El tiempo corre en contra de las juntas comunales. A pocos días de que finalice el plazo establecido, solo el 26% de estos gobiernos locales ha cumplido con la entrega de informes a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), detallando el uso de los fondos asignados bajo la denominada “descentralización paralela” o subprograma de interés social, implementado por el gobierno anterior (2019-2024).
El pasado 15 de agosto, el presidente José Raúl Mulino fijó un plazo de 60 días para que los representantes electos y no reelectos presentaran un informe detallado sobre el uso de los fondos públicos asignados, el cual vence el próximo 15 de octubre, es decir, dentro de tres días.
Esta medida responde a las revelaciones de la nueva administración de la AND, que ha denunciado el “uso discrecional” de una cuenta financiera creada en 2018 y formalizada en el Ministerio de Economía y Finanzas, bajo el nombre de “subprograma de interés social”, en la que más de $200 millones fueron distribuidos a 473 de las 679 juntas comunales del país, fuera del esquema regulado por la ley. Esto ha generado inquietud sobre la transparencia y el manejo de estos recursos.
Consultada al respecto, la AND informó que se enviaron 754 notas a gobiernos locales, entre municipios y juntas comunales, y solo han recibido respuesta con sus respectivos informes por 198 entidades, lo que representa apenas un 26%.
El mensaje de esa entidad fue claro: “En cuanto a los que no presenten documentación que sustente y justifique el uso de los fondos, se remitirá al Ministerio Público para que inicie una investigación”.
La otra cara de la moneda
En medio del debate sobre la transparencia en el uso de estos fondos públicos, Narciso Machuca, abogado y asesor legal en temas municipales, defendió programas como el PIOP (Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales) y el fondo del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles), argumentando que ambos fondos cuentan con estrictos manuales de uso que impiden cualquier tipo de manipulación para beneficio político.
Machuca señaló que el verdadero foco de debate gira en torno al subprograma de ayuda social, que fue manejado de manera separada de los fondos de descentralización, e insistió en la importancia de rendir cuentas. Afirmó que las juntas comunales y municipios que recibieron este dinero deben presentar informes claros sobre su utilización.
También reconoció que, si bien muchos alcaldes y representantes utilizaron estos fondos de manera adecuada, financiando proyectos visibles y beneficiosos para sus comunidades, otros no lo hicieron de forma transparente. Para aquellos que hicieron un mal uso de estos recursos, Machuca afirmó que las autoridades deben investigar a fondo y aplicar el peso de la ley sin vacilación.
“La rendición de cuentas es crucial para mantener la confianza pública y asegurar que los fondos sirvan a los intereses de la comunidad”, apuntó.
Además, planteó que el problema se agrava en aquellos municipios donde los representantes no fueron reelectos, ya que los nuevos dirigentes podrían encontrarse con dificultades para justificar el uso de los fondos. En tales casos, sugirió que se consulte con la Contraloría para verificar si se presentaron los informes correspondientes. En caso de que no haya registros, las autoridades deberán intervenir.
Millones a políticos del PRD
Si bien la AND no ha dado a conocer la lista de qué juntas han entregado su informe o cuáles son las morosas, este medio dio a conocer cuáles fueron las juntas comunales que más dinero recibieron de este programa.
La que más obtuvo fue la de Barrio Norte, en la provincia de Colón, donde Jairo “Bolota” Salazar es representante de corregimiento y diputado a la vez. En el caso de Barrio Norte, se entregaron $14.1 millones.
La junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, destaca como una de las principales beneficiarias de la descentralización paralela, recibiendo $6.6 millones. En ese momento, el representante del corregimiento era César Caballero, quien fue asesinado el año pasado al llegar a su residencia. El diputado con mayor influencia en la zona es Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En tercer lugar, se encuentra la junta comunal de Changuinola, en Bocas del Toro, que recibió $6.0 millones, con José de La Lastra, también del PRD, como representante. Sin embargo, las miradas apuntan a Benicio Robinson, diputado de ese circuito y presidente del PRD, quien habría jugado un papel clave en la distribución de casi $30 millones en toda la provincia de Bocas del Toro.
En el distrito de Panamá, las tres juntas comunales que más fondos recibieron fueron Ancón ($3.9 millones), Curundú ($3.6 millones) y Juan Díaz ($3.3 millones).
Precisamente, David Bernal, representante de Juan Díaz, dijo que actualmente se encuentra elaborando el informe sobre el uso de esos recursos por parte del anterior edil de ese corregimiento, Javier Sucre, quien es, en estos momentos, diputado.
En palabras de Bernal, si bien los depósitos se reflejan en la cuenta de la junta comunal, no está claro si se usaron de forma correcta, por lo que, además del informe que está enviando a la AND, están llevando a cabo una auditoría.
“Se recibieron millones de dólares, pero no sabemos a dónde fueron a parar. Esta nueva gestión quiere hacer las cosas bien y de forma transparente”, concluyó el nuevo representante, quien espera entregar su informe la próxima semana.
El esquema de la entrega de estos fondos de manera peralela fue dado a conocer por el diario La Prensa a través de la periodista Sol Lauría, quien recibió un premio del Fórum de Periodistas por su trabajo.
