El 19 de agosto de 1980, siendo presidente el abogado Aristides Royo, el Consejo de Gabinete aprobó el contrato 97, por un valor de $100 millones, para la construcción del segundo puente sobre el Canal de Panamá. El consorcio escogido fue liderado por la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam y la empresa panameña de ingeniería Sosa y Barbero. Sobra decir que no hubo licitación pública.
El proyecto consistía en la construcción de un puente de cuatro carriles llamado Simón Bolívar, próximo a las esclusas de Miraflores, y una autopista de 18 kilómetros que empataría desde la salida del puente hasta la entonces autopista Arraiján-La Chorrera. Se calculó que el costo del puente era de $68.2 millones y la autopista implicarían otros $20.8 millones. La obra se debía construir en 39 meses calendario. El grueso del financiamiento sería aportado por el Fondo de Financiamiento de las Exportaciones de Venezuela; es decir, el petróleo venezolano construiría un puente panameño.
El 28 de marzo de 1983, el gobierno del entonces presidente, el banquero Ricardo de la Espriella, canceló el proyecto por razón de la debilidad de las finanzas públicas panameñas. En las décadas siguientes, se hicieron reclamos arbitrales que, sumados a lo que ya el Estado panameño había pagado, elevaron la cuenta hasta cerca de $50 millones.
El otro costo
La no construcción del puente Van Dam se convirtió en una erogación importante ya que desde 1974 se reconocía, por el gobierno de Estados Unidos, que el Puente de las Américas estaba alcanzando su nivel de saturación. Entre 1974 y 2004, que se inauguró el Centenario, la economía y la sociedad panameña tuvieron que cargar con los costos de las externalidades negativas de los tranques, la inseguridad en el manejo, las horas de tiempo-familia perdidas y la erosión de la competitividad logística panameña.
El puente Centenario es una solución óptima para el tráfico hacia el interior del país, siempre y cuando las carreteras estén en buenas condiciones, pero no resolvió el problema que el puente Van Dam iba a atender. Apenas una década después de la apertura del Centenario, se hizo muy evidente que el alto crecimiento demográfico de Panamá Oeste requería retomar una solución similar al puente Van Dam.
Durante la administración del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019), se intentó darle forma a esta solución con el cuarto puente sobre el Canal, que sería una obra de seis carriles para automóviles y dos vías para la línea tres del Metro. Entre cambio de gobierno, ajustes geopolíticos, pandemia y crisis de las finanzas públicas, la obra, que sigue sin nombre, tiene ahora solo 6 carriles y un costo de $1,227 millones, más el costo financiero, además del costo del túnel para la línea 3 del Metro, podemos pensar entonces en $1,800 millones. Este nuevo puente estará listo en el año 2028, 48 años después de la fecha en que se dio el contrato para el Van Dam.
El nuevo puente está a cargo de un consorcio asiático integrado por las empresas China Communications Construction Company y China Harbour Engineering Company LTD, ambas con experiencia en proyectos públicos en Panamá. El cuarto puente, que sugiero se llame Ascanio Arosemena, en honor al primer mártir del 9 de enero de 1964, empataría con el corredor Norte cuando entre a la ciudad de Panamá y con la ampliación a ocho carriles en Panamá Oeste. Si el entronque tiene ocho carriles y el puente tiene solo seis, la apuesta es que se seguirá usando el Puente de las Américas, que está urgido de importantes reparaciones estructurales.
Si se hubiera construido el puente Van Dam en la década de 1980 decenas o quizá centenas de millones de horas hombre (mujer), perdidas en infames tranques, no se hubieran dado; innumerables vidas de infantes abusados porque se quedaron sin un adulto que los cuidara a causa del tranque, así como los jóvenes que abandonaron sus escuelas por falta de guía; la juventud que perdimos en bandas, drogas y otros vicios, así como los divorcios, infartos, úlceras y amarguras que representan la calidad de vida desaparecida de cientos de miles de panameños y panameñas, que se han visto perjudicados por tener que aferrarse a un automóvil o un transporte colectivo durante tantas horas al día. Ese costo nunca ha sido contabilizado.
Cuando se inaugure el cuarto puente, la población de Panamá habrá aumentado en al menos otros 300 mil habitantes. Así, un nuevo puente viejo se unirá a la eterna persecución de la aspiración de una infraestructura apropiada para las necesidades de este país. La corrupción y la ineptitud del pasado y el presente seguirán aumentando la factura de lo que verdaderamente ha costado y costará el puente Van Dam y su reemplazo, el puente “Ascanio Arosemena”. Ojalá esa lección no se nos olvide jamás.
