El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado colombiano Pedro Vaca, aseguró ayer que “se requiere de poderes ejecutivos meticulosamente respetuosos de la libertad de expresión... poderes legislativos con profundas convicciones de pluralismo... y poderes judiciales que acudan en defensa de la libertad de expresión y libertad de prensa”.
Las palabras de Vaca surgieron en un conversatorio organizado por el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), a propósito de que la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley para cambiar las reglas del mecanismo de derecho a réplica en los medios de comunicación, proyecto presentado por la diputada oficialista Zulay Rodríguez y, que de acuerdo a gremios periodísticos locales, atenta contra la libertad de expresión.
“El periodismo es la conciencia crítica de nuestra sociedad y garantía inalienable de pensamiento”, aseguró Guillermo Antonio Adames, presidente del CNP, al inaugurar el conversatorio.
“Tenemos la obligación inesquivable de informar con objetividad, ética, transparencia y pulcritud. Ese es nuestro compromiso”, manifestó.
Agregó que en reuniones con altos cargos del Órgano Judicial, el CNP ha expuesto la “firme posición” de que no se quedarán callados ante amenazas de quienes pretenden reprimir el libre ejercicio del periodismo. “Reiteramos nuestro compromiso de que para nosotros la libertad de expresión no es negociable”, concluyó.
Tres funciones
Al tomar la palabra, Vaca describió tres funciones del derecho a la libertad de expresión: el poder pensar por cuenta propia al recibir información plural y diversa, su papel como un derecho llave para la garantía de otros derechos y su función como un pre requisito del debate democrático. Aseguró que la libertad de expresión se trata de “un valor transversal” y un “aliado democrático”.
Se refirió directamente al uso del sistema judicial para amedrentar contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. “No en pocas oportunidades las acciones judiciales se invocan para obstaculizar el debate público”, dijo Vaca. Catalogó esta práctica como “litigación estratégica contra la participación pública”.
Actualmente, en Panamá, a pesar de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros organismos internacionales recomiendan lo contrario, las demandas por calumnia e injuria continúan siendo atendidas en la jurisdicción penal. Adames resaltó este asunto como uno de los obstáculos a la libertad de expresión y prensa en Panamá. Además, agregó que no existen límites a las cuantías para demandas civiles y que las medidas cautelares y secuestros que resulten de estos procesos pueden afectar el funcionamiento de medios de comunicación. También habló del mal uso de argumentos jurídicos “confusos”, como la violencia de género u otros, para procesar a periodistas en el ejercicio de sus funciones.
Al terminar el conversatorio, Javier Caraballo, procurador general de la Nación (encargado) -quien estaba en el público-, se refirió a algunas de las denuncias por calumnia e injuria que reposan en el Ministerio Público. “Hay una serie de casos que deben ser investigados. No obstante, es de interés de esta administración que haya celeridad, objetividad y sobre todo una visión de un cambio derecho a la libertad de expresión”, explicó.
“En otros rincones de la región vemos señalamiento al mensajero por encima de la respuesta al mensaje”, dijo Vaca durante su intervención. Resaltó la importancia que tiene el hecho de que se lleve a cabo un evento como este en Panamá, y agregó que en varios países de la región, es algo “imposible”.
“Habla de que giran alrededor de este salón valores democráticos y de pluralismo, que toca cuidar”, manifestó. “Vivimos tiempos en los cuales ninguna estabilidad está garantizada y definitivamente la libertad de expresión enfrenta muchos riesgos” dijo al iniciar su intervención.
Al ser consultado directamente sobre el proyecto de ley del derecho a réplica, se limitó a asegurar que el sistema interamericano cuenta con un amplio marco legal para estos temas. No obstante, no manifestó opinión concreta. “Este no es el escenario para analizar un proyecto de ley que no ha sido remitido a mi oficina y que puede ser remitido por las autoridades en un momento que parezca conveniente”, añadió.
Por parte del cuerpo diplomático, las embajadoras Isle Smits y Kim Ursu, de Países Bajos y Canadá, respectivamente, tomaron la palabra para reiterar su compromiso con la promoción de la libertad de expresión. “Para que una democracia sea robusta, requiere de un ambiente seguro y propicio para ejercer la libertad de prensa”, dijo Smits al tomar la palabra. Se refirió también a la relación entre la libertad de prensa, la democracia y el desarrollo económico.
Ursu, por su parte, habló sobre la relación entre el poder y los medios de comunicación. “Debería estar libre de prejuicios... Esto es otra piedra angular de la una democracia”, dijo la embajadora canadiense. En cuanto a la labor de los periodistas, manifestó que deben estar comprometidos a “exigir responsabilidades a las instituciones públicas y a proteger y promover la libertad y los derechos humanos”.
Compartieron la mesa con el relator, Adames; la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney; la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, y el embajador de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante Panamá, Rubén Farje.
En el público estaban miembros del cuerpo diplomático; el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery; la fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea; el magistrado de la CSJ, Carlos Vásquez Reyes, y los diputados Víctor Castillo y Edison Broce, entre otros.
