La Prensa, un periódico panameño de gran prestigio y con una larga trayectoria de desafío a las autoridades, está bajo amenaza existencial. Una demanda civil interpuesta por un expresidente se encuentra ahora ante la Corte Suprema y podría llevar al cierre de la publicación, que tiene 44 años de existencia.
El expresidente Ernesto Pérez Balladares está argumentando en un caso de hace 12 años que el periódico le causó “daño moral” al publicar información incorrecta que la fiscalía informó en una investigación de corrupción.
El fiscal se equivocó en la cantidad de dinero que se movió por una cuenta off-shore a la que Pérez estuvo vinculado. Aunque La Prensa también publicó la versión de la historia del expresidente, Pérez Balladares dice en su demanda que quiere que el periódico le pague $5.5 millones en daños.
“Que un expresidente te demande por 5 millones de dólares por un error que cometió el fiscal, tú te das cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza”, le dijo a LatAm Journalism Review (LJR), Annette Planells, presidenta ejecutiva de la Corporación La Prensa (Corprensa). “Cuando tú ves los montos de las demandas, hay una intención detrás que va muchísimo más allá de reparar algún daño, sino de afectar la sostenibilidad del medio”.
“Que un expresidente te demande por US $5 millones por un error que cometió el fiscal, tú te das cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza”: @aplanells, de Corprensa de Panamá, sobