Unos 20 exjefes de Estado que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) manifestaron su posición sobre la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, abanderado del pacto político entre Realizando Metas y Alianza, a raíz de la demanda de inconstitucionalidad que analiza la Corte Suprema de Justicia.
En una declaración emitida este 3 de abril, los exmandatarios de IDEA expresaron que son “respetuosos” de la autonomía e independencia de la justicia en los países donde rige la democracia y el estado de derecho. Además, manifestaron su preocupación por la tendencia a “impedir o restringir” el derecho a la participación política en algunos países de la región, así como el ejercicio de presiones políticas indebidas sobre la administración de justicia.
En el comunicado, hicieron referencia a la importancia del ejercicio efectivo de los derechos políticos como un fin en sí mismo y como un medio fundamental para garantizar los demás derechos humanos, según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También agregaron que en casos de sanción admitida mediante ley, esos derechos solo pueden restringirse cuando medie una condena, dictada por un juez competente en un proceso penal definitivamente firme.
La nota lleva la firma de Asdrúbal Aguiar, secretario del grupo IDEA, y aparecen los nombres de 20 exmandatarios, entre los que se encuentran Óscar Arias y Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica; Vicente Fox, de México, Mauricio Macri, de Argentina; Carlos Mesa, de Bolivia; Lenin Moreno, de Ecuador; y Mireya Moscoso, de Panamá.
La Corte Suprema de Justicia tendrá que decidir si es inconstitucional o no la resolución del Tribunal Electoral (TE) que designó a Mulino como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza, en reemplazo de Ricardo Martinelli. La demanda fue presentada el 11 de marzo por la abogada Karisma Etienne Karamañites. El magistrado Olmedo Arrocha es el ponente.
La demanda impugna el punto segundo del Acuerdo del Pleno 11-1 del TE del 4 de marzo de 2024, en el que se inhabilitó al exmandatario para postularse a los cargos de presidente de la República y diputado por el circuito 8-4, por haber sido condenado por el delito de blanqueo de capitales, y se autoriza que en la boleta de votación aparezca el nombre de Mulino.