El Parlamento Centroamericano (Parlacen), aquella “guarida de botellas” a la que se refería Ricardo Martinelli cuando hacía campaña política en 2009, es un organismo opaco, que no rinde cuentas y adopta decisiones que no son vinculantes, pero que tiene una bancada de parlamentarios que goza de los mismos “privilegios e inmunidades” adjudicados a los diputados de la Asamblea Nacional y que representa un importante gasto anual para el Estado panameño.
El presupuesto del Parlacen funciona con las cuotas anuales que sus Estados miembros aportan. Con esos fondos, se paga el salario de los parlamentarios de cada país.
En septiembre de 2009, cuando el entonces presidente Martinelli anunció que Panamá se retiraba del Parlacen, el Ministerio de la Presidencia comunicó que la medida representaba un ahorro de $1.7 millones, que era la partida asignada al organismo en el presupuesto de 2010.
Ese monto, 13 años después, ha aumentado. Además, ya no está asignado al Ministerio de la Presidencia: el 29 de septiembre de 2020, en plena pandemia respiratoria de la covid-19, el vicepresidente de la República y entonces ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, propuso reubicar el presupuesto del Parlacen en la “institución afín correspondiente”.
De ese modo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se agregó una partida que se denomina “cuotas a organismos centroamericanos”, que este año representa $2.32 millones.
Pero, simultáneamente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también tiene una partida en concepto de “cuotas a organismos centroamericanos”: $912 mmil 560, para el año 2023.
Lo que cobra cada diputado (principal y suplente) del Parlacen es otro misterio. Para tener una idea, están las demandas que Alma Cortés presentó en representación de varios parlamentarios, en las que solicitó el pago de gastos de representación, viáticos y emolumentos. Por ejemplo, para sus clientes Abraham Williams Della Sera, Víctor Shailer Herrera, César Guillén Herrera y Ramón Ricardo Martinelli Corró, Cortés pidió para cada uno el pago de $51,200, correspondiente a gastos de representación de los meses de septiembre de 1999 a diciembre de 2000; $18 mil para el diputado suplente de cada uno de ellos; $1,000 en gasto de combustible, y $1,000 en dietas. La Corte Suprema de Justicia negó las solicitudes de Cortés.
La bancada panameña la integran 20 diputados, que no son escogidos a través de una papeleta, sino que son indirectamente elegidos a través del voto que recibe cada candidato presidencial. Cada partido postula una lista cerrada, conformada de a dedo. Actualmente: hay siete diputados del PRD y siete de Cambio Democrático, dos del Panameñista, uno del Molirena, uno del Partido Popular, uno del partido Alianza y uno postulado por Ana Matilde Gómez, candidata presidencial por la libre postulación en la elección de mayo de 2019.
Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares han intentado dos veces, en menos de una semana, ser juramentados como diputados suplentes. Ambos serán enjuiciados por presunto blanqueo de capitales por los casos denominados Blue Apple y Odebrecht. Los juicios deben iniciar el 22 de agosto y el 27 de septiembre, respectivamente. Si toman posesión, podría ocurrir lo que se denomina ruptura procesal y sus casos irían a la Corte Suprema, que es el ente que constitucionalmente tiene la facultad de procesar a los diputados (principales y suplentes) del Parlacen y de la Asamblea Nacional.
Además, el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano establece que los presidentes de los países miembros, al concluir su mandato, tienen un puesto en el Parlacen, al igual que su vicepresidente. Ni Juan Carlos ni Isabel Saint Malo de Alvarado, presidente y vicepresidenta de la República entre 2014-2019, tomaron posesión de esos cargos. Laurentino Cortizo, presidente hasta el 30 de junio de 2024, no ha dicho si reclamará su curul, cuando termine su mandato.
