El gobierno destina considerables sumas de dinero para pagar un arriendo en terrenos que le pertenecen. Este es el caso de la Autoridad Nacional de Aduanas, institución que paga alquiler a Panama Canal Railway Company (PCRC), empresa que utiliza estos espacios gracias a una concesión otorgada por el Estado.
Por año, Aduanas le paga $700,363.45 a PCRC por usar varios locales ubicados en Curundu, en el corregimiento de Ancón. Así consta en el último contrato (2020) firmado entre la exdirectora de Aduanas, Tayra Barsallo, y Thomas Henry Kenna Preciado, representante de PCRC.
Recientemente, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $3.5 millones para saldar una deuda que la entidad tiene con la empresa que opera el ferrocarril.
Resulta que en 2021, la Autoridad Nacional de Aduanas trasladó su sede a la Avenida Domingo Díaz, pero siguió ocupando espacios en Curundu que, según Soraya Valdivieso, nueva directora de la institución, son un depósito que contiene chatarra, viejos expedientes y mercancía “absolutamente” deteriorada.
El edificio originalmente era de Aduanas
Sin embargo, la deuda con la empresa producto del alquiler se acumuló. No se pagó lo correspondiente a 2021, 2022 y 2023, y varios meses de 2024. Por eso, la funcionaria acudió al Legislativo a solicitar la partida de $3.5 millones para saldar este compromiso.
“Antes de 1998, nosotros éramos los dueños de ese local; después de 1998 eso pasó a manos de PCRC y se inició un arrendamiento por muchos años. En 2021 se mudaron al edificio nuevo, pero nunca cerraron el contrato”, contó Valdivieso en la Comisión de Presupuesto.
Es decir, Aduanas pasó de dueño a inquilino.
La concesión
En efecto, en varios de los contratos (todos firmados entre 2015 y 2020) entre la Autoridad Nacional de Aduanas y PCRC, esta empresa advierte que, mediante la Ley 15 de 17 de febrero de 1998, se celebró un contrato de concesión con la República de Panamá para la construcción, desarrollo, operación y mantenimiento del Ferrocarril de Panamá y que, por virtud del mismo, tiene derecho exclusivo de uso sobre un área de terreno y mejoras edificadas sobre la misma.
El diputado independiente Augusto Tuto Palacios recordó que en los 25 años de la concesión, PCRC le dio al Estado solo $55 millones. De paso, mencionó que recientemente se le prorrogó el contrato por otros 25 años. “Hemos copiado y pegado la misma concesión que teníamos con los mismos beneficios”, sustentó.
Recordó que ese contrato fue aprobado por la directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) el 9 de febrero de 2023, época en que la AMP estaba representada por Noriel Araúz. “No fue sino hasta el 16 de septiembre de 2024 que se publicó en Gaceta Oficial”, aseguró.
Le puede interesar: Autoridad Marítima de Panamá prorroga por 25 años más el contrato de Panama Canal Railway Company
El diputado se refiere a la resolución 008-2023 de la junta directiva de la AMP, aprobada por la administración del expresidente Laurentino Cortizo. Ese documento dice que se aprobó extender la vigencia del contrato número 70, que inicialmente se otorgó en 1998, por 25 años adicionales. La concesión continuará hasta 2049 con las mismas cláusulas, pese a que en 1998, cuando se firmó el contrato, las condiciones y circunstancias del mercado eran completamente diferentes a las actuales.
Al final de la década de 1990, el manejo de carga contenerizada en los puertos panameños apenas superaba los 600 mil TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) anuales, pero hoy esa cifra ha rebasado los 8 millones de TEU por año.
Igualmente, hoy opera un Canal ampliado con esclusas de mayor tamaño que permiten el paso de embarcación con el doble de contenedores de la capacidad del Canal original. Ello implicó para el Estado panameño una inversión superior a los 5 mil millones de dólares.
“Estamos concesionando para luego pagar alquileres. En 25 años únicamente nos dieron $55 millones y ahora nosotros tenemos que pagarles $3.5 millones en alquileres. Esto es un atraco”, añadió.
“Esto es un atraco más”, reiteró. Valdivieso le dijo que su argumento era “100% cierto”. Recordó que ese edificio era de Aduanas hace 25 años. “No solo nos lo quitaron, sino que nos lo alquilan y nunca les dieron mantenimiento”, contó.
La directora de Aduanas adelantó que elaboraron una auditoría sobre el tema, documento que le entregarán al próximo contralor. El 2 de enero, Anel Bolo Flores asumirá el control de la Contraloría General de la República en reemplazo de Gerardo Solís.
El diputado Palacios tildó el asunto de “alarmante” e “indignante”.
