Debate de contrato minero: Expropiación de tierras, el temor de los pobladores y autoridades locales de Omar Torrijos Herrera

La casa comunal de Coclesito, en el distrito de Omar Torrijos, provincia de Colón, fue ayer miércoles el epicentro del debate del contrato ley propuesto entre el Estado y la empresa Minera Panamá S.A. Fue el escenario de una serie de reclamos, ante las carencias de la zona.

La consulta ciudadana, que no fue transmitida ni por las redes sociales ni por el canal televisivo de la Asamblea Nacional, arrancó a las 10:00 a.m., con una gran presencia policial. En la mesa principal estaban los miembros de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos.

Allí se encontraban los diputados Ariel Alba (Partido Revolucionario Democrático PRD), Nelson Jackson (Cambio Democrático), Alaín Cedeño (Realizando Metas), Pedro Torres (Partido Panameñista) y Elías Vigil (Partido Panameñista). A diferencia de la consulta pública en Donoso, el pasado lunes, en esta ocasión sí estuvo presente el diputado Roberto Ábrego, del PRD, quien preside dicha comisión.

Autoridades locales

Una de las primeras oradoras en tomar la palabra fue Jocelyn Baltazar, presidenta del Consejo Municipal de Omar Torrijos Herrera, quien subrayó que como gobierno local no está en contra del contrato minero, pero sí hay temas con los que discrepan, como el de la expropiación de tierras.

La cláusula 19 del contrato describe que la empresa podrá comprar tierras “dentro o fuera del área de concesión”, y que en caso de no llegar a un acuerdo con el dueño de la tierra, la compañía puede pedir al Estado que haga una expropiación.

La exigencia de Baltazar fue clara: “el temor que tiene la población es el de la expropiación de tierras. Nos gustaría que el Gobierno venga y converse con la gente. Queremos que nos hablen claro, puesto que tanto la población como los concejales merecemos respeto”.

Por su parte, Ismael Ábrego, residente de la comunidad de Sinaí, manifestó durante su intervención que se debe mejorar el contrato y que se deben mejorar las condiciones de las comunidades que rodean el proyecto minero.

La mayoría de los residentes y campesinos que participaron del debate se quejaron del olvido en el que las autoridades mantienen las zonas colindantes a la mina, al tiempo que se mostraron desconfiados de que está situación cambie a raíz de las actividades mineras, pues a su juicio el contrato no propicia dichas transformaciones.

En esa misma línea se manifestó Enely Santos, poblador de la comunidad de Nueva Esperanza, quien expresó que no se puede aceptar el contrato tal y como está porque el principal perdedor sería el país.

En palabras de Santos, quien se identificó como indígena, la mina es una inversión “importante”, pero primero se debe velar por la población y la tierra. “Yo no digo que el proyecto minero sea malo, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Y por el solo hecho de un empleo no podemos vender nuestro país”, apuntó.

Jorge Vargas, también residente de la zona, advirtió de los posibles daños ambientales, en un área que ya arrastra pobreza. Le dijo a los diputados: “Vengo a pedirle a ustedes de levantar la mano y decir que no a ese contrato. Y los vamos a aplaudir”. De lo contrario, dijo que la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional podría “cargar con las muertes que haya en las calles de aquí en adelante”.

Los testimonios, opiniones y recomendaciones contrastan con lo que comunicó el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, en abril pasado, cuando aseguró que con la participación de más de 70 moradores de las comunidades aledañas a la mina Cobre Panamá, el proceso de consulta “avanzaba positivamente”, mientras se aclaraban dudas sobre el proyecto de contrato.

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) destaca como un aspecto económico relevante que Minera Panamá deberá hacer un pago mínimo anual al Estado de $375 millones, incluyendo regalías, Impuesto Sobre la Renta, retenciones de intereses de pago de deuda y el impuesto complementario y retenciones sobre dividendos. Anteriormente, no tenía esta obligación.

Las tasas de regalía oscilan entre 12% a 16%, según el margen bruto. A mayor margen bruto, mayor porcentaje de regalías a pagar.

Los que critican el acuerdo, alegan entre otras cosas, que lo que Panamá gana es ínfimo comparado con los ingresos de Cobre Panamá, el proyecto que explota Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals.

De enero a junio de 2023 First Quantum Minerals reportó que Cobre Panamá había tenido ingresos por $1,303 millones, y luego de los costos de ventas y la depreciación, habían reportado beneficios por $403 millones, el mejor resultado comparado con otras minas del grupo.

Más dudas

El contrato incluye cláusulas en las que se deja claro que el proyecto se va a expandir y que es susceptible de adendas, por lo que hay voces que alertan que no hay seguridad de su verdadera extensión.

Por tal motivo, Félix Mejía, morador del corregimiento de San Juan de Turbe, sostuvo que mientras se habla mucho de las ayudas económicas, no se sabe cuál será el alcance del proyecto minero.

Para Mejía hay que “pelar el ojo” y lo mejor en estos momentos es corregir ese contrato, antes que el pueblo termine en las calles.

Además, sobraron las dudas sobre la capacidad del Estado de supervisar una concesión de más de 12 mil hectáreas.

El 8 de marzo de 2023, la Compañía y el Gobierno de Panamá llegaron a un acuerdo respecto de los términos y condiciones para un contrato de concesión renovado, el cual está sujeto a la aprobación de la Asamblea Nacional. El contrato de concesión prevé un plazo inicial de 20 años con una opción de extensión de 20 años y una posible extensión adicional durante la vida útil de la mina. Así es como la empresa lo ha comunicado a sus inversionistas en sus estados financieros.

Apoyo

A diferencia del resto, Eulalio Yanes Ruíz, otro de los moradores de Coclesito, manifestó que el contrato ya no puede ser derogado porque la operación está en marcha, pero hay entidades como el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Ambiente deben velar porque se haga lo correcto.

En medio de abucheos, Yanes Ruíz negó que trabaje en la mina, pero consideró que las inversiones en Coclesito son importantes, para las futuras generaciones.

En el sitio estaba el ministro de Comercio, Federico Alfaro, quien indicó que seguirán escuchando a las comunidades. “Creo que este contrato representa los mejores intereses del país en comparación con lo que dejó el pasado Gobierno”, añadió.

Además, dijo que seguirán aclarando las dudas que tiene la población a través de información en los medios de comunicación, el primer debate en la Asamblea Nacional y otros canales informativos.

“Lo que estamos haciendo hoy es beneficioso. Estamos dando la oportunidad a los que tienen dudas de expresar sus opiniones”, sostuvo.

Cuando comenzó el debate en la comisión legislativa, la Cámara Minera de Panamá (Camipa), a través de un comunicado, instó a la Asamblea Nacional a que considere la “enorme oportunidad” que se abre para el país y se apruebe el contrato ley con la canadiense First Quantum Minerals para la explotación por 20 años prorrogables de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

Hoy, la consulta ciudadana se trasladará a la comunidad de Sabaneta, en el corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada, en Coclé. El lunes pasado, se realizó en Miguel de la Borda, distrito de Donoso, Colón.

Estas tres comunidades son las más impactadas por la extracción minera.

Ohigginis Arcia Jaramillo

Subeditor Sociedad