La Defensoría del Pueblo presentó una propuesta de ley en la Asamblea Nacional para eliminar los acuerdos de pena contra abusadores sexuales de menores de edad.
La iniciativa propone modificaciones a los artículos 65 y 102 de la Ley 21 del 20 de marzo de 2018, que reforma disposiciones del Código Penal de la República de Panamá, con el fin de no aplicar trabajo comunitario, ni el reemplazo de penas cortas cuando una persona sea sancionada por delito contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de una persona menor de edad.
El documento fue entregado por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien en la sustentación de motivos argumentó que según estadísticas del Ministerio Público se reporta una media de 300 casos anuales por violación doblemente agravada, y la mayoría de las víctimas están entre los 7 y 10 años.
En la Asamblea Nacional reposan al menos tres iniciativas dirigidas a impedir que se llegue a acuerdos de pena cuando los hechos de la imputación traten sobre delitos contra libertad e integridad sexual y delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil.
Los mismos informes dan cuenta que entre 2021 y 2022 hubo un crecimiento de 7% en los delitos contra la libertad e integridad sexual. En 2021 se atendieron 5 mil 969 casos de ese tipo, mientras que en 2022 fueron 6 mil 389, a razón de 17 casos por día.
Este año la situación es bastante parecida. Entre enero y julio de 2023 se han reportado 3 mil 632 casos, y si bien se muestra una leve disminución de un 3%, comparado con el mismo periodo de 2022, cuando hubo 3 mil 758 agresiones sexuales, aún el promedio diario se mantiene en 17 casos.
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— Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) August 10, 2023
Los números reflejan que áreas geográficas como las comarcas Guna Yala, Emberá y las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí es donde más se han incrementado los casos este año. Entre los tipos de delitos en los que mayor crecimiento hubo estuvo el acoso sexual, seguido de la posesión de pornografía infantil y relaciones remuneradas con menores de edad.
El informe Análisis de situación de los derechos de los y las adolescentes en Panamá, publicado en diciembre de 2022 por la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que las mujeres adolescentes son las principales víctimas de la violencia sexual en Panamá.
Para sustentar tal señalamiento se refirió a los datos del Ministerio Público, en 2021, que registraron 5,969 víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual.
De ese total de víctimas, 65% fueron personas menores de 18 años (3,878 víctimas) y el 92% de las víctimas menores de 18 años fueron mujeres.
Unicef recomendó actualizar la estrategia multisectorial de prevención de la violencia contra niños y adolescentes, así como generar una estrategia para la prevención y atención del abuso, acoso sexual, las uniones tempranas y otras prácticas nocivas que afectan a la mujer adolescente.
Activistas como Deyka Nieto, presidenta de la Red de Niñez, Adolescencia y Familia, han planteado que resulta “devastador” como sociedad tener estadísticas tan perversas, como la de 17 abusos diarios, siendo las víctimas en su mayoría menores de edad.
Su conclusión es clara y directa: “Una sociedad que no reacciona de manera contundente ante esta realidad, además de cómplice, se convierte en el principal agresor y culpable de lo que está sucediendo”.
