo Odebrecht, el presidente de Odebrecht, tercero de la dinastía en conducir la corporación, que la había llevado a un crecimiento vertiginoso para convertirla en uno de los gigantes mundiales de la construcción. La fotografía de ambos, custodiados por policías federales en camino a la prisión, dio la vuelta al mundo.

Frente a las puntuales acusaciones, la negación fue terminante. Odebrecht y Andrade Gutierrez rechazaban todos los cargos y exigían la inmediata libertad de sus jefes.

Pocos días después, a comienzos de julio, Romina Mella y Gustavo Gorriti, de IDL-Reporteros, llegamos a Curitiba en el primero de lo que fueron muchos viajes de reportaje al Brasil.

Curitiba, julio 2015

Alejado del centro de la ciudad, en el barrio de Santa Cándida, el edificio de la Policía Federal en Curitiba es macizo, con seguridad somera en el perímetro y estacionamientos espaciosos afuera. En el hall de entrada, que ocupa casi todo el primer piso, hay sillas que auguran largas esperas y en el otro extremo, una escalera ancha en caracol lleva al segundo piso, que es donde se encuentra la gente que buscamos y la que quisiéramos ver. Unos, los policías, en sus oficinas. En otro lugar del mismo piso, una puerta con cerraduras robustas, custodiada por un policía Federal con expresión alerta y no muy amistosa, abre el ingreso a la zona de celdas donde, en esas semanas, compartían incomodidades algunos de los más conocidos capitanes de empresa del Hemisferio, dueños de las mayores fortunas de América Latina, junto con burócratas dorados en desgracia y astutos traficantes de divisas. Ahí, en el grupo está encerrado Marcelo Odebrecht. Y no. No se lo puede ver.

Abajo, en la recepción donde se anotan los visitantes, dos policías federales más sonrientes que serios indican que el delegado Eduardo Mauat da Silva ya sabe que hemos llegado y nos recibirá apenas se desocupe.

La espera es larga, pero interesante. Un grupo baja las escaleras desde el segundo piso y en él está Dora Cavalcanti, la abogada que ha asumido la defensa de Marcelo Odebrecht y confronta abiertamente a los procuradores/fiscales. Es obvio que acaba de hablar con su defendido y parece de buen ánimo. Nos acercamos e identificamos y empezamos a hacer preguntas. Ella contesta con breve cortesía e insiste en que la detención de Odebrecht y varios de sus ejecutivos es un atropello que ella espera corregir en cuanto las apelaciones sigan su curso.

Cuando se retira, alguien desde el grupo nos habla en castellano con un acento peruano que sugiere selva. Se presenta rápido antes de seguir acompañando a Cavalcanti. Se llama Rodrigo Sánchez, es peruano, del departamento de Loreto. Ejerce como abogado en Curitiba y ahora es parte del equipo de defensa de Marcelo Odebrecht. Nos podrá recibir en la tarde, en su estudio.

No termina de irse cuando dos personas nos saludan. Son funcionarios de prensa y relaciones públicas de Odebrecht. Están ahí para exponer su caso ante cuanto periodista llegue. Nos agendan la entrevista con Sánchez.

El delegado Eduardo Mauat es un veterano policía federal que no siente necesidad de caer simpático. Pero no evita contestar ninguna pregunta. Conoce cada paso de la investigación de Lava Jato y explica con claridad lo avanzado. Casi al final nos hace una pregunta, que moviliza intuiciones y despierta nuestro interés. ¿Conocen a “Constructora Internacional del Sur”? Es una compañía de Panamá, dice. El Ministerio Público Federal ha preguntado a sus pares panameños por la información, pero no han recibido cooperación, pese a insistir en el pedido.

Lo que Mauat sabe, sin embargo, es considerable. Gracias a las confesiones de los exejecutivos de Petrobras, las de Alberto Youssef y otros doleiros, tiene un cuadro bastante claro sobre cómo funcionó el sistema de sobornos de los grandes carteles que controlaron los contratos con Petrobras. Lo que quedaba por precisar era la extensión, profundidad y detalles operativos de ese mecanismo de corrupción que por cada descubrimiento aportaba mayores sorpresas.

Terminamos de hablar con Mauat y nos recibe otro delegado de la Policía Federal, Marcio Anselmo. Uno escucha primero su voz aguda y muy poco después percibe una inteligencia de igual o mayor agudeza. Anselmo ha vivido cada episodio de la investigación, desde el planeamiento hasta la ejecución de sus vertiginosos capítulos tácticos, sobre todo el entonces reciente arresto de Marcelo Odebrecht.

La intensidad de su trabajo lo llevará, cerca de dos años después, a un agotamiento tal que se verá obligado a apartarse de la investigación. Pero en 2015 cada mes, cada semana, trae avances sorprendentes, revelaciones dramáticas, catarsis inauditas.

En ese momento, sin embargo, la PF y el MPF enfrentan una resistencia tenaz y poderosa. Con la abogada Cavalcanti en la proa legal, Odebrecht proclama una negación radical de todas las acusaciones que emergen hasta ahora del caso. No reconocer ningún delito, ninguna irregularidad. Acusar más bien que se ha sufrido abusos legales y atropellos a los derechos humanos, empezando por el derecho de defensa. Cavalcanti habla de desatar una campaña internacional contra los abusos legales, mientras se burla de las confesiones.

El caso Lava Jato, dice Cavalcanti, “entrará al “Guinness” (compilación de los récords mundiales) como la investigación que más delatores tuvo. Lo interesante es que cada delator va ajustando su propio relato para salvar su delación”.

El 28 de mayo de ese año (2015) –mientras Marcelo Odebrecht estaba todavía en libertad–, la Corporación Odebrecht respondió un pliego interrogatorio enviado el 11 de mayo por el delegado PF Eduardo Mauat.

En cuanto a los delitos que se imputaban, la Corporación respondió que: “[Odebrecht] no participa de esquemas ilícitos, menos aún con la finalidad de pagar ventajas indebidas a servidores públicos o ejecutivos de empresas estatales”.

¿Cuál es su relación con la empresa panameña llamada Constructora Internacional del Sur? ¿Han hecho pagos a través de ella? ¿Los han recibido?

Odebrecht respondió formalmente el 22 de junio, poco después del arresto de Marcelo Odebrecht: “[En] cuanto a los supuestos pagos realizados por la Constructora Internacional del Sur, Odebrecht reitera que ninguna de sus empresas tiene, ni nunca tuvo, cualquier vínculo y ni [sic] efectuó cualquier pagamento a dicha empresa”.

En el tono implícitamente ofendido pero controlado con el que se responde una impertinencia, la corporación informaba a los investigadores que: “Todas nuestras empresas poseen y practican un Código de Conducta y un Sistema de Conformidad (compliance), efectivos y ampliamente divulgados, alineados totalmente a la legislación anticorrupción brasileña e internacional”.

Detrás de la respuesta había poder y experiencia en su ejercicio. Sin contar a sus poderosos aliados empresariales, como Andrade Gutierrez, Odebrecht era una de las corporaciones más potentes –y disciplinadas– del Hemisferio. El año anterior, 2014, según un despacho de AFP, Odebrecht había facturado más de 40 mil millones de dólares y tenía en nómina a 181 mil empleados en 21 países.

Había, a la par, un factor intangible, no cuantificable ni claramente perceptible pero muy real: la red de relaciones e influencias de Odebrecht, en Brasil y todo el Hemisferio, era de enorme peso y potencia. Incluía presidentes, ministros, congresistas y grandes empresarios.

Muchos de esos presidentes, ministros, socios en consorcios aplaudían desde el fondo de las vísceras, la posición de Odebrecht de no aceptar nada, no reconocer nada y exigir un certificado de buena conducta.

Para ellos, la resistencia de Odebrecht era su garantía de libertad e impunidad. Habían pensado que, con el sistema que se les explicó y el poderío de Odebrecht, el secreto de los sobornos sería eterno; y ahora la resuelta negativa reforzaba su confianza.

Si se aguantaba lo necesario, una campaña internacional por los derechos humanos de Marcelo Odebrecht y sus colaboradores podría resultar exitosa, sobre todo si se presentaba en foros donde votan los Estados (digamos, la OEA). Dentro de Brasil, ¿cuánta gente de poder no terminaría movilizándose para encallar o hundir la investigación, como se había hecho una y otra vez en su historia?

Por eso, para tener éxito, el avance de la investigación debía ser rápido y contundente. Acompañado también por una movilización de la opinión pública. Sin ello, los magistrados honestos de alto nivel que apoyaban la investigación (sobre todo el entonces procurador general, Rodrigo Janot y algunos jueces supremos), serían pronto neutralizados.

En esa esgrima veloz, la información sobre la Constructora Internacional del Sur parecía tener el valor de una importante estocada.

