Después de semanas de cabildeo para decidir quiénes la conformarían, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) quedó integrada por seis diputados debutantes y tres reelectos.
Se trata de Shirley Castañeda (presidenta de esta comisión) y Nelson Jackson (secretario), de Realizando Metas; Benicio Robinson y Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Yesica Romero (vicepresidenta), de Cambio Democrático (CD); Edwin Vergara, del Panameñista, y Luis Duke, Alexandra Brenes y Janine Prado, de la coalición independiente Vamos.
A esta comisión le corresponde examinar los nombramientos que envía el Ejecutivo, estudiar las reformas al reglamento interno de la AN, emitir dictamen sobre la suspensión del cargo de un diputado y dictar concepto sobre las denuncias contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros asuntos.
Castañeda, que es abogada penalista (aunque ahora no tiene licencia para litigar mientras ocupa la curul), ha acudido varias veces a la comisión que ahora preside, precisamente para presentar denuncias como las que ahora le correspondería manejar.
Para empezar, su cliente estrella es el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, condenado a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Para evadir el ingreso a la cárcel, Martinelli se refugió en la embajada de Nicaragua desde el 7 de febrero pasado. Desde entonces, Castañeda (que ha celebrado con él cumpleaños y navidades) lo ha visitado en repetidas ocasiones.
Martinelli, quien fundó el partido RM en el que milita Castañeda, ha presentado varias demandas contra magistrados, fiscales y procuradores. También lo hizo contra Juan Carlos Varela e Isabel de Saint Malo de Alvarado, presidente y vicepresidenta de la República entre 2014 y 2019, respectivamente. La de Varela la presentó personalmente Castañeda con Jessica Canto (otra abogada de Martinelli, que desde junio pasado, además, trabaja como asesora en la Asamblea), precisamente ante la Comisión de Credenciales, en enero de 2019. Se trató de una querella penal por tentativa de homicidio, por hechos ocurridos en diciembre de 2018, cuando Martinelli (que entonces estaba detenido preventivamente en El Renacer) pretendía que se le trasladara al Hospital Nacional durante las fiestas de fin de año, supuestamente para recibir atención médica.
En tanto, Martinelli reclamó $20 millones a de Saint Malo por supuestos daños, ya que como canciller solicitó su extradición a Estados Unidos, en el año 2017, para que fuera procesado por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, entre 2012 y 2014, caso conocido como los “pinchazos”.
Más recientemente, en abril de 2022, Castañeda presentó un incidente de recusación contra María Eugenia López Arias, presidenta de la CSJ, para apartar a la magistrada de una demanda de inconstitucionalidad contra una resolución del Tribunal Electoral que mantenía el fuero penal electoral a favor de Martinelli.
Castañeda también intentó recusar al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, pero la acción fue rechazada de plano por el pleno de la Corte Suprema.
En numerosas ocasiones, Martinelli ha presentado acciones legales para que la Corte le reconozca el principio de especialidad contenido en el tratado de extradición de Estados Unidos y Panamá, la prescripción de varios delitos, el doble juzgamiento y la inmunidad constitucional que, según él, le amparaba por decisiones que adoptó como presidente de la República entre 2009 y 2014. La Corte nunca ha cedido ante estos reclamos.
Ahora Castañeda preside la instancia que debe atender las demandas contra esos mismos magistrados que tanto cuestiona su cliente estrella y mentor político.
Pero Martinelli no es el único defendido por Castañeda que acapara sonoros titulares. También tiene como cliente a Jorge Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, condenado a 70 meses de prisión por blanqueo de capitales. Además, tiene un proceso por drogas relacionado a la operación Neptuno. Camargo fue extraditado de Costa Rica a California en el 2023, donde se le acusa de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos.
Salvados
Si bien a la Comisión de Credenciales van las denuncias que se presentan contra los magistrados, la de los diputados van a la Corte Suprema de Justicia, por mandato constitucional. En la práctica esto implica que unos investigan a los otros y viceversa.
Nelson Jackson, Benicio Robinson y Jairo Salazar están entres los 13 diputados que lograron la reelección el 5 de mayo pasado. Los tres han sido denunciados ante la CSJ; a todos les ha ido bien.
