La Caja de Seguro Social (CSS) tramita un traslado de partidas por $603 mil para pagar los servicios de tres peritos que actúan en el proceso judicial derivado de la demanda de indemnización contra la entidad por el caso de envenenamiento masivo con dietilenglicol, proceso que se encuentra en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con documentos de la Dirección de Presupuesto de la Nación que se analizarán en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este martes 12 de noviembre, los servicios de peritaje incluyen los pagos a un psiquiatra, un contador público autorizado y un psicólogo.
$4,500 por paciente
El psiquiatra atiende a 85 pacientes y, por cada uno de ellos, cobra $4,500, lo que suma $382,500. El contador público ve el caso de 25 pacientes y, por cada uno, cobra $4,500, por lo que recibirá $112,500. Algo similar ocurre con el psicólogo, quien analiza a 24 pacientes y, por cada uno, recibirá $4,500, totalizando $108 mil.
El dinero se trasladará del rubro denominado “servicios médicos en el país”. El trámite fue autorizado el pasado 10 de septiembre por la junta directiva de la CSS, atendiendo una solicitud de Enrique Lau Cortés, entonces director de la institución.
La Resolución 57,184-2024, que da luz verde a la gestión, lleva las firmas de Manuel Antonio Pérez, presidente, y de Edwin Salamín, secretario.
¿'Negocio del siglo’?
Entre los documentos que sustentan el procedimiento, constan tres cartas de abril y mayo de 2024 en las que la Procuraduría de la Administración informa a Juan Ospina, quien en esos días era jefe de Asesoría Legal de la CSS, que José Alexis Cifuentes, Zoila Glen Araya y Alejandro Cuadra participaron como peritos psiquiatra, psicológico y contable, respectivamente.
Sin embargo, en los documentos no constan los criterios utilizados para establecer el costo de cada peritaje. En Panamá, a diferencia de otros países, no existe regulación sobre este tema. En España, por ejemplo, un peritaje judicial puede oscilar entre 300 y 2,000 euros, de acuerdo con el caso, según sitios en internet que contienen abundante información sobre el tema.
Uno de los abogados que interpuso demandas contra la CSS por el envenenamiento masivo con dietilenglicol declaró a La Prensa que lo máximo que ha pagado a peritos en medio de este caso es $1,500, por lo que calificó como “desproporcionada” y “desventajosa” la cifra que pagará la CSS por sus peritajes, y denominó el traslado de partida como “el negocio del siglo”.
Por estos días, la CSS está en el centro de la mirada pública, ya que en el Legislativo se analiza un proyecto de ley que plantea cambios relevantes al sistema público de pensiones. El gobierno, y en particular las autoridades de la CSS, han solicitado a la población un esfuerzo de sacrificio para salvar la entidad.
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Sobre las demandas
En marzo pasado, este medio reportó que un informe de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia reveló que la Unidad Especial de Dietilenglicol, creada para dar trámite a las más de 400 demandas de indemnización por contaminación con el tóxico, logró que el 85% de los casos en trámite pasaran a la fase de presentación de pruebas.
En 2017 se produjo la primera condena contra el Estado por el envenenamiento masivo con medicamentos que contenían dietilenglicol, producidos por el laboratorio de la CSS en 2006. La Sala Tercera condenó a la CSS al pago de $188,897 a Maybeth Coronado, quien demostró haber sufrido graves afectaciones por el consumo de medicinas contaminadas con dietilenglicol.
Miembros del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, que aglutina a sobrevivientes y familiares de víctimas del tóxico, aseguran que el número de personas afectadas por el consumo de medicamentos contaminados es mucho mayor que la cantidad de demandas en trámite en este momento.
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