La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes 12 de noviembre de 2024 que solicitó a la Asamblea Nacional el retiro de un traslado de partida por $603,000 destinado a pagar los servicios de tres peritos que intervienen en el proceso judicial derivado de la demanda de indemnización contra la entidad por el caso de envenenamiento masivo con dietilenglicol.
La entidad, actualmente dirigida por Dino Mon, consideró que el retiro de esta solicitud es una medida “necesaria” para garantizar la transparencia en el manejo de los fondos de la institución.
Una vez realizada dicha solicitud, la CSS informó que procederá a una revisión “exhaustiva” del pago de los servicios de estos peritos, a través de su Dirección de Asesoría Legal, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y evitar que la institución se vea involucrada en situaciones legales que “puedan resultar perjudiciales y costosas”.
Este trámite fue autorizado el 10 de septiembre por la junta directiva de la CSS, atendiendo una solicitud de Enrique Lau Cortés, entonces director de la entidad.
La nueva administración de la CSS, que asumió funciones el 1 de octubre, revisó los compromisos pendientes y evaluó que los servicios ya habían sido prestados, pero subrayó que no se pagará de más por ninguna contratación.
Además, la CSS señaló que la administración anterior debió permitir la participación de un mayor número de contratistas para garantizar mayor transparencia en el proceso.
La entidad también criticó que la aprobación del traslado de partida se realizó sin una evaluación exhaustiva de los procedimientos y sin el tiempo necesario para considerar los efectos a largo plazo de dicha decisión.
Entre los documentos que sustentan el proceso, se incluyen tres cartas de abril y mayo de 2024, en las que la Procuraduría de la Administración informa a Juan Ospina, jefe de Asesoría Legal de la CSS en ese momento, que José Alexis Cifuentes (psiquiatra), Zoila Glen Araya (psicóloga) y Alejandro Cuadra (contador público) participaron como peritos.
Según las cifras, el psiquiatra atiende a 85 pacientes, cobrando $4,500 por cada uno, lo que suma $382,500; el contador público analiza el caso de 25 pacientes, cobrando $4,500 por cada uno, para un total de $112,500; y la psicóloga atiende a 24 pacientes, con un cobro total de $108,000.
Sobre este asunto, el diputado independiente Betserai Richards, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, calificó de “inaceptable” y un “camarón” la gestión del traslado de partida por parte de la CSS.
“El dinero no es de ellos, y claramente lo malgastan. Debemos cuidar los recursos del Estado, y queremos hacerle preguntas al director de la CSS (Dino Mon) porque esto es un camarón dejado por la administración anterior”, afirmó el diputado.
