Lo sucedido la semana pasada en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), cuyos miembros le negaron por unanimidad el traslado de partidas presupuestarias a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) para el pago de bonos de retiro y primas de antigüedad, ha tenido consecuencias. Sin embargo, a juicio de fuentes académicas de esa casa de estudios, se trata –una vez más– de una burla.
En una resolución fechada el pasado 20 de agosto, el máximo órgano de gobierno de la Unachi –el Consejo General Universitario (CGU)– designó dos comisiones: una especial multidisciplinaria para revisar el cálculo que hace la Unachi para el pago de la prima de antigüedad a funcionarios administrativos y docentes, respecto a la ley que rige para todo el país en materia sobre la prima de antigüedad, y otra para investigar los títulos expedidos a profesores de la Unachi por universidades extranjeras.
Esta revisión tendría su origen en el hecho de que diputados de la provincia de Chiriquí cuestionaron en la Comisión de Presupuesto ambas cosas: la prima de antigüedad que hace la Unachi, la cual tiene como base un acuerdo del CGU que indica que, una vez terminada la relación laboral, el cálculo se hará en base al mejor salario y no al último sueldo, como ordena la legislación nacional vigente, y la falta de acreditación de las universidades extranjeras.
Cuestionamientos
La primera comisión estará integrada por la Vicerrectoría Académica, la Vicerrectoría Administrativa, la Dirección de Planificación, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Recursos Humanos. Las fuentes consultadas por este medio cuestionan a casi todos los miembros de esta comisión por una razón y que también fue motivo de fuertes críticas emitidas por los diputados chiricanos: tienen familiares nombrados en la Unachi.
De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la esposa del vicerrector académico, Jorge Bonilla, trabaja en la Unachi; el esposo de la vicerrectora administrativa, Rosa Moreno –esta última presente en la reunión con los diputados de la Comisión de Presupuesto– también trabaja en la Unachi, así como otro cercano familiar. En la misma situación está la directora de Planificación, Iris Fuentes, cuya pareja también trabaja en la Unachi.
En tanto, la situación de la directora de Recursos Humanos, Indira Candanedo –con cerca de $9 mil de ingresos mensuales–, es peor. En la Unachi están nombrados su esposo, un hijo, una hermana y hasta una cuñada.
Moralmente, indicaron las fuentes, ninguno de ellos tiene la autoridad para hacer esas tareas sin estar libres de parcialidad, ya que forman parte de la administración que trabaja directamente con la cuestionada rectora de la Unachi, Etelvina Medianero de Bonagas.
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La situación no mejora con el siguiente punto de la resolución aprobada: designar una comisión especial del CGU para “una revisión exhaustiva y detallada de los diplomas y sustento de los títulos expedidos por las universidades Atlantic International University (AIU) y American Andragogy University (AAU), a fin de aplicar los correctivos que sean necesarios en el marco de la excelencia de la educación superior de la institución”.
Dicha comisión está conformada por la Vicerrectoría Académica, la Dirección de Asesoría Jurídica y la Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, indca el documento oficial.
Esta última persona, Kilmara Castrellón, la nueva decana de la la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, está en la misma situación que sus colegas mencionados en párrafos anteriores.
Pero, además, fue de las personas más cercanas de Medianero de Bonagas durante su primer periodo como rectora (2013-2018), ya que se desempeñó como su secretaria privada (o “asistente directa”) durante esos cinco años, luego de lo cual fue ascendida para cobrar un bono de $39 mil por retiro voluntario como administrativa de la Unachi en 2020, renuncia que se materializó a finales de 2022, aunque siguió trabajado como administrativa en la Unachi.
Otra comisión
La segunda comisión, como ya se dijo, investigaría los títulos expedidos por dos universidades, una de ellas, la norteamericana Atlantic International University (AIU), la cual carece de acreditación emitida por las autoridades regulatorias educativas de Estados Unidos, donde esta empresa tiene su sede.
La labor para Castrellón en esta comisión sería cuestionada por su cercana relación con la rectora. Medianero de Bonagas personalmente viajó en 2017 a una ceremonia de graduación de la AIU, junto con una delegación de la Unachi –entre los que se contaba la entonces y actual vicerrectora administrativa, Rosa Moreno– y entre cuyos miembros, además, había algunos que recibirían certificados de graduación de ese lugar.
Medianero de Bonagas, Moreno y otros funcionarios de la Unachi fueron sentados en la mesa de honor durante la entrega de certificados, y los panameños entregaron los diplomas otorgados a los graduandos de la AIU procedentes de la Unachi. Además, la rectora recibió un reconocimiento esa noche de parte de la AIU.
Pero su relación con esta empresa sería más profunda. En 2022, José Rojas aparecía como representante de la AIU en Panamá. Rojas es cofundador de la Universidad Iberoamericana, el negocio de la familia Bonagas.
Ni una palabra
En su resolución, el CGU no se refirió en nada sobre otro tema controvertido y cuestionado en la Comisión de Presupuesto: los bonos que reclaman docentes y administrativos para retirarse voluntariamente, momento en el que la relación laboral con esa universidad estatal teóricamente termina.
Sin embargo, hay docentes que, pese haber cobrado decenas de miles de dólares tras su retiro de la administración, son recontratados por la Unachi para desempeñar nuevamente tareas administrativas, lo cual tendrían vedado, tras su renuncia y el cobro del bono de retiro.