Las oficinas de la Fuerza de Tarea de la Procuraduría Federal en Curitiba están en un edificio de la avenida Marechal Deodoro, en el centro de la ciudad. El ambiente, en comparación con otras fiscalías, es ordenado y calmo dentro de un espacio que oscila entre lo justo y lo apretado. Deltan Dallagnol es el responsable de la Fuerza de Tarea y a su lado está Carlos Fernando dos Santos Lima, el procurador cuya experiencia en el caso previo de Banestado, donde muchos temas son similares a los de hoy (aunque en dimensión menor), resulta útil ahora.

Mientras Dallagnol da la impresión de profesional estudioso, con trato cortés, coherente y serio; con el tipo de presencia y actitud que inspira confianza; Dos Santos Lima luce a primera vista más curtido en los mundos de la calle. Las apariencias, claro, engañan. Dos Santos Lima ha estudiado en Cornell y Dallagnol maneja con dinamismo y resolución la multitud de acciones y reacciones, en Brasil y fuera de él, de la Fuerza de Tarea. Es un momento difícil, pero ambos lucen serenos y en control del proceso.

Hasta ese momento, casi toda su acción se ha concentrado en Brasil. Sus averiguaciones en el exterior solo conciernen a las operaciones de lavado de dinero. Ahora, después de responder nuestras preguntas, inquieren sobre los posibles casos de corrupción de Lava Jato fuera del Brasil y escuchan con evidente interés. Ese día no está Orlando Martello, el procurador de la Fuerza de Tarea cuyo trabajo será crucial en el futuro para coordinar con eficiencia la cooperación brasileña con las investigaciones de Lava Jato en el exterior.

Lo que también resulta evidente en la conversación es la estrecha coordinación entre la Policía Federal y la Fuerza de Tarea del Ministerio Público. Ambos lados manejan con conocimiento el tema y convierten revelaciones inéditas en mapas conceptuales con fluidez. Saben que tienen la iniciativa y que deben mantenerla.

En la oficina de Rodrigo Sánchez, el principal abogado defensor de Odebrecht en Curitiba, se afanan los abogados junior, en la coreografía de eficiencia silenciosa de yuppies con expectativas. Lo que contrasta con las exclamaciones del abogado charapa (así se les dice a los nacidos en el departamento amazónico de Loreto) que llegó a estudiar a Curitiba e hizo carrera en ella. Sánchez mantiene coincidencias con su colega (en la universidad) Sergio Moro. Ambos estudiaron en Italia, se especializaron en lavado de dinero y escribieron un libro sobre el tema. Ahora están en lados opuestos de la causa.

El estilo de Sánchez es totalmente diferente al de Cavalcanti, con énfasis en el realismo antes que en las altisonancias. Ni él ni Cavalcanti permanecerán largo tiempo como defensores de Odebrecht. Él parece preverlo desde el comienzo. Ella, no.

La antesala de la oficina de Sergio Moro es un espacio en el que varios asistentes trabajan y conversan con evidente concentración. Ninguno o ninguna parece yuppie ni tampoco proletario, sino funcionarios más bien jóvenes que toman en serio su trabajo.

Sergio Moro ya es una celebridad, que se maneja con sencillez y habla con precisión. Ha estudiado durante años el lavado de dinero; ha escrito un buen libro sobre el tema; y también ha examinado y escrito sobre otra gran campaña previa anticorrupción: los Mani Pulite, en Italia. Una parte importante de ese trabajo es el análisis que hizo Moro de los factores que permitieron el gran éxito inicial de Mani Pulite y las razones que llevaron al fracaso final.

Lo tuvo muy claro en el texto que escribió y lo tuvo también muy claro en los primeros tiempos de Lava Jato. Luego, con su orden de arresto de Lula y su posterior renuncia a la judicatura para incorporarse en el gobierno de Bolsonaro, Moro cometió y aumentó los errores que antaño describió como la causa del fracaso final del Mani Pulite. Este naufragó en Berlusconi; Moro encalló con Bolsonaro.

El café Kopenhagen

Dentro del aeropuerto internacional de Sao Paulo, en medio de la corriente nómade entre salidas y llegadas, el café Kopenhagen es un islote de sosiego. Ahí nos espera, al llegar nuestro vuelo de Curitiba, la persona que nos dará un testimonio directo de la manera en que funciona el complejo lavado de dinero y la ejecución de los sobornos que el caso Lava Jato pugnaba por descubrir.

Leonardo Meirelles habla con conocimiento de causa. Él ha sido uno de los principales traficantes de divisas y lavadores de dinero del caso. Empresario y abogado, la trayectoria de Meirelles no fue precisamente jurídica. Trabajaba cerca de Alberto Youssef y fue por eso uno de los primeros detenidos en la operación.

Apresado el 17 de marzo de 2014, por mandato del juez Moro, le tocó compartir celda con su socio y compinche, Youssef, cuyo solo arresto significaba que había violado las reglas firmadas en su anterior delación premiada, en el caso Banestado. Las cosas pintaban negras para Youssef, pero su experiencia le indicó que su única salida era su capacidad de convertirse en la Scherezada de las delaciones. Lo logró plenamente.

En el encierro compartido, Youssef le dijo a Meirelles que cada cual debía defenderse como pudiera. El bote salvavidas de la delación premiada se llenaba rápido.

Meirelles tomó la decisión providencial de contratar al abogado Haroldo Nater, un respetado catedrático de derecho penal en Curitiba.

Nater no era partidario ni del negacionismo ni de la delación premiada sino de un grado de colaboración con la justicia que mantenga ciertos derechos de defensa, como el de guardar silencio.

El abogado defendió su tesis ante Sergio Moro quien coincidió esa vez con Nater.

Antes de un mes en prisión, el 14 de abril de 2014, Meirelles salió en libertad –el primero en lograrlo– y empezó la colaboración con los investigadores de Lava Jato.

Junto con Youssef o en forma independiente, Meirelles había creado “una red de empresas offshore en diversos países, especialmente en Hong Kong y Shanghai”. Entre ellas y las que tenía en Brasil, Meirelles pudo efectuar complejas transacciones de lavado para camuflar “transferencias internacionales destinadas a pagar sobornos o a ingresarlos en cuentas extranjeras”.

Entre 2009 y 2014, Meirelles hizo más de 4 mil 800 operaciones destinadas al lavado. Cuando habló con nosotros, Meirelles había regresado poco antes de China donde viajó –con el permiso de Moro– para recabar documentos probatorios de actos de corrupción.

¿Qué sabía sobre pagos peruanos? Meirelles nos contó varios hechos en los que participó o de los que fue testigo.

“Yo viajé una vez llevando 200 mil dólares a Lima”, dijo Meirelles. “Fui en un avión particular… llegué y entregué en el mismo aeropuerto. Fue muy rápido […] Yo llevé el dinero en una maleta y le entregué el dinero a un enviado […] los de OAS requerían que se hagan pagos en el Perú y se llevó el dinero en cash”.

Otros dos doleiros, Adarico Negromonte y Rafael Angulo, que trabajaban con Youssef, transportaban dinero a Lima, casi siempre para OAS. Meirelles había visto cómo se preparaban para el vuelo.

“Llevaban el dinero en el cuerpo. Colocaban el dinero en papel film plástico. Lo embalaban bien comprimido, bien pequeño y se lo colocaban alrededor de las piernas, con medias de compresión. Llevaban entre 200 y 400 mil dólares en cada viaje. Yo vi unos cuatro o cinco viajes de ellos, entre Rafael y Adarico. Ellos viajaban en vuelos comerciales”.

En esa fecha, ya Angulo López había confesado en Brasil haber hecho las entregas a un funcionario de la constructora OAS en Lima llamado Alexandre Mendonça. Meirelles calculaba que entre 2013 y parte de 2014 llevaron a Lima alrededor de un millón 500 mil dólares.

Odebrecht tenía un sistema mucho mejor organizado y exponencialmente mayor para el tráfico de sobornos, aunque con alguna frecuencia tenía también que realizar operaciones rápidas al contado, varias de las cuales habían sido con Youssef.

Regresamos al Perú sabiendo lo que había que buscar y dónde.

Lo primero era conocer la información sobre la Constructora Internacional del Sur. Ese fue el comienzo del camino complejo y azaroso que llevó a la Red de Periodismo de Investigación Estructurado y a algunas de las más importantes revelaciones y destapes del caso Lava Jato.

La llave que abrió puertas imprevistas

Durante las tres primeras semanas de julio de 2015, la confrontación de posiciones entre los investigadores de Lava Jato y Odebrecht, secundada por las otras corporaciones negacionistas, acrecentó su intensidad. Odebrecht buscó, y en por lo menos un caso obtuvo el apoyo de un renombrado jurista, con trayectoria de defensa de los derechos humanos en el cono sur del continente.

