La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA expresó, en su informe anual de 2001, su preocupación por la difamación contra periodistas que reportaban hechos noticiosos en Panamá sobre funcionarios y personas públicas.
En respuesta a esas críticas y las de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la Defensoría del Pueblo de Panamá creó el cargo de Delegado Especial sobre Libertad de Expresión, con la finalidad, según la OEA, de “hacer compatibles las leyes panameñas sobre libertad de expresión con las normas internacionales sobre derechos humanos”.
Pero ese cargo lo ocuparon, formalmente, solo dos personas hasta 2006: los abogados Ricardo Lombana y Guido Rodríguez. Desde entonces, nadie ha ocupado esa posición, pese a las promesas hechas por varios defensores del Pueblo, entre ellos Alfredo Castillero y Maribel Coco.
Casi dos décadas después, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, explica por qué la vacante sigue sin ser llenada.
Usted es defensor desde 2020. ¿Por qué no ha nombrado a nadie en esa posición?
Porque dentro de la estructura de cargos de la Defensoría del Pueblo no está creada la vacante del Delegado Especial sobre Libertad de Expresión y tampoco existe el presupuesto asignado para eso. El Ministerio de Economía y Finanzas no nos ha creado, desde mi llegada al cargo, ninguna posición nueva.
¿Cuántas veces lo ha solicitado?
Todos los años.
¿Y cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas?
Nos han negado las posiciones y nos han respondido que no hay presupuesto para nuevas posiciones permanentes.
¿Por qué no ha nombrado a alguien de adentro con el presupuesto que tiene aprobado?
Porque no tengo el perfil para un cargo de esa importancia.
¿Un oficial de derechos humanos no podría dedicarse a eso?
Sí, pero no tengo ninguno con las competencias para ese cargo y que pueda dedicarse adicionalmente a su trabajo.
¿Cuántos de los 251 funcionarios de la Defensoría son especialistas en derechos humanos?
¿A qué te refieres con especializados? Yo puedo tener a una persona no graduada, pero con experiencia y que hizo la inducción… eso también cuenta.
¿Qué otras vacantes le hacen falta?
Dentro de las que fueron eliminadas en el presupuesto de 2024 están la de doctor, trabajadores sociales, psicólogos, oficiales de derechos humanos, abogados y trabajadores manuales. Nos faltan 34 posiciones de las cuales 6 no fueron renovadas para este año. Y me preguntarás que cuál es la importancia de un doctor… En las inspecciones que hacemos en los albergues, casas de personas mayores, centros de privación de libertad y escuelas, así como en investigaciones especiales que hacemos, necesitamos a ese doctor. Teníamos ese cargo, el doctor renunció y por eso nos quitaron la vacante.
Con Juan Antonio Tejada el presupuesto era de $2.3 millones y había un Delegado Especial sobre Libertad de Expresión. Ahora tienen más de $7 millones de presupuesto. ¿Por qué no capacitar a alguien interno para esas vacantes que faltan?
Al ser temas de tanta relevancia, sería mejor traer a alguien de afuera, y que sea especialista en libertad de expresión.
Mientras eso ocurre, ¿no sería mejor capacitar a alguien de adentro que no tener a nadie que haga valer ese derecho?
La Dirección de Protección de Derechos Humanos lo hace, pero queremos a alguien especialmente para eso.
¿Cuál es la importancia de un Delegado Especial sobre Libertad de Expresión?
Para nosotros, en la defensa de los derechos humanos, es sumamente importante esa relatoría para la protección no solo del ejercicio del periodismo sino también para la libertad de expresión y de ideas que tenemos todas personas que habitamos en el país. Para que las personas se puedan expresar libremente y los medios no sean víctimas de ataques a través de los mecanismos del Estado o de terceros, incluyendo a los dueños de los medios, que buscan la censura o dirigir la noticia. Para que el periodismo se dé de manera libre y sin coacción. Aun cuando la Defensoría actúa en apoyo a los periodistas y así consta en nuestros informes y visitas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la falta de esta vacante es un incumplimiento también en atención a los informes que tiene que realizar Panamá ante la Organización de Estado Americanos.
¿Por qué la Defensoría no se siente presente en hacer valer el derecho a la información, sobre todo ante la inoperancia de la Antai?
No hemos estado ausentes. La Defensoría mantiene el nodo de transparencia vivo aun cuando por ley eso le corresponde ahora a Antai. Uno de los principales derechos vulnerados de la población es el acceso a la información.
El defensor es el magistrado de la persuasión. ¿A las entidades que no actualizan su información, les mandan una carta pidiéndoles actualizarla, en atención a defender ese derecho ciudadano?
Les mandamos una carta cuando se atrasan en la entrega de la información. Pero no la actualizan porque la actualización es voluntaria y no hacerlo no tiene consecuencias legales.
