Los resultados de las elecciones del 5 de mayo ponen a la Asamblea Nacional en el centro de la mirada pública. La independiente será la bancada más grande, un hecho sin precedentes en la historia del país. Con más de 20 diputados que llegarán a sus curules alejados de los intereses que imponen las estructuras partidarias, la expectativa se centra en los consensos para alcanzar una agenda legislativa que la ciudadanía reclama.
La mayoría de los diputados electos coincide en que entre los temas vitales que tendría que analizar la Asamblea que se instalará el 1 de julio próximo están los cambios al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI), una propuesta de ley para transparentar las becas que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el nombramiento del próximo contralor y una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos.
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Nuevo reglamento de la Asamblea, vieja deuda
Las modificaciones al RORI ocupó la agenda de la actual Asamblea, principalmente en 2020, el año en que comenzó la pandemia por la covid-19. El diputado Juan Diego Vásquez impulsó una propuesta que establecía descuento de salario a los diputados cuando falten a las sesiones, los obligaba a presentar una declaración jurada de bienes patrimoniales y a hacer público el personal adscrito a sus despachos. Además, eliminaba uno de sus principales privilegios: la importación de dos vehículos libres de impuesto.
Pero la propuesta no gustó a la aplanadora del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y a sus aliados, quienes maniobraron para dilatarla y hacerle cambios. Aunque en primer debate se avaló una iniciativa similar, la misma nunca fue discutida en segunda instancia. En protesta, Vásquez colgó un letrero frente a su curul que decía “¿Para cuándo el reglamento?”.
Ahora hay esperanza. Los cambios al reglamento parecen ser uno de los primeros temas que la nueva Asamblea abordará. “Hay luchas como la de la modificación al reglamento de la Asamblea, que sería una de las primeras en impulsar”, aseguró a La Prensa Betserai Richards, diputado electo del circuito 8-6 (Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de diciembre y Las Garzas).
Mientras que José Pérez Barboni, quien resultó electo por el circuito 8-3 (San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Anón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo), por el Movimiento Otro Camino (MOCA), tiene al reglamento entre sus planes para los primeros 100 días. “No podemos pretender funcionar como un órgano legislativo si no tenemos un reglamento eficiente”, manifestó a este medio. Mencionó la asistencia de los diputados, la manera sobre cómo se conforman las diferentes bancadas y comisiones y que el que no asista no cobre.
Mientras que Eduardo Gaitán, diputado electo del 8-2 (San Miguelito) por la coalición Vamos, también tiene al asunto en su radar. “El tema de la asistencia es muy importante. Todos los panameños sabemos que si no vamos a trabajar ese día no se nos paga, no es coherente que al diputado no se le pueda hacer lo mismo. También buscaríamos eliminar un sinnúmero de privilegios que hoy en día tienen los diputados, que nosotros como independientes y miembros de la coalición Vamos ya hemos renunciado”, aseguró a este diario.
Los independientes y los de MOCA tendrían el apoyo de los del Partido Panameñista. En un comunicado, este colectivo planteó que entre otras cosas se comprometen a impulsar la reducción del 50% del presupuesto legislativo y a aprobar “cambios profundos” al reglamento. La nueva bancada panameñista la componen los diputados electos José Luis Popi Varela, Jorge Herrera, Ariana Coba, Ricardo Vigil López, Medin Jiménez Pittí, Francisco Brea, Roberto Archibold y Edwin Vergara.
Transparentar las becas del Ifarhu
Buena parte de la conversación pública que se generó en la campaña política para las elecciones del 5 de mayo estuvo dominada por el escándalo generado por los millonarios auxilios económicos que el IFARHU repartió a discreción. Entre el 7 de julio de 2019 y el 24 de mayo de 2023, la entidad repartió auxilios a 2,144 personas, lo que representó un gasto total de $141.6 millones. Buena parte de ellos quedaron en manos de hijos de ministros del gobierno de Laurentino Cortizo, de familiares de diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), de influencers, de allegados a empresarios que tienen nexos con el poder, entre otros.
Sin embargo, hay 2,759 desembolsos adicionales que la Contraloría General de la República mantiene en las sombras.
La actual Asamblea engavetó dos proyectos de ley que precisamente buscaban modificar el proceso de entrega de las becas y los auxilios económicos. Uno fue presentado por el diputado independiente Gabriel Silva y otro por el perredista Crispiano Adames.
Incluso, en enero de este año, poco antes de que comenzara la campaña política rumbo a los comicios pasados, un grupo de candidatos a diputado por la libre postulación presentó una propuesta legislativa para “despolitizar” el acceso a becas de estudio y auxilios económicos.
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Escogencia del nuevo contralor
A la nueva Asamblea, por ley, le corresponde nombrar al contralor que reemplazará a Gerardo Solís, cuyo período vence en diciembre próximo. La gestión de Solís ha estado marcada por su indiferencia a la transparencia, la nula fiscalización de los fondos públicos, los constantes aplausos al gobierno de Cortizo y los constantes guiños a su partido el PRD.
Aquí algunos ejemplos: en 2020, no investigó el contrato para la construcción de un hospital modular ($6.9 millones) para atender a pacientes de la pandemia. Pese a que el Estado pagó nuevos 160 módulos viejos y usados. Declaró confidencial la auditoría a Panama Ports Company, se negó a dar detalles de las transacciones que hizo la Autoridad Nacional de Descentralización de manera discrecional a juntas comunales y municipios controlados por el PRD, y como ya se mencionó en párrafos anteriores, escondió más del 50% de los beneficiarios de auxilios económicos del Ifarhu.
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El nombramiento de un nuevo contralor antes de diciembre de este año, pues quien sea escogido deberá asumir el puesto a partir del 2 de enero de 2025, es parte de la planificación de las nuevas agendas legislativas. En su comunicado, el Partido Panameñista, por ejemplo, propone llegar a un consenso para escoger un contralor y un subcontralor general de la República, que fiscalice de buena manera el uso de los recursos del Estado.
Mientras que en el Knockout de La Prensa de este domingo 12 de mayo, el diputado Juan Diego Vásquez menciona al contralor como un tema clave. ¿A quién quisieras ver de contralor?, le preguntó la periodista Flor Mizrachi. Vásquez respondió: “me gusta Gabriel Silva”.
La extinción de dominio
En un país donde las propias autoridades han dicho que el crimen organizado financia campañas políticas, voces de la sociedad exigen una ley de extinción de dominio de bienes ilícitos. En abril de 2021, el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, presentó un proyecto de ley en ese sentido. Sin embargo, en abril de 2023, el proyecto quedó inmerso en medio de un rejuego de intereses y choque de poderes en la Asamblea Nacional, y fue archivado.
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El mensaje de Mulino
El pasado jueves 9 de mayo, día en que fue proclamado por la Junta Nacional de Escrutinio, el presidente electo José Raúl Mulino, le tendió un puente a los diputados independientes. Dijo que felicita y aplaude la intención de voto a los independientes y dijo que quien no lo quiera ver, está en su derecho. “El número de diputados a la Asamblea Nacional fue impresionante y envió un mensaje clarito por los menos para mí (...) ”, manifestó.
También recordó que el 5 de mayo, se escogió una nueva Asamblea, y se reeligió “un ínfimo” porcentaje de muchos de los que estaban y “emerge una fuerza política impresionantemente grande”. “Les extiendo una mano para trabajar juntos las cosas positivas para el país”, manifestó.