El 17 de julio, IDL-R recibió una tarjeta de Odebrecht, que fue también enviada a otros medios. Como publicamos entonces, la tarjeta era “original, inteligente, bien diseñada. La parte superior se abría verticalmente por la mitad y a todo lo ancho, como si las paredes se hicieran puertas y metáforas de un acceso sin límites. Adentro, el mensaje proclamaba lo adelantado por el símbolo: ‘Odebrecht puertas abiertas”.

Por si no bastara lo anterior, la tarjeta/postal venía acompañada de una llave, cadenita incluida, que en realidad era un USB, cuya forma sugería información ubérrima con solo conectarlo”.

En Curitiba, el abogado Rodrigo Sánchez fue delegado por la defensa de Odebrecht, para responder “cualquier pregunta sobre el caso”. Le hicimos muchas y quedó claro que Sánchez era un buen abogado.

Estimulados por las proclamadas “puertas abiertas” de Odebrecht, intentamos ver qué cerraduras abría el usb/llave. Pareció mejor empezar a probarla en las puertas falsas.

Ese fue el primer paso en la formación de la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, sin haber siquiera pensado en el nombre de la Red. Antes de regresar de Curitiba ya habíamos contactado a Rolando Rodríguez, director asociado de La Prensa de Panamá.

Como sucede con gran parte de las colaboraciones que funcionan bien, había una larga relación de confianza construida en los cinco años durante los cuales Gustavo Gorriti trabajó en Panamá en el cargo que ahora desempeñaba Rodríguez.

La Constructora Internacional del Sur

El objetivo inmediato era responder lo que la procuradora panameña no había hecho: ¿quién manejaba la Constructora Internacional del Sur? ¿Cuál era la relación de Odebrecht con ella?

Rolando Rodríguez viajó a Lima, junto con la periodista Yolanda Sandoval, también de La Prensa. Compartimos lo investigado, intercambiamos información y publicamos luego la singular historia de la Constructora Internacional del Sur y el sistema de lavado de dinero de Odebrecht para pagar sobornos.

Era una constructora que nunca construyó, ni con legos. Fue creada en 2006, en Panamá, con la típica estructura de una offshore con dos socios principales uno de los cuales era un colombiano a quien se consideró “en Colombia el capo de las pirámides financieras”. Los socios se pelearon entre sí y en julio de 2009 hubo un cambio sustantivo en la estructura de la offshore.

Su nuevo agente residente pasó a ser Francisco Martinelli, “primo dilecto” del entonces recién inaugurado presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

De inmediato, la compañía entró en una gran actividad financiera. En unos meses recibió “más de 47 millones de dólares de dos compañías offshore que, según comprobó la fiscalía brasileña, pertenecen a Odebrecht: Smith & Nash Engineering Company Inc.; y Golac Projects and Construction Corp”.

Por su lado, la “Constructora Internacional del Sur depositó más de tres millones de dólares en las cuentas europeas de offshores panameñas, cuyos beneficiarios eran los corruptos funcionarios de Petrobras: Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque. Tanto Costa como Barusco recibieron algo más de un millón de dólares cada uno; y Barusco 875 mil dólares”.

No era el único aporte de ‘Frankie’ Martinelli a la maraña de “prestanombres” y ficciones financieras que pueblan el mundo de las offshore.

Un empleado de Martinelli aparecía en papeles como el próspero consultor que habría recibido (a través de otra offshore) dos millones 300 mil dólares de una empresa contratista del consorcio liderado por Odebrecht para la construcción del Metro de Panamá. Periodistas de La Prensa encontraron al supuestamente afortunado consultor en un nuevo trabajo, manejando un transporte pesado. “Ojalá tuviera yo ese dinero”, le comentó al periodista.

Constructora Internacional del Sur fue disuelta en agosto de 2014, poco antes de que Paulo Roberto Costa, el primer ejecutivo de Petrobras implicado en el caso Lava Jato, firmara su acuerdo de delación premiada. Todo indicaba que la disolución fue parte de un apurado proceso de borrar huellas.

El 24 de julio del decisivo 2015, la Fuerza de Tarea del Ministerio Público Federal en Curitiba presentó acusación formal contra Odebrecht ante el juez Sergio Moro. El efecto sobre Odebrecht fue virtualmente instantáneo.

Las “puertas abiertas” se cerraron en veloz silencio. Y si el usb/llave sirvió para abrir algo en algún momento, estaba claro que ahora hasta la última cerradura corporativa quedaba tapiada.

Cuando IDL-R quiso entrevistar al abogado Rodrigo Sánchez, Odebrecht pidió que remitiéramos las preguntas por escrito. Luego de hacerlo, obtuvimos una lacónica respuesta.

“En respuesta a sus preguntas, la posición de la defensa es que debemos manifestarnos sobre temas relacionados a los procesos judiciales en los expedientes del proceso, para que las personas involucradas puedan ejercer su derecho de defensa”.

El encargado de comunicaciones de Odebrecht en el Perú fue más específico:

“La recepción de la denuncia por el Poder Judicial representa el marco cero (INICIO) del trabajo de la defensa de los ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht. Con esto, las manifestaciones de los abogados se darán dentro de los autos del proceso”.

Por supuesto que en circunstancias como esta, el silencio es más elocuente y revelador que las palabras.

Como publicó entonces IDL-R, para Odebrecht, la acusación fiscal “convirtió la declarada transparencia en reserva y la elocuencia en silencio. Tapió las puertas apenas terminadas de abrir, con llave y todo. Fue una de las campañas de extroversión institucional más efímeras de la Historia”.

Ya entonces, pero mucho más en el futuro, se pudo entender el efecto fulminante que tuvo la acusación fiscal sobre Odebrecht.

Suiza, recientemente golpeada por el escándalo del HSBC, había decidido cooperar con Brasil; y lo hizo a través de una investigación exhaustiva.

El 16 de julio de 2015, los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimgruber, enviaron un informe en respuesta a la petición brasileña de cooperación internacional.

Es probable que la información hubiera sido adelantada antes del envío formal, porque en solo una semana, la Fuerza de Tarea de Curitiba pudo sincronizarla e incorporarla dentro del documento acusatorio “que sumió en silencio existencial a Odebrecht”.

La precisión probatoria fue abrumadora.

Si Odebrecht había sostenido no tener nada que ver con la offshore Smith & Nash Engineering, la documentación suiza demostró que Odebrecht era la dueña real [”beneficial owner”] de esa offshore.

Había una importante información adicional que, por no conocerse entonces el sistema operativo para administrar coimas, no se tuvo presente. El certificado fue firmado por el “director” Hilberto Silva, cuya posición real era la de jefe del Sector de Operaciones Estructuradas (SOE) de Odebrecht, la organización clandestina que, desde dentro de la corporación, se encargaba de organizar, pagar y esconder los sobornos a nivel mundial.

El informe suizo probó también que esa offshore, Smith & Nash Engineering, pagó más de 5 millones de dólares a otra offshore similar, Sagar Holdings SA, cuyo dueño real resultó ser el corrupto ejecutivo de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Y también demostró, entre varias otras cosas, que Smith & Nash Engineering y otras dos offshores que también pertenecían a Odebrecht, depositaron cerca de 50 millones de dólares en las cuentas de Constructora Internacional del Sur, la compañía negada por Odebrecht.

Era, sin duda, una evidencia aplastante, que cambiaba por completo la posición estratégica de investigadores e investigados.

Entre rumores diversos sobre discusiones internas en Odebrecht, Dora Cavalcanti fue separada de la defensa de Marcelo Odebrecht, el 7 de agosto de 2015, y reemplazada por el abogado Nabor Bulhões.

Bulhões tenía fama de lograr la absolución de casos que parecían imposibles de ganar. En la década del 90 del siglo pasado, consiguió que su cliente más notorio, el expresidente Fernando Collor de Mello saliera libre de acusaciones de corrupción de apariencia irrefutable.

Logró lo mismo con el tesorero de Collor, Paulo Cesar Farias. Pero este disfrutó poco tiempo de la libertad, pues fue asesinado junto con su joven novia. El crimen, pese a exhumaciones y largos juicios, permanece hasta hoy en el misterio.

“Absolví a Collor y a PC Farias en el Tribunal Supremo Federal en 1994…”, comentó Bulhões luego de asumir la defensa de Odebrecht. El mensaje implícito era que, con defensores como él, que se manejaban con soltura en los equívocos laberintos judiciales brasileños, las posibilidades de absolver a Odebrecht, aunque chocaran con los hechos, la lógica y la evidencia, eran altas.

Un ejecutivo de Odebrecht, citado en background, sostuvo que había sido necesario reemplazar a Cavalcanti porque su actitud confrontacional había creado una animosidad evidente con el juez Moro, con los fiscales del caso y hasta con los delegados de la Policía Federal.

Como todo parecía indicar que el caso iba a llegar a los tribunales de Brasilia, era mejor tener a Bulhões como abogado principal, pues en Brasilia tenía “mayor tránsito”, lo cual podía significar muchas cosas y probablemente significaba todas ellas.

