La maniobra política del Ejecutivo ha logrado darle oxígeno al proyecto de ley 163, que reforma la Caja de Seguro Social (CSS), norma que definirá el futuro de las jubilaciones del país. Aunque el rechazo al aumento de la edad de jubilación, entre otros aspectos, se mantiene latente, la propuesta sigue viva, con tensiones sociales de por medio.
Las reuniones que el presidente José Raúl Mulino ha sostenido con las distintas bancadas legislativas han sido claves para encauzar el documento, aunque hay pocas posibilidades de que la propuesta se apruebe antes del 31 de diciembre, tal como lo quiere el Palacio de Las Garzas.
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RM cede
En la reunión entre el presidente de la República y los diputados de su partido Realizando Metas (RM), el Ejecutivo buscó aunar voluntades y despejar las reticencias en torno a la reforma. Diputados presentes en el encuentro narraron que se planteó la posibilidad de aprobar la iniciativa en primer debate antes del 31 de diciembre, como una señal de avance, pero su aprobación final se concretaría después del 1 de enero de 2025.
La petición de tiempo adicional responde, en parte, a presiones de sectores sociales y empresariales que exigen mayor deliberación. A ello se suma la metodología del debate. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que analiza el tema, acordó examinar el proyecto artículo por artículo. El documento tiene 210 artículos, y estudiar cada uno tomaría días. Sin embargo, en la cita de los diputados de RM con el mandatario también se habló de la posibilidad de modificar la metodología para que la discusión sea por bloques. Esto facilitaría su aprobación en primer debate.
Alaín Cedeño, diputado de RM y presidente de la comisión, es uno de los que dice que no hay tiempo para aprobar “todo” el proyecto antes del 31 de diciembre. “Ya él sabe que no tenemos tiempo”, aseguró, refiriéndose al presidente Mulino. Cedeño recordó que este miércoles 18 de diciembre las consultas de la iniciativa legislativa se trasladan a la provincia de Darién. Explicó que, una vez cumplan ese paso, elaborarán un proyecto con algunas de las sugerencias que han surgido de las consultas para luego debatirlo.
Tema político sensible
El proyecto de ley 163 encarna un tema político sensible, pues la CSS enfrenta problemas estructurales y financieros que requieren medidas urgentes para garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, las propuestas de reforma —que incluyen ajustes en el sistema de pensiones y medidas administrativas— han generado resistencias tanto en la oposición como dentro del partido oficialista.
Diputados oficialistas y de otras fuerzas políticas reconocen la necesidad de abordar la crisis de la CSS, pero advierten sobre los riesgos de aprobar la reforma de manera apresurada. Lo dicen, por ejemplo, los miembros de la bancada independiente Vamos.
Janine Prado, jefa de bancada de esta coalición política, es otra de las que advierte que es “inviable” aprobarlo antes del 31 de diciembre. “Sería como un ‘navideñazo’. Ni eso ni los madrugonazos son lo que se quiere”, expresó. La reunión de Mulino y los diputados de Vamos se realizó el pasado miércoles.
Mulino convocó a los diputados después de varios intentos políticos de sepultar la propuesta. Uno de ellos fue el de la bancada de RM, quienes en conferencia de prensa propusieron un gravamen a préstamos y depósitos interbancarios, transacciones de tipo overnight, y un porcentaje de los costos asociados a la renovación y cargos anuales de tarjetas de crédito, para inyectarle fondos a la CSS.
Mulino aseguró que esta propuesta “no tiene ni pies ni cabeza”. “Los expertos en el área financiera del país y bancaria los han dejado en ridículo, cosa que es una lástima exponerse de esa manera”, manifestó en una entrevista con Radio Panamá.
El respaldo de las bases
Pero el cabildeo del Ejecutivo no cesó. Los hombres de confianza del presidente de la República siguieron moviéndose. El pasado sábado, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se reunió con representantes de corregimiento de RM, quienes consignaron su respaldo al proyecto de ley 163 a través de una resolución.
Esto probaría que un amplio sector de RM, a diferencia de varios de los diputados, le da su espaldarazo a la reforma. Lo dice Félix Moulanier, quien en el pasado fungió como coordinador político nacional de RM. “Tenemos a uno de los nuestros dirigiendo el país. Hay que ser muy egoísta para no darle el voto de confianza a quien la gente eligió para que nos gobernara”, manifestó el político.
De acuerdo con Moulanier, RM está dividido. Los que rechazan la propuesta siguen la línea del expresidente Ricardo Martinelli, fundador del colectivo y quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua para esquivar su condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business. Y, por otro lado, están los que respaldan la gestión de Mulino, incluyendo su propuesta para reformas al Seguro Social.
“Yo haría algunos cambios, pero el proyecto en general no es malo. Entonces, yo pienso que, en un momento tan difícil y con una crisis como la que vive la CSS, no podemos sacar provecho político para favorecer a una sola persona (Martinelli). Es el peor error que podríamos cometer como sociedad y como partido político”, planteó.
Un equilibrio frágil
Para el gobierno de Mulino, la capacidad de rescatar el proyecto representa una victoria política parcial, pero aún enfrenta el desafío de construir un consenso nacional en torno a las reformas de la CSS. Organizaciones sindicales, empresariales y de la sociedad civil continúan exigiendo transparencia en el proceso y garantías de que las medidas adoptadas no afectarán a los más vulnerables.
Mientras tanto, la posibilidad de aprobar la reforma en primer debate antes del cierre del año dependerá de la capacidad del Ejecutivo para mantener el diálogo con las bancadas y de su disposición para ceder en puntos críticos del proyecto.