A Jackson le archivaron una denuncia presentada por José Luis Arrocha Campbell en junio de 2007, por la presunta comisión de delitos en contra de la administración pública.
Arrocha acusó a Jackson de sustraer documentos y destruir el certificado de derechos posesorios de un terreno de dos hectáreas, cuando ejerció como alcalde de Portobelo. Jackson, según la denuncia, autorizó la venta de ese terreno, supuestamente para favorecer al empresario Miguel Waked.
Aunque el denunciante aportó 68 páginas como pruebas, el pleno consideró que este caudal no reunía los requisitos “de idoneidad” y “eficacia jurídica”.
En cuanto a Robinson, fue querellado penalmente por Omar y Ricardo Chen Chang, en diciembre de 2014, por la supuesta comisión de los delitos contra la fe pública y contra el patrimonio en perjuicio de los Chen Chang.
Los denunciantes alegaron que en una supuesta reunión de accionistas de Transportes y Edificaciones del Atlántico, S.A. (TEASA), celebrada en diciembre de 2002, se autorizó la segregación y venta de cuatro globos de terreno a favor de Jaime Raúl Robinson, hijo del presidente del PRD.
Omar Chen tiene la mayoría de las acciones de TEASA, pero no acudió a la presunta reunión y tampoco autorizó a nadie para que lo representara. La firma que aparece en el acta, de acuerdo a la querella, es la de Ricardo Chen Chang, a quien se le falsificó su firma, pues él tampoco estuvo ahí.
El documento acusa a Jaime Raúl de vender los terrenos segregados a Manuel Estribí Aguilar y de canjearlos por un préstamo de $300,000 a la sociedad Grupo Administrativo 50/50, “manejada también por el grupo económico representado por Benicio Robinson”.
El pleno de la Corte decidió que la querella no tenía fundamento, porque el diputado no formaba parte de TEASA desde julio de 2002. Además, remarcó que el delito ya había prescrito.
A Robinson también lo denunció en 2014 la exdiputada Zulay Rodríguez, por la supuesta comisión del delito contra la vida y la integridad personal.
Según Rodríguez, el 30 de junio de 2014, una mujer la abordó en el hotel Sheraton, le dijo “palabras obscenas” y le propinó un golpe en la quijada.
“Esa mujer cumplía órdenes de Benicio Robinson”, señaló Rodríguez en su denuncia.
Rodríguez alega que Robinson “le manifestó que él estaba por encima de la ley y que no le importaba nada”.
La denuncia no quedó en nada puesto que meses después, en noviembre de 2014, Rodríguez desistió de la misma.
El diputado perredista Jairo “Bolota” Salazar también ha sido objeto de varias denuncias.
En abril de 2020, la entonces diputada perredista Kayra Harding le acusó de haberla atacado verbal y físicamente durante una reunión de la bancada del PRD. También dijo que Salazar le había lanzado una botella de agua.
Harding presentó una querella y una denuncia penal contra Salazar por la presunta comisión de los delitos de violencia de género y lesiones personales. La exdiputada aportó una certificación de un médico de la Asamblea Nacional que detallaba lesiones en su rostro y pecho.
La Corte Suprema de Justicia no admitió la querella y denuncia penal, citando que no existían méritos suficientes para seguir con la causa.
Salazar ya enfrentaba otras dos denuncias en la Corte por presuntos incidentes con la Policía Nacional. Una de las denuncias fue presentada en noviembre de 2019, luego de que agentes policiales intentaron detener una fiesta en Altos de Los Lagos, Colón, en la que estaba el diputado. Salazar se molestó y lanzó improperios a los agentes de seguridad, según la denuncia.
La otra denuncia alega que Salazar fue sorprendido en un retén policial, conduciendo un vehículo sin placa. También se negó a presentar su licencia de conducir, de acuerdo a la denuncia.
La magistrada Ángela Russo ordenó el archivo provisional de las dos denuncias presentadas por la Policía Nacional porque no se logró reunir elementos de convicción idóneos para imputar a Salazar.