Brasilia seguía siendo Brasilia, pero dentro de ella –y dentro del país entero– se habían producido cambios importantes que habían alterado la forma de transitar dentro del ecosistema. Lo que fue posible antes –como absolver a Collor de Mello– quizá no fuera posible en el país que ya había vivido los casos Banestado, Mensalao, incluso Castillo de Arena, y algunos otros de corrupción en los niveles más altos del poder.

Hubo en todos esos casos investigaciones profundas y bien llevadas, por una nueva generación de fiscales y policías inteligentes, preparados y respaldados por reformas legales (promovidas por el régimen de Lula, cabe subrayar), que habían llegado mucho más lejos e intervenido mucho más poderosa de lo que antes se consideraba posible.

En nuestro primer viaje a Curitiba conocimos un nuevo tipo de abogado, que se desarrollaba prósperamente bajo las nuevas realidades: los abogados especializados en negociar delaciones premiadas. Su propósito era lograr cuanto antes la libertad de su defendido dando el mayor valor posible a su delación y negociando con los fiscales, en experto regateo, las mayores ventajas posibles de reducción o eliminación de pena.

Fueron fuentes extraordinarias para nosotros, pues tenían tanta o más información específica que los fiscales y les interesaba que en la bolsa de negociaciones delatoras, las de su cliente tuvieran la mayor cotización posible.

Uno de ellos, inteligente, baqueano y sin pretensiones, nos describió las diferencias entre el escenario penal de hace apenas unos pocos años y el de la era Lava Jato y sus casos precursores.

“¿Qué se decía antes sobre la justicia penal en Brasil? Que juzgaba a una de las tres P: Pobre, prieto y puta”. Sonrió: “ninguno de mis clientes ahora es de esas P”.

Era verdad. Uno veía el torbellino de acontecimientos; plutócratas y caciques políticos caminando esposados bajo la sombra pesada de sus secretos descubiertos; la reacción de incredulidad seguida por el entusiasmo de la gente y se sentía el entusiasmo y la esperanza que producen las revoluciones liberadoras. Solo que esta era liderada por fiscales, policías, unos jueces. ¿Era posible hacerla y, sobre todo, sostenerla? Como sucede en esos tiempos, la gente no se preocupó por responder sino por vivir la esperanza a pulmón pleno.

Para Odebrecht, especialmente para quienes asumían decisiones cada vez más importantes, como Emilio Odebrecht, luego de la prisión de Marcelo, estaba claro que la situación hubiera sido más manejable si el escándalo no hubiera trascendido Brasil. Pero ya habían intervenido, decisivamente, las autoridades suizas; y lo más probable era que lo hagan las estadounidenses también, bajo el mandato del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Ya la petroquímica Braskem (cuyo accionista mayoritario era Odebrecht) había hecho una declaración a la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos, sobre posibles asuntos relacionados con corrupción entre alguno de sus accionistas. No habían escuchado nada todavía en respuesta.

Odebrecht encargó a una consultora estadounidense un informe sobre cómo las negociaciones de reconocimiento de culpa, multa y reforma empresarial, que siguieron corporaciones como Siemens, luego de ser sometidas al FCPA. Una copia del informe llegó a Marcelo Odebrecht en su celda en Curitiba, incluso antes de cambiar a la abogada Cavalcanti.

La Red

Cuando Seymour Hersh publicó su “Reporter: a Memoir”, un buen número de las reseñas resaltaba el concepto del reportero como lobo solitario, algo con lo que el propio Hersh estaba de acuerdo. El mejor periodismo de investigación, dijo más de una vez, es solitario, individual, no colaborativo.

Una de las características de la grandeza es su capacidad de equivocarse sin salir del acierto. Hersh, el lobo solitario (nadie lo es siempre), llevó a cabo extraordinarias hazañas investigativas, de My Lai a Abu Ghraib. Pero, luego de la crisis existencial del periodismo impreso en la parte final del siglo pasado, las pequeñas redacciones, muchas sin fines de lucro, que surgieron de las ruinas precedentes, potenciaron sus fuerzas con asociaciones temporales, objetivos específicos y así, el periodismo colaborativo del siglo XXI logró investigaciones de alcance y profundidad sin precedentes.

Ha habido, en la práctica, todo tipo de redes colaborativas; desde los consorcios de propósito general, como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), hasta las focalizadas en una gran investigación, como la Red de Periodismo de Investigación Estructurado, que se creó para profundizar (o incluso hacer posible) la investigación del caso Lava Jato en Latinoamérica, especialmente fuera del Brasil.

Esa fue la Red que IDL-Reporteros convocó a partir del desarrollo de la investigación en sí. A diferencia de otras, esta no fue una Red en busca de investigaciones sino una investigación en busca de una Red. Su creación y desarrollo fue, por ello, pragmática y gradual.

¿Visión del desafío? Una investigación muy difícil; que exigía y exigiría un manejo cuidadoso y responsable de fuentes, como en efecto sucedió. La información en fuente abierta, aunque útil, no iba a ser decisiva. La Red, entonces, debía mantenerse pequeña, ágil, operativa; integrada por gente de gran capacidad periodística y probada honestidad profesional. Ello, por fortuna, se logró con creces e hizo posible desarrollar, con gran impacto, la investigación fuera de Brasil.

Primeras evidencias

Las primeras acciones colaborativas de la Red provinieron del periodista brasileño Guilherme Amado, que trabajaba entonces en O Globo.

Una de las primeras notas en colaboración fue ‘El champagne que no se descorchó’, en octubre de 2016 firmada por Amado y Romina Mella, donde a partir de los mensajes incautados en el teléfono de Léo Pinheiro, expresidente de OAS, se pudo reconstruir las intrigas que gobernaron la relación de OAS con la alcaldesa que estaba por salir y su adversario político, a punto de asumir el cargo. Pinheiro mantuvo relaciones cercanas entre ambos.

Antes de ello, el primer paso exitoso fue lograr información en profundidad sobre la Constructora Internacional del Sur. Cuando fue clara su irrefutable vinculación con las coimas de Odebrecht a Petrobras, quedó además evidente su cercanía operativa con la familia del nuevo presidente panameño, Ricardo Martinelli. Lo que se averiguó después confirmó e ilustró la relación delictiva entre el presidente y la corporación.

El paso lógico después era identificar y describir las otras operaciones de la Constructora y de las otras offshore que pertenecían a o trabajaban para Odebrecht.

Rolando Rodríguez, de La Prensa de Panamá, consiguió reportes financieros que mostraban transferencias de dinero de Constructora Internacional del Sur a una empresa peruana llamada Constructora Área SAC.

En Lima, con información de fuentes locales, pudimos seguir la pista de esa otra “Constructora”. Era parte de una red de empresas pertenecientes a una pareja –Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona– dedicadas a asuntos tan diversos como los cementerios y la construcción. Sus movimientos financieros ya habían activado alertas de presunto lavado de activos desde 2007.

Se trataba de algo más que alertas. Vimos que en 2007, Constructora Área y otra compañía de los mismos propietarios, Construmaq SAC, recibieron depósitos de Constructora Internacional del Sur (270 mil dólares) y de Klienfeld Services Ltd (110 mil dólares). Ambas compañías ya estaban comprobadamente vinculadas, por los fiscales brasileños, con los sobornos a los ejecutivos de Petrobras. Odebrecht lo negaba, pero las pruebas aportadas por las autoridades suizas eran irrefutables.

Vino entonces la sorpresa: al seguir los reportes, vimos que ese mismo año la propia Odebrecht había transferido cerca de 430 mil dólares a Constructora Área SAC y Construmaq SAC. No solo eso: el consorcio IIRSA Norte, controlado por Odebrecht en asociación con Andrade Gutierrez y la peruana Graña y Montero habían transferido cerca de 11 millones de dólares a lo largo del año 2007 a Constructora Área SAC y Construmaq SAC.

Todo eso sucedió siete años antes del comienzo de Lava Jato. Quizá esa fue la razón del descuido que llevó a coincidir los aportes de las offshores delictivas con los de las corporaciones y consorcios que insistían en proclamar su honestidad.

El dinero había dado muchas vueltas entre otras compañías de Monteverde y Carmona (una de las cuales tenía el sugerente nombre de “Dominatrix Limited”) antes de que una buena parte, (7 millones de dólares) fuera remitida a una offshore creada ese mismo año por Mossack Fonseca, en Panamá. El dinero había sido depositado en el Trend Bank Ltd de Brasil, en cuentas abiertas en el First Caribbean International Bank, en Barbados.

Las operaciones no solo calzaban con el modelo de las expuestas en el caso Lava Jato/Petrobras en Brasil; sino que además compartían protagonistas.

Luego de leer las estrictas instrucciones de confidencialidad y reserva que Balmer había estipulado con Mossack Fonseca, pensamos muy probable que los dueños reales de Balmer resultaran ser los equivalentes peruanos de Paulo Roberto Costa y los otros ejecutivos corruptos de Petrobras. Pusimos el mayor empeño en tratar de averiguar la identidad de esos dueños.

Eventualmente la investigación no tuvo el resultado que imaginamos. Los movimientos de dinero que detectamos en Perú no fueron dedicados a pagar sobornos sino a alimentar la caja del Sector de Operaciones Estructuradas, en Brasil. Eran operaciones destinadas a convertir dinero lícito en ilegal; desaparecerlo para engrosar los fondos de la “división de sobornos” desde el cual iniciaría el proceso para reemerger en la cuenta oculta de uno o varios corruptos. Los contratos ficticios entre Odebrecht y las compañías Monteverde y Carmona ‘justificaron’ la salida de millones de dólares de los proyectos Vías Nuevas de Lima, la Central Hidroeléctrica de Chaglla, la Carretera Interoceánica Sur y Norte, para generar recursos para la Caja 2, entre 2007 y 2015.

Quedó demostrado que había un movimiento intenso de lavado de dinero que conectaba a Odebrecht y sus consorcios con offshores en varios puntos de la geografía de las finanzas piratas.

Este fue el esquema que publicamos con la nota ‘Los pagos secretos de Odebrecht en el Perú’ el 20 de abril de 2016.

El seguimiento de las compañías de Monteverde y Carmona siguió aportando nueva y sorprendente información. Entre octubre de 2014 y julio de 2014, reveló IDL-R el 15 de junio de 2016, las compañías ad-hoc de Monteverde y Carmona ayudaron a lavar dinero que, luego de llegar a Santo Domingo, terminaron financiando parte de la fallida campaña presidencial del panameño José Domingo Arias. En total, Odebrecht hizo un aporte de 16 millones de dólares a esa campaña.

Fue el mismo esquema, de depósitos de Odebrecht a las compañías de Monteverde y Carmona (respaldados por contratos ficticios) que terminaban en otra compañía de esa pareja, Isagón SAC, que los transfería a una compañía con nombre que no sonaba a offshore: Cine & Art2013. El dinero se utilizó para la campaña de Arias, sobre todo para pagar al publicista y estratega de campañas brasileño João Santana.

En febrero de 2016, Santana y su esposa, Mónica Moura, fueron detenidos en Brasil. Les tomó unos meses negociar su delación premiada, pero eventualmente lo hicieron, de manera muy ilustrativa.

Sobre el dinero que recibieron de la compañía Isagón SAC, de Monteverde y Carmona, Moura indicó que “para esa operación”, “Odebrecht exigió que se realizara un contrato ficticio para justificar los depósitos bancarios”.

El 12 de mayo de 2017, Rolando Rodríguez publicó en La Prensa, en conjunto con IDL-R, una nota sobre la donación de 16 millones de dólares que hizo Odebrecht a la campaña de José Domingo Arias.

En el Perú el caso de Monteverde y Carmona tuvo un epílogo singular. Luego de revelarse su participación en los esquemas de lavado de Odebrecht, ambos plantearon una demanda judicial contra IDL-Reporteros, específicamente contra Romina Mella y Gustavo Gorriti. Después, en febrero de 2019, uno de los principales ejecutivos del Sector de Operaciones Estructuradas, Luiz Eduardo da Rocha Soares, relató el papel que jugaba Monteverde con el SOE, es decir, con la organización criminal de Odebrecht.

Soares se reunió en persona, dijo, con Monteverde en una o dos ocasiones, “cerca del 2007 o 2008″. Monteverde, según confesó Soares, sirvió para “dos actividades principales: (i) recibía recursos ilícitos del SOE a través de transferencias en cuentas bancarias y entregaba el monto en efectivo a Odebrecht en Perú, generando la caja para pagos ilícitos; y, (ii) a través de contratos ficticios o sobrevalorados celebrados con Odebrecht en Perú, parte de los pagos realizados por Odebrecht eran devueltos a través de caja en efectivo en Perú o por transferencias bancarias a estructuras del DOE [Sector de Operaciones Estructuradas]”.

Recién entonces un juez peruano ordenó su arresto. La pareja se fugó un poco antes de que la Policía llegara a buscarlos.

Desde la clandestinidad, sin embargo, mantuvieron la acción judicial contra IDL-R hasta perderla definitivamente en septiembre de 2021.

La capitulación de Odebrecht

En Brasil, entre tanto, la confrontación entre las autoridades investigadoras del caso Lava Jato y las corporaciones negacionistas, capitaneadas por Odebrecht, evolucionaba con rapidez hacia una total derrota de esas corporaciones en el nivel judicial.

El 5 de agosto de 2015, la Justicia Federal de Paraná condenó al expresidente de OAS, Léo Pinheiro; y al exdirector del área internacional de la compañía, Agenor Magalhães, a 16 años de prisión a cada uno, por corrupción, lavado de dinero y crimen organizado.

La prensa brasileña reportó rumores de que Pinheiro intentaba negociar, luego de la sentencia, una colaboración con las autoridades para reducir su pena.

A esas alturas, además de los dos ejecutivos de Camargo Correa ya mencionados: Dalton Avancini y Eduardo Leite, el dueño de UTC, Ricardo Pessoa, ya se habían acogido a la delación premiada. El vicepresidente de Engevix, Gerson de Mello Almada había preferido, como Meirelles, una “colaboración voluntaria”, que esperaba fuera reconocida en la sentencia.

El 21 de agosto, Camargo Correa, como empresa, tuvo un “acuerdo de lenidad” con el Ministerio Público Federal de Brasil que suponía pagar 200 millones de dólares para indemnizar a la sociedad por el daño causado a esta. La empresa también reconoció haber participado en un cartel para manipular las licitaciones de Petrobras. Fue multada con 30 millones de dólares por esa razón. Camargo Correa se comprometió a entregar nueva información que incluya evidencias de delitos cometidos por otras empresas o funcionarios públicos.

En febrero de 2016, la Policía Federal de Brasil mostró nuevas evidencias de que Marcelo Odebrecht tuvo mando y control sobre el pago de coimas a funcionarios brasileños y extranjeros a través de una red de compañías offshore. Entre los funcionarios extranjeros aparece nombrado el expresidente Ollanta Humala, con un monto de 3 millones de dólares. Según la PF, “si se confirma esta hipótesis investigativa, que el máximo dirigente del Perú habría sido beneficiado por el grupo Odebrecht, esto de alguna forma estaría vinculado a las inversiones hechas por el gobierno federal en aquel país”.

El 22 de marzo, Marcelo Odebrecht fue sentenciado por el juez Sergio Moro a 19 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal. La misma condena fue para Márcio Faria y Rogério Araújo. Otros funcionarios de la corporación recibieron penas algo menores. En el lado de Petrobras, las sentencias de Costa, Barusco y Youssef fueron suspendidas en compensación de su delación premiada.

En la misma fecha 22 de marzo, Odebrecht, en una posición de creciente y virtualmente irreversible precariedad, capituló formalmente y solicitó como empresa entrar en negociación con las autoridades.

“Las evaluaciones y reflexiones de nuestros accionistas y ejecutivos condujeron a Odebrecht a decidir por una colaboración definitiva con las investigaciones de la Operación Lava Jato. (…) La empresa, que identificó la necesidad de mejorar sus prácticas, viene manteniendo contacto con las autoridades con el objetivo de colaborar con las investigaciones”, declaró la empresa en un comunicado.

Este fue un punto de inflexión decisivo en las investigaciones de Lava Jato. Consciente de que en las delaciones premiadas rige el mismo principio que en los botes salvavidas insuficientes de un barco: al comienzo hay sitio, después cada vez menos; Odebrecht, en medio de un conflicto que contrapuso a Marcelo con su padre, Emilio, y en el que este finalmente prevaleció, planificó, con típica minuciosidad y espíritu competitivo, su delación. Si los demás habían efectuado hasta ese momento delaciones personales, Odebrecht se preparó para hacerlo corporativamente.

Fue un triunfo extraordinario para los procuradores, policías federales (y el juez Moro), luego de meses de confrontación en los que el resultado –como hemos visto– no estuvo, sobre todo al comienzo, garantizado.

En términos de la lucha anticorrupción este fue un paso sin precedentes. La promesa de revelaciones no solo era inmensa sino que el conocimiento detallado de los mecanismos de corrupción público-privado en los más altos niveles políticos y corporativos en Brasil y Latinoamérica, permitiría diagnósticos precisos y, quizá, remedios permanentes.

En país tras país de América Latina, la confianza que había existido en la declaración de omertá de Marcelo Odebrecht quedó pulverizada y fue reemplazada por el miedo, la búsqueda ansiosa de coartadas, de vías precipitadas de escape y, sobre todo, de rabia y odio infinitos hacia la empresa con la que habían lucrado, con la que habían delinquido y que ahora, para salvarse, los expondría en explícita desnudez moral, ante la opinión pública. De un momento a otro, los socios y áulicos de ayer se convirtieron en los enemigos implacables de hoy.

