Con el nombramiento de la conocida militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Maribel Coco y su "silencio" ante las acusaciones de acoso sexual que se han levantado en su contra, el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, abrió las puertas a "un ejército de orcos" que pretende tomarse la Defensoría del Pueblo, politizar la institución y debilitar aún más su institucionalidad, advirtió Mariela Arce, miembro de la Red de Derechos Humanos de Panamá.
Arce anunció que este lunes 7 de octubre la Red, integrada por una treintena de organizaciones de la sociedad civil, hará un pronunciamiento al país sobre lo que ocurre con esta institución, creada mediante la ley 7 de 1997 para defender los derechos humanos y que en 2004 obtuvo rango constitucional.
"Me preocupa la celeridad que se le ha dado a estas denuncias en la última semana, sin que nadie sepa a ciencia cierta si se ha hecho una verdadera investigación ante denuncias tan serias y, por otro lado, ya se está hablando de personas que están presentando sus hojas de vida para reemplazar al defensor, cuando la elección de este funcionario debe cumplir un proceso, como consultas ciudadanas", señaló Arce.
El pasado jueves 3 de octubre la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, que preside la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, recomendó al pleno legislativo la remoción de Castillero Hoyos, porque supuestamente incurrió en hechos o situaciones "contrarios" a la Ley 7 de 1997. Aluden falta de solvencia moral a raíz de denuncias por presunto acoso sexual.
Castillero Hoyos envió una nota a la Comisión de la Mujer en la que señala que se violaron sus derechos y el debido proceso al no permitírsele, entre otras cosas, acceso al expediente.
Zulay Rodríguez da por hecho la salida de Castillero Hoyos
Al ser abordada por los periodistas, la diputada Rodríguez dijo que que este lunes o martes podría decidirse la suerte del defensor en el pleno legislativo, dominado por el PRD y sus aliados.
Rodríguez da por hecho que Castillero Hoyos será removido, porque en el expediente −según ella− hay ocho denuncias que incluyen acoso laboral, sexual e, incluso, de supuesto "encubrimiento en un caso de trata de personas".
La perredista adelantó que ya empezaron a llegar hojas de vida de aspirantes al cargo.
Rodríguez señaló que Coco, quien fue nombrada por Castillero Hoyos como defensora adjunta hace dos semanas pese a que fue destituida de la estatal Universidad Especializada de las Américas como docente por un caso de plagio, no tiene el respaldo de sus colegas diputados para ocupar el cargo de defensora en propiedad.
El nombramiento de Coco produjo la renuncia de la secretaria general de la Defensoría del Pueblo, Joyce Araújo, la cual se hizo efectiva el pasado 30 de septiembre. Araújo ha dicho que esta nueva funcionaria tiene "un perfil político y con una trayectoria en derechos humanos desconocida".
"El defensor del Pueblo ha abierto las puertas para que un ejército de orcos se tome la Defensoría", manifestó Mariela Arce en alusión a los monstruos de la mitología celta popularizados en la película El Señor de los Anillos.
'Un botín político'
Carlos Lee, también miembro de la Red de Derechos Humanos, aseguró que a partir de este lunes emprenderán "una cruzada" para defender la institución y luchar por su fortalecimiento.
"Hoy, con un proceso a todas luces irregular, se pretende dar otro golpe a la institución y los más perjudicados somos los defensores de los derechos humanos y la sociedad en general, ya que se pretende politizar aún más a la institución llamada a enfrentar los abusos del poder gobernante", dijo Lee.
Agregó que en los últimos años los gobiernos "han utilizado la Defensoría como parte de un botín político para emplear a sus activistas, dando un golpe al profesionalismo que debe imperar en los funcionarios que trabajan en esta institución".
El fantasma de Liborio García y Patria Portugal
Desde la creación de la Defensoría del Pueblo en 1997, durante la administración presidencial de Ernesto Pérez Balladares, la Asamblea Nacional ha nombrado un total de siete defensores en propiedad: Italo Antinori (1997-2001), Juan Antonio Tejada (2001-2006), Liborio García (2006), Ricardo Vargas (2007-2011), Patria Portugal (2011-2013), Lilia Herrera (2013-2016) y Alfredo Castillero Hoyos (2016-2021).
Dos de ellos han sido removidos por el pleno de la Asamblea Nacional.
García, quien tenía una denuncia en su contra por violencia doméstica por parte de su propia esposa, solo duró tres meses en el cargo, período marcado por la presión de diversas agrupaciones de la sociedad civil organizada que exigían su renuncia. La Asamblea, entonces dirigida por el perredista Elías Castillo, lo separó mediante la resolución 53 de 29 de junio de 2006.
[VEA AQUÍ: RESOLUCIÓN DE DESTITUCIÓN DE LIBORIO GARCÍA]
En la resolución se señala que García incurrió en incompatibilidades previstas en la Ley 7, particularmente el artículo el artículo 13 de esa ley. El artículo dice así: "El ejercicio del cargo de Defensor o Defensora del Pueblo es incompatible con la filiación partidista y con el desempeño de cualquier otra actividad político-partidista, profesional o comercial, ya sea remunerada o no remunerada, salvo aquellas estrictamente personales o que sean parte del desarrollo de las funciones de la Defensoría".
[VEA AQUÍ: RESOLUCIÓN DE DESTITUCIÓN DE PATRIA PORTUGAL]
Portugal, por su parte, fue removida durante la presidencia de Sergio Gálvez, de Cambio Democrático, mediante la resolución 3 del 5 de agosto de 2013, tras divulgarse, al menos, dos contrataciones en la Defensoría del Pueblo que beneficiaron a una misma familia por varios cientos de miles de dólares. Con estas acciones Portugal incurrió "en negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes", por lo que perdió la confianza del Órgano Legislativo como entidad nominadora.
Castillero Hoyos fue designado en marzo de 2016 con el voto de 55 de los 71 diputados cuando la Asamblea era dirigida por el perredista Rubén De León y con el apoyo del entonces gobernante Partido Panameñista.
