El flujo migratorio a través del Tapón del Darién continúa siendo un desafío humanitario. Según informes del Servicio Nacional de Migración, entre enero y octubre de 2024 ingresaron al país por esta peligrosa ruta 286,210 migrantes, una cifra inferior a los 458,228 registrados en el mismo período de 2023.
Entre los grupos predominantes destacan los venezolanos, con 198,004 personas, lo que representa un 69.1% del total, seguidos de colombianos y ecuatorianos, quienes también enfrentan los riesgos de la selva para buscar un futuro.
Autoridades de la zona, como el obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, calificaron la situación como un drama humanitario “complejo” y enfatizaron la necesidad de estar preparados para atender esta afluencia masiva.
“La situación sobrepasa nuestras capacidades, y hay que seguir mejorando”, señaló, mientras hacía un llamado a las autoridades y organizaciones para reforzar la infraestructura y los recursos destinados a los migrantes.
Instituciones internacionales como Unicef, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Defensoría del Pueblo han intensificado su monitoreo en la región. Estas entidades destacan la urgencia de abordar esta crisis desde un enfoque humanitario y colaborativo, reconociendo que el fenómeno migratorio en el Darién no solo es un reto logístico, sino también una cuestión de derechos humanos.
La audiencia
De hecho, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta semana, la Defensoría del Pueblo de Panamá subrayó la urgencia de un intercambio de información confiable entre Ecuador, Colombia y Panamá sobre el tránsito de personas migrantes.
Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo, destacó que esta colaboración es clave para enfrentar desafíos como el tráfico humano, la trata de personas y otros delitos asociados a la movilidad en la región, particularmente en el peligroso paso por la selva colombo-panameña.
Leblanc enfatizó la necesidad de la presencia del ejército colombiano en la frontera común con Panamá para combatir el crimen organizado. Durante su intervención, instó a los países involucrados a establecer un sistema que permita rastrear con precisión la entrada y salida de migrantes, así como identificar a aquellos que no logran completar el cruce.
La Defensoría del Pueblo de Panamá, expuso en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la necesidad de tener información legítima sobre el paso de personas migrantes a través del intercambio entre países como: Ecuador, Colombia y Panamá. pic.twitter.com/D6HVnZoaTo
— Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) November 13, 2024
Además, señaló la importancia de evaluar los riesgos ambientales derivados de los desplazamientos masivos, mencionando los más de 885,000 kilogramos de basura acumulados en la frontera como un tema crítico.
La audiencia también sirvió para anunciar que comisionados de la CIDH visitarán las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM) en Darién, donde podrán observar de primera mano las condiciones y el trabajo de organismos internacionales y nacionales en defensa de los derechos humanos.
Relaciones diplomáticas
Por su parte, el presidente de la República, José Raúl Mulino, también abordó este tema al señalar que Panamá busca mantener una relación sólida y de doble vía con la administración de Donald Trump, que tomará posesión el próximo 20 de enero. El mandatario panameño expresó su deseo de que el tema migratorio ocupe un lugar destacado en la agenda compartida.
Señaló que, debido a la crisis migratoria, Panamá asume costos anuales significativos, lo que ha generado una presión financiera sobre el país. El presidente también se refirió al impacto de la crisis en Venezuela, una situación que, aseguró, seguirá generando flujos migratorios hacia Panamá. En este contexto, describió el “drama humano” que se vive en la frontera, especialmente en zonas como Lajas Blancas, en Darién, donde las familias migrantes enfrentan pérdidas y condiciones extremas.
Además, subrayó cómo los carteles de drogas aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes, coaccionándolos para transportar drogas en su tránsito hacia el norte. De momento, Panamá ha tomado medidas para enfrentar la crisis, incluyendo la instalación de cercas en zonas estratégicas y el redireccionamiento de los migrantes hacia puntos de tránsito específicos como Lajas Blancas.
Según el presidente, estas acciones buscan canalizar el flujo migratorio de manera más organizada y controlada. También destacó la colaboración con organismos internacionales, revelando que, en reuniones con líderes globales como el presidente francés Emmanuel Macron, ha abogado por un mayor apoyo para enfrentar esta situación que, recordó, no es exclusiva de Panamá, sino una crisis migratoria de alcance global.
