En julio pasado, cuando José Raúl Mulino asumió la presidencia del país, el abogado Luis Carlos Manuel Gómez Rudy también llegó al Palacio de las Garzas. Entró por la puerta grande: le dieron el cargo de asesor I, con un salario de $6,500 al mes.
Nada raro si se toma en cuenta que el jurista formó parte del equipo legal de Mulino en el caso del contrato que firmó el Estado panameño con el Grupo Finmeccanica para la compra de 19 radares. Era el gobierno de Ricardo Martinelli y en aquel momento, Mulino estaba al frente del Ministerio de Seguridad (2009-2014) y fue investigado en este caso.
A partir del 2 de enero de 2025, Gómez Rudy, quien también defendió a Jorge Churro Ruiz en el caso Blue Apple, será el nuevo procurador general de la Nación. Será la persona encargada de perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales, entre otras funciones.
El Consejo de Gabinete, en su sesión de la tarde del pasado martes 1 de octubre, lo designó como reemplazo de Javier Caraballo, el exfiscal antidrogas que ocupó el puesto que dejó vacante Eduardo Ulloa, quien a su vez reemplazó a Kenia Porcell.
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El consejo de ministros de Mulino también designó a Grettel del Carmen Villalaz para la Procuraduría de la Administración, quien sustituirá a Rigoberto González Montenegro.
El numeral 2 del artículo 200 de la Constitución establece que el Consejo de Gabinete, con el Presidente de la República, tiene la facultad de designar “... los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, y sus respectivos suplentes...”.
En la Asamblea Nacional
El próximo paso será someter los nombramientos a consideración de la Asamblea Nacional, poder del Estado que debe decidir si los ratifica. El período de los dos procuradores es de 10 años y, según la Constitución Política, serán nombrados de acuerdo con los mismos requisitos y prohibiciones establecidos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En el Legislativo, órgano que preside la diputada Dana Castañeda, aliada de Mulino, la ratificación de los dos abogados no debería tener problemas. La bancada oficialista del partido Realizando Metas (RM) ha contado, desde que se instaló la Asamblea el pasado 1 de julio, con el respaldo de los diputados del partido Cambio Democrático, al igual que los del Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista.
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‘No voy a avalar a ningún yes man’
Las designaciones ya son motivo de debate en el hemiciclo legislativo. El diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, en el período de incidencias de la sesión legislativa de este miércoles 2 de octubre, aseguró que tiene “dudas” sobre los nombramientos. Cuestionó al presidente Mulino por no permitir a la ciudadanía participar en la elección de estas dos figuras. “No voy a avalar a ningún yes man”, adelantó.
31 procuradores
De acuerdo con datos de este medio, en su historia republicana, Panamá ha tenido 31 procuradores generales de la Nación, desde Gabriel Guizado en 1906 hasta el actual Javier Caraballo.
Desde 1995 hasta 2024, el país ha tenido ocho procuradores: José Antonio Sossa, Ana Matilde Gómez, Giuseppe Bonissi, José Ayú Prado, Ana Isabel Belfon, Kenia Porcell, Eduardo Ulloa y Javier Caraballo.
Sin embargo, solo José Antonio Sossa cumplió con el período constitucional de 10 años de mandato. En los últimos años, el Ministerio Público ha enfrentado importantes desafíos: casos de corrupción de alto perfil, la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la lucha contra el blanqueo de capitales, la penetración del crimen organizado en la esfera gubernamental y la profesionalización de los fiscales y otros actores clave del Ministerio Público.