¿Hubo algún factor que catalizó la súbita decisión de Odebrecht? En Brasil, como hemos visto, su posición se hacía insostenible; y en el exterior, no tenía salida, sobre todo con la intervención de las autoridades estadounidenses por mandato de la FCPA.

Hubo un hecho que probablemente adelantó decisiones. La Policía Federal acababa de sacar a la luz al aparato hasta entonces clandestino de la compañía: el Sector de Operaciones Estructuradas. Fue una empleada del sector, Maria Lúcia Tavares, ya detenida y que, como los demás de su sector, se mantenía hasta entonces en silencio, que se acogió a la delación premiada y explicó en detalle y con planillas cómo funcionaba el sector. La suerte estaba echada, Odebrecht izó la bandera blanca y se organizó para contar su historia y tratar de sobrevivir.

La lucha por la información

La decisión de Odebrecht de entrar en delación premiada corporativa cambió las estrategias de investigación de IDL-R y de la Red en desarrollo.

El proceso de delación se iba a realizar en Brasil. El mayor interés de los procuradores brasileños era, naturalmente, concentrarse en los delitos cometidos en su país. Las preguntas sobre lo perpetrado en otras naciones no iban a ser lo suficientemente informadas, cuando ocurrieran. La cooperación con otras naciones se daría con sus homólogos institucionales. ¿Y cuántos de ellos tenían interés en esclarecer los hechos de su propio país? Muy pocos.

La experiencia en investigar corruptos con poder en Latinoamérica, con instituciones policiales, fiscales y judiciales contaminadas, nos hizo prever los siguientes escenarios.

Se iba a tratar de canalizar el intercambio de información exclusivamente a través de la cooperación fiscal, que acentuaría intencionalmente su proverbial lentitud, su inacabable formalismo y las incompatibilidades legales. Aparte de ello, se trataría que la información permanezca reservada todo el tiempo posible… excepto en el caso de enemigos políticos o de aquellos que sirvan como chivos expiatorios.

Se buscaría también concentrar indignaciones y culpas en Odebrecht. Castigarla al máximo, inhabilitarla, convertirla en paria y réproba; y tratar de no aceptar los términos de lenidad negociados en Brasil. Eso daría respiro, tiempo y quizá impunidad a los cómplices de Odebrecht y a sus recientes sobornados.

Las maquinarias de escándalos dirigidos y encubrimientos tradicionales ya funcionaban. En Perú, una comisión investigadora del Congreso, presidida por el representante Juan Pari, emitió un dictamen el 27 de junio de 2016, firmado por este, con hallazgos contundentes que comprometían gravemente a los gobiernos de Toledo, García y Humala. Pari lo tuvo que firmar en minoría y luego el Congreso no lo debatió porque aquel no obtuvo el número necesario de firmas para convocar una sesión extraordinaria. IDL-R lo publicó completo.

A partir de entonces, lo tuvimos claro, la desinformación iba a jugar un papel central en el caso. Lo cual hacía imperativo publicar información no solo verdadera sino con gran impacto; y cubrir no solo el caso sino también a los fiscales, jueces y policías vinculados con su investigación.

Esperábamos algunas sorpresas. Encontramos mucho más.

Aritmética investigativa

En julio de 2016, IDL-R publicó una investigación, “Los sobrecostos de Odebrecht en Perú”, donde se identificó los costos adicionales que la compañía –la principal contratista entonces del Estado peruano, con más de 35 mil millones de soles contratados en tres gobiernos [aproximadamente 10 mil millones de dólares de entonces]– cargó a todas las obras donde le fue posible hacerlo. El resultado de los sobrecostos acumulados en ese período, fue de más de 4 mil 693 millones de soles. En dólares, al cambio de la época, fue de más de 1,370 millones de dólares.

Los porcentajes de sobrecostos variaron entre las obras. Los mayores fueron los de las carreteras interoceánicas, la Norte y la Sur, donde llegaron –en el caso de esta última– al 150% del costo original contratado. A esos proyectos se cargaron también las mayores coimas que pagó Odebrecht a corruptos peruanos.

En otro reportaje, publicado unos meses después, IDL-R investigó y calculó cuánto había perdido el Estado peruano en los arbitrajes disputados con Odebrecht (sola o en consorcio).

Los resultados fueron de irrefutable elocuencia demostrativa: De los 42 casos de arbitraje sobre los que IDL-R pudo conseguir información suficiente, Odebrecht ganó 37 y el Estado peruano solo 5. Expresado en dinero adjudicado, la desproporción fue peor: Odebrecht ganó más de 254 millones de dólares y el Estado peruano ni un solo céntimo.

El sistema de compra de árbitros fue revelado, aunque poco a poco, en la cadena de confesiones paulatinas de Odebrecht. Pero en ese reportaje, IDL-R identificó a los árbitros de cada caso. Muchos eran recurrentes, seleccionados por un lado o por el otro. Era una colusión multidimensional, como fue confesado y comprobado después.

Un patrón similar ocurrió con las otras empresas brasileñas vinculadas con el caso Lava Jato en Perú. En otra investigación, con el mismo método, IDL-R encontró que en los 41 arbitrajes que el Estado tuvo con Queiroz Galvao, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y OAS entre 2007 y 2018, las empresas vencieron en 33; el Estado en seis; y en dos hubo conciliación. Las empresas ganaron más de 128 millones 500 mil dólares y el Estado 400 mil, el 0.31% de lo que perdió. También en estos casos, las ulteriores confesiones confirmaron que los arbitrajes fueron comprados.

La suma de los arbitrajes fraudulentamente perdidos con Odebrecht y las otras empresas brasileñas del caso Lava Jato fue de más de 383 millones de dólares.

Ellos fueron, no sobra repetirlo, un bono adicional a los cientos de millones de dólares (probablemente más de dos mil millones) perdidos en sobrecostos fraudulentos. Parte de ellos se utilizó para sobornos en Perú y fuera de él; y la mayor sirvió para hinchar las ganancias y propulsar el vertiginoso crecimiento y expansión de Odebrecht y las compañías involucradas en el caso Lava Jato.

Cada dólar así robado fue pagado por la gente. Al final de varias de esas investigaciones aritméticas, IDL-R calculó lo que pudo haberse hecho con ese dinero bien empleado. Solo los cálculos de la educación que pudo haberse pagado con becas a jóvenes promisorios; y bibliotecas de primera categoría que pudieron haberse construído y equipado con ese dinero robado, hubiera llevado a la nación a una era de progreso ilustrado.

La red estructurada

El avance colaborativo en la investigación estaba bien encaminado desde varios meses atrás. Un estímulo constante en proseguir y desarrollar esa colaboración provino de María Teresa Ronderos, desde Londres. Entre 2014 y diciembre de 2018, Ronderos fue directora del Independent Journalism Program de la Open Society Foundations. En esa posición, crucial y determinante para respaldar y, en muchos casos, hacer posible el periodismo de investigación independiente en las partes del mundo que más lo necesitaban, Ronderos empeñó un esfuerzo constante en persuadir a las organizaciones que la OSF apoyaba (IDL-R una de ellas), para fortalecerse a través de la colaboración entre pares.

En agosto de 2016, Hugo Alconada, de La Nación en Argentina; y Joseph Poliszuk, de Armando.info, de Venezuela, se integraron a la Red.

En noviembre de ese año, a partir de una nota que IDL-R publicó sobre Léo Pinhero, pudimos colaborar con Alberto Arellano, de CIPER, de Chile. El 11 de noviembre, Arellano relató cómo OAS le dio un avión durante tres meses y casi 60 millones de dólares para la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami. OAS tenía intereses empresariales en Chile, revelados en el celular capturado de Pinheiro.

En diciembre de 2016, cuatro miembros de la Red: Rolando Rodríguez, Joseph Poliszuk, Romina Mella y Gustavo Gorriti, viajamos por una semana a Curitiba y Brasilia. En ambas ciudades –y después en otras donde hubo contacto con fuentes brasileñas– buscamos, a través de muchas entrevistas con personas vinculadas con el caso, tener la mayor información posible sobre la delación corporativa que apenas había empezado, pero ya tenía logros importantes. Conseguimos mucha información, que se fue actualizando luego con los meses, pero todavía no el objetivo central, que era conseguir las actas y, sobre todo, los vídeos de los interrogatorios.

El 15 de diciembre, por ejemplo, un Jorge Barata muy desacostumbrado a la delación, fue interrogado en Bahía por los procuradores João Paulo Lordelo y Paulo Roberto Sampaio. Ahí contó lo que le era más cómodo revelar: cómo recibió la orden de entregar tres millones de dólares para la campaña presidencial de Ollanta Humala en 2011. Barata se había opuesto, pero la orden de Marcelo Odebrecht, que actuó a pedido del PT, de Lula, fue terminante.

