En la Conferencia Internacional Anticorrupción 2022, que se celebra en Washington DC, el tema de protección de denunciantes, al igual que la protección de periodistas y activistas anticorrupción ha estado en el centro del debate.
En varios paneles y charlas se discuten distintos mecanismos para proteger a denunciantes de actos de corrupción, tanto a funcionarios como a otras personas. Además, se debaten los riesgos que existen para periodistas y activistas en la lucha anticorrupción, principalmente físicos pero también de otros tipos.
El pasado martes 6 de diciembre, expertos -varios de ellos latinoamericanos- expusieron durante un panel los avances de la región y el mundo en proteger a denunciantes de actos de corrupción para así incentivar la denuncia y por ende el combate a este flagelo.
“La denuncia es el mecanismo más efectivo para perseguir la corrupción”, dijo Carlos Guerrero, experto y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, una organización sin fines de lucro. “Los países deben aceptar esto”, agregó. Durante el panel, el cual estuvo principalmente enfocado en la amplia legislación estadounidense, argumentaron que las leyes de este tipo empoderan a la ciudadanía y potenciales denunciantes.
En Latinoamérica, explicó, algunas jurisdicciones protegen a los denunciantes y han aprobado mecanismos para denunciar de forma más efectiva y segura. Otras, como es el caso de Panamá, no cuentan con legislación de este tipo.
De hecho, en la Asamblea Nacional reposa una iniciativa de ley, presentada por la bancada de diputados independientes que busca crear la figura, de protección de denunciantes. El anteproyecto 306 fue presentado en enero de 2020. A la fecha, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales no le ha dado primer debate.
La norma propone especificar mecanismos de denuncia en casos de posibles delitos contra la administración pública. Se busca establecer garantías para las personas y funcionarios que denuncien prácticas incorrectas de que no perderán sus puestos de trabajo, de que podrán continuar con sus funciones y que en caso de ser necesario, puedan permanecer anónimos.
El campaña electoral el hoy presidente de la República, Laurentino Cortizo, al igual que los demás candidatos presidenciales, se comprometió a impulsar este y otras iniciativas anticorrupción en caso de llegar al poder.
La protección de denunciantes formaba parte del Reto Transparencia 2019, impulsado por el capítulo panameño de Transparencia Internacional de cara a la elección pasada.
No obstante, la iniciativa no ha prosperado, pues no se le ha dado siquiera primer debate. Esto, a pesar de que el gabinete de Cortizo tiene iniciativa legislativa y la Asamblea está controlada por el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Democrático.
Protección a periodistas
La violencia contra periodistas y activistas anticorrupción también ha sido una temática clave de la conferencia bianual anticorrupción. En la plenaria general del miércoles 7 de diciembre, en el segundo día de conferencia, se evaluó la situación actual de la violencia contra periodistas.
Jodie Ginsberg, presidenta del Comité para la protección de periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), detalló que el 2022 ha sido uno de los años más dramáticos para la violencia contra periodistas, pues se han contabilizado unas 65 muertes a nivel mundial. Además, al menos 300 periodistas han sido arrestados en distintos países.
Si bien la discusión del panel se centró principalmente en violencia física, con ejemplos de distintos países, incluso Estados Unidos, Ginsberg se refirió a las “amenazas legales” a las cuales son sometidos periodistas en el mundo. Es el caso de Panamá, un fenómeno ampliamente denunciado y reportado por medios, periodistas y sociedad civil.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) identifica el hostigamiento judicial como un tipo de violencia contra el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
En el más reciente informe sobre libertad de expresión elaborado por la SIP y presentado a finales de octubre de este año, incluye una lista de medios y periodistas que han sido objeto de estos procesos. Concluye que en Panamá el acoso judicial persiste como la principal amenaza para periodistas, directivos y medios de comunicación.
La conferencia llevada a cabo en Washington pretende elevar y discutir los temas más importantes en la lucha anticorrupción y dar pie a conversaciones y soluciones innovadoras.
La agenda de la conferencia evidencia que las iniciativas impulsadas y los avances reclamados por la sociedad civil en materia anticorrupción en Panamá van de la mano con la lucha global anticorrupción.