Supimos sobre eso y varias otras cosas, pero regresamos sin los vídeos.

Entre tanto, IDL-R pudo transmitir a Hugo Alconada documentos que detallaron pagos efectuados por el doleiro Leonardo Meirelles a la cuenta de Gustavo Arribas, socio y amigo cercano del entonces presidente Mauricio Macri y, lo más importante, jefe de la inteligencia nacional de Argentina.

Alconada investigó a fondo la información, la corroboró y amplió antes de publicar su primera nota sobre el tema: ‘Un operador de Odebrecht le giró US$ 600.000 al jefe de inteligencia argentino’.

La Red ya funcionaba en forma potente con base en las fuentes que ya teníamos. Solo La Prensa, de Panamá, publicó ocho notas importantes sobre el caso Lava Jato durante el último mes del año. Poliszuk, de Armando.info documentó cómo Odebrecht había financiado la campaña presidencial de Hugo Chávez. Luego consiguió varias otras notables revelaciones.

En mayo de 2017, la Red se presentó por primera vez como la “Red de Periodismo de Investigación Estructurado”. Fue en una nota de Rolando Rodríguez, publicada en conjunto por La Prensa e IDL-R: “Odebrecht donó a campaña de Arias 16 millones de dólares”.

Ese mismo mes, Guilherme Amado, que trabajaba entonces para O Globo y ahora es columnista en Metrópoles, consiguió a través de fuentes reservadas, todo el material de la delación corporativa de Odebrecht sobre sus delitos fuera de Brasil, que se mantenía hasta entonces en secreto. Conseguirlo fue una hazaña periodística de Guilherme Amado.

El material fue descargado en forma segura poco después por miembros de la Red. La premisa inicial fue revisar el material, trabajar en la reportería, pero no publicar los vídeos y documentos.

El proceso, de hacer las traducciones, interpretar y relacionar documentos, cruzar información, fue complejo. Diferente en cada caso y país, pero enriquecedor en todos.

El 13 de agosto de 2017 Quinto Elemento Lab publicó “El expediente secreto de Odebrecht en México”, en simultáneo con Aristegui Noticias y la revista Proceso. Tuvo un fortísimo impacto.

El material sobre Ecuador era diverso y muy interesante. La primera nota fue publicada casi en simultáneo por IDL-R y por Guilherme Amado, en versiones distintas. La nota, “Audios y coimas: el contralor ecuatoriano” publicada el 1 de agosto de 2017 comprometió –en ese artículo y en el siguiente, publicado dos días después, a Carlos Polit, entonces contralor general de Ecuador; y al vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. Ambos habían recibido coimas de Odebrecht. Hubo una tercera nota que corroboró, en un entramado de grabaciones subrepticias e intrigas, la entrega de las coimas.

Después de esas publicaciones, IDL-R colaboró por corto tiempo con Christian Zurita y Fernando Villavicencio, entonces exiliado en Lima, en una investigación sobre el contrato de la hidroeléctrica Toachi Pilatón, durante el gobierno de Rafael Correa.

A partir de entonces la colaboración se estableció con Mónica Almeyda, quien desde ese momento forma parte de la Red.

Fabián Werner y Darío Klein, de Sudestada de Uruguay, que se incorporaron a la Red en 2017, publicaron varias investigaciones sobre cómo el sistema financiero uruguayo fue utilizado para lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht. Gerardo Reyes, de Univisión, se incorporó en colaboración con la Red en enero de 2018. Poco después colaboramos con periodistas de un medio nuevo en Colombia: Cuestión Pública.

En 2022, Maria Teresa Ronderos y el equipo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) se sumaron a la Red para la cobertura del caso Lava Jato.

La coordinación operativa de la Red fue llevada a cabo desde el primer momento por Romina Mella, de IDL-R.

Lava Juez

El 7 de julio de 2018, IDL-R publicó la primera entrega de una investigación cuyo título: “Corte y corrupción” le dio el nombre a la serie de más de 60 entregas, cuyo tema fue descrito en el ampliado que encabezó la nota.

“Esta es la historia –en gran parte contada por ellos mismos– de cómo el presidente de la Corte Superior del Callao, junto con por lo menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, y un magistrado de la Corte Suprema convirtieron sus cargos en un permanente ejercicio de tráfico de influencias y corrupción”.

IDL-R había conseguido una gran cantidad de grabaciones de interceptaciones telefónicas legales ordenadas por fiscales abocadas en una investigación contra la criminalidad organizada en el puerto de El Callao, contiguo a Lima. La cadena de llamadas condujo sorpresivamente a la investigación a la Corte Superior de Justicia de Callao, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, y de ahí a casi todos los recovecos del sistema judicial peruano; además de congresistas, altos funcionarios públicos, políticos, empresarios y criminales El material que llegó a IDL-R era crudo. Pero los contenidos eran inequívocos. Por eso, IDL-R decidió investigar a fondo los audios. Era, por supuesto, indispensable mantener la investigación bajo secreto hasta no tener claros sus alcances y estar en condiciones de publicar.

Durante largas semanas, un equipo pequeño de periodistas –asesorado por dos abogados del Instituto de Defensa Legal con conocimiento experto del sistema judicial– se abocó a escuchar, identificar, interpretar y clasificar centenares de horas de grabación.

Pronto resultó evidente que las conversaciones describían una panoplia impresionante de corrupciones que enlazaba a instituciones e individuos provenientes, en su mayoría, de las instituciones de administración de justicia. Sus temas eran los intercambios de favores, tráfico de influencias, manejos ilegales de poder y conspiraciones para lograr, a través de sus camarillas, un control total del sistema de justicia.

Ellos mismos describían sus objetivos, en conversaciones cuya revelación era resaltada por el lenguaje de picaresca de varios de los interlocutores. Provenían de casi todo lugar: magistrados de la Corte Suprema; fiscales, entre ellos el nuevo fiscal de la Nación; consejeros del poderoso Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encargados de nombrar o destituir jueces o fiscales de toda jerarquía, aparecían ahí y hablaban con la cínica espontaneidad que quien está seguro de su secreto.

El tiempo en que desarrollamos la investigación no era solo difícil, sino crítico. El presidente elegido el 2016, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), había arrebatado una victoria que su rival, Keiko Fujimori, creyó segura. Igual que Trump años después, Fujimori no reconoció su derrota y buscó socavar desde el comienzo el frágil gobierno de PPK.

No le fue difícil. Gracias al sistema electoral peruano, Fujimori había logrado una mayoría en el Congreso, antes de su derrota, y la utilizó a fondo para hostigar a PPK. Tampoco fue eso difícil. PPK era persona de carácter débil y mudable, que trató de apaciguar a Fujimori cediendo posiciones y ministros, hasta que le llegó el turno de enfrentar una iniciativa de vacancia presidencial que, en el segundo intento, precipitó su renuncia, el 22 de marzo de 2018, luego de percibir que la vacancia era inevitable.

Keiko Fujimori y aliados de circunstancia, como el expresidente Alan García ya habían sido mencionados en el caso Lava Jato. Fujimori había negado agresivamente toda acusación, en declaraciones revestidas de implícitas y explícitas amenazas a medios y fiscales. A través del Congreso que controlaba, como del Consejo Nacional de la Magistratura, buscó reemplazar a los funcionarios que consideraba no manejables o peligrosos para que las investigaciones fiscales en su contra pasen al archivo.

La investigación “Corte y corrupción”, que pronto pasó a ser conocida como CNM Audios, Lava Juez o, sobre todo, “Cuellos Blancos”, expuso buena parte de esas maniobras –junto con varias otras– y movilizó tal indignación colectiva, que forzó a investigaciones y reformas que llevaron a magistrados a la cárcel; a un juez supremo a la fuga al extranjero; a la renuncia de un expresidente de la Corte Suprema y a la disolución del CNM y su reemplazo por una institución nueva, la Junta Nacional de Justicia.

En el Perú, Lava Juez permitió que la investigación fiscal de Lava Jato no abortara y que, por lo contrario, el grupo pequeño de fiscales de un equipo especial que asumió el caso, lograra pronto una conexión óptima con la Fuerza de Tarea brasileña y avanzara, fuera de Brasil, la investigación fiscal mucho más que en cualquier otra nación latinoamericana.

Batallas peruanas

Meses después de firmado el acuerdo de lenidad y delación premiada entre Odebrecht y los procuradores de la Fuerza de Tarea, con las declaraciones confesionales en pleno curso en Brasil, se produjo el primer interrogatorio de fiscales peruanos a Marcelo Odebrecht, en persona.

Fue el lunes 15 de mayo de 2017, en la sede de la Policía Fiscal, en Curitiba, donde Marcelo Odebrecht continuaba preso, aunque ya bajo las nuevas reglas y condiciones del Acuerdo.

Los fiscales peruanos habían llegado para preguntar, sobre la investigación por lavado de activos que se seguía al expresidente Ollanta Humala. También viajaron los abogados de Humala; y Marcelo Odebrecht estuvo acompañado por tres abogados.

Odebrecht dijo que su orden a Jorge Barata, de entregar dinero a Humala se debió al “pedido del ex ministro Antonio Palocci, en representación de Lula, de ‘colaborar con la campaña de Ollanta Humala’ a mediados del 2010″.

Cuando, saliendo del libreto, alguien le preguntó si habían financiado a otros candidatos en la campaña presidencial del 2011, Odebrecht dijo que “… que se había apoyado a Keiko Fujimori y a la candidata aprista. Otra fuente recuerda que Odebrecht dijo que ese apoyo a varios partidos “le parecía lógico” y mencionó al partido aprista y la candidatura de Keiko Fujimori”.

Nada de eso fue declarado a los medios luego del regreso de los fiscales y abogados. IDL-R lo publicó pocos días después, el 19 de mayo, luego de varias entrevistas a fuentes con conocimiento de causa.

Hubo profundos desagrados por esa revelación. También en la Fiscalía. Humala ya no estaba en el poder, no tenía representación y lucía perfecto como chivo expiatorio. Keiko Fujimori no solo era la política con mayor fuerza en el país, sino que manejaba su poder con verticalidad y lo hacía sentir. El Apra, del expresidente Alan García, mantenía una alianza de facto con el fujimorismo –que tenía mayoría parlamentaria con 73 de 130 congresistas–, especialmente en el manejo de la investigación Lava Jato, donde ambos tenían intereses en común. El fujimorismo tenía el poder y el partido aprista la experiencia, además de fuerte influencia en la Fiscalía y el Poder Judicial.

Poco después de publicarse la nota en IDL-R, la fiscalía de la Nación sacó un comunicado que, sin nombrarnos, nos desmentía. “… se lamenta algunas versiones en la prensa que no se ajustan a la verdad”.

De inmediato se desató una frenética campaña de insultos de troles fujimoristas y apristas en la Red. IDL-R ratificó lo escrito y anunció que pronto lo probaría.

Pocos días después, IDL-R publicó el siguiente facsímil del celular de Marcelo Odebrecht cuando fue incautado por la Policía Federal.

El “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”, se convirtió en una de las frases más mencionadas en el caso. La fiscalía, después de algún comunicado penoso, terminó reconociendo esa prueba.

Pero lo más importante fue que la presión social y algunas circunstancias afortunadas llevaron a que se nombrara un equipo pequeño de fiscales decididos e intrépidos para llevar adelante las atascadas investigaciones. Ese grupo se enfrentó a sus colegas, a sus superiores y logró sobrevivir por el gran apoyo popular que tuvieron sus veloces avances. Cuando quisieron sacarlos ya era tarde y quien perdió el cargo, por intentar hacerlo, fue el propio fiscal de la Nación. Y todo por la gran movilización social que no titubeó en ocupar las calles un 31 de diciembre por la noche para respaldar a los destituidos fiscales del equipo especial. Pocos días después, los fiscales fueron repuestos y aceleraron las investigaciones.

Trabajando con armonía y eficacia con sus pares brasileños, los fiscales peruanos del Equipo Especial –coordinado por el fiscal superior Rafael Vela– avanzaron con gran rapidez sobre la base de lo logrado hasta entonces por el periodismo de investigación.

Rompieron coartadas manejando con destreza el equivalente peruano de la delación premiada. Keiko Fujimori, soberbia y amenazadora, había sostenido no haber recibido un centavo de Odebrecht ni tampoco ninguna colaboración ilegal.

La investigación que condujo el fiscal José Domingo Pérez descubrió que no solo había recibido dinero de Odebrecht sino de varios otros aportantes clandestinos. Para protegerse, organizó una red de lavado dentro de su propio partido. Cuando las investigaciones avanzaron, varios cómplices se convirtieron en delatores y explicaron con detalle todos los procesos.

Alan García fue el expresidente que tuvo la relación más cercana con Jorge Barata. Gracias a los esquemas de protección que tuvo, afirmó una y otra vez que otros se habían vendido, pero él no y desafió a que le prueben lo contrario.

Eventualmente se descubrió primero que había recibido un pago de 100 mil dólares de la caja 2 de Odebrecht por una conferencia en Sao Paulo en 2012; y que la constructora hizo un aporte de 200 mil dólares a su campaña presidencial en 2006. Luego, una cuenta abierta en la Banca de Andorra a nombre de un empresario cercano a él, con algo más de un millón 200 mil dólares depositados por una offshore del Sector de Operaciones Estructuradas, resultó, según la confesión del dueño formal de la cuenta, ser en realidad dinero pagado a Alan García. El empresario confesó haber entregado personalmente ese monto en varias cuotas a García.

Cuando la Policía y un fiscal fueron a buscar al expresidente a su casa en Lima con una orden de arresto, García se suicidó.

Alejandro Toledo fue revelado como receptor de sobornos por alrededor de 30 millones de dólares: Las coimas fueron pagadas por Odebrecht a través de las compañías del entonces amigo de Toledo, el empresario israelí Yosef Maiman. Después de ensayar coartadas, apretado por sus propias circunstancias, Maiman decidió confesar y lo hizo con un detalle minucioso, que correspondió con precisión lo declarado por Barata. Con orden judicial de extradición desde Estados Unidos, Toledo depende ahora de lo que decida el Departamento de Estado estadounidense. Lo que está claro es que el presunto luchador por la libertad robó con ávido libertinaje apenas se le presentó la oportunidad.

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que negó reiteradamente haber recibido pagos ilegales de Odebrecht y OAS –por un monto total de 10 millones de dólares– tuvo que reconocerlo cuando sus colaboradores más cercanos se convirtieron en delatores.

Tanto PPK como Humala han sido responsables de recibir dinero ilícito de Odebrecht o las compañías de Lava Jato. Varios ministros, gobernadores regionales y otros funcionarios fueron revelados, denunciados y presos por coimas.

Los socios locales de Odebrecht tuvieron cierto éxito, durante un tiempo, en mantener distancia sanitaria de su antes muy solicitado socio. Eventualmente, la evidencia les cayó encima y se vieron obligados a confesar culpas y a denunciar a otros.

De esa manera salió a la luz el esquema corrupto del llamado “Club de la Construcción”, un cartel de empresas peruanas que operó largo tiempo, a veces con los brasileños, frecuentemente sin ellos.

Otros escándalos, algunos de elaborado espionaje industrial, como el caso del Gasoducto Sur –una concesión otorgada a un consorcio integrado por Odebrecht por más de 7 mil millones de dólares durante el gobierno de Humala–, involucraron a estudios de abogados, junto con diversos empresarios, en acciones corruptas que erosionaron la primera sílaba de su reputación.

Los grupos corruptos se defendieron con intensas campañas de desinformación y descrédito que tuvieron como objetivo preferente a IDL-R.

En medio de todo ello, pareció por un tiempo que el Perú tenía una oportunidad real de lograr, a partir de todas las revelaciones sobre cómo funcionan, y el daño que ocasionan, los círculos de corrupción, un avance decidido hacia una sociedad más íntegra, limpia y eficaz.

Llegó entonces la peste. El Perú fue la nación que sufrió, en términos específicos, el mayor número de muertes en el mundo. La conmoción económica fue muy grande, pero quizá menor que la emocional y la cognitiva. Las fuerzas más irracionales avanzaron, la democracia retrocedió y en poco tiempo se terminó con una representación política cuya incapacidad, incompetencia, y ausencia de básica honradez no deja de sorprender ni a los cínicos.

Los escándalos de corrupción han pasado del ámbito de los tiburones al de las pirañas. En ellos figuran de nuevo, por supuesto, las compañías de construcción… mala caricatura de los piratas de Lava Jato, pero con igual o mayor avidez por el robo que utiliza la obra como coartada.

¿Ha valido la pena el esfuerzo inmenso de Lava Jato ahora que se ve cómo y cuán rápido reafloró el pantano? Estamos seguros que sí.

Lo que movilizó con una intensidad sin precedentes a la gente, cuando se reveló mediante el periodismo de investigación y los fiscales y procuradores honestos, la real dimensión de la corrupción de Lava Jato, volverá a ocurrir, ojalá que sin pestes de por medio, cuando nuevas investigaciones demuestren la fuerza de la verdad expuesta y comprobada.

No fue nada fácil hacerlo en estos años, ni lo será después. Pero la experiencia de la red de periodismo de investigación quedará estructurada; y lo que fue un buen fin, será un buen comienzo.

*Este artículo forma parte de la serie “Viaje al centro de Lava Jato” realizada por la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas, con la participación de periodistas de La Nación (Argentina), Metrópoles (Brasil), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Colombia), El Universo (Ecuador), Quinto Elemento Lab (México), La Prensa (Panamá), IDL Reporteros (Perú), Sudestada (Uruguay) y Armando.info (Venezuela).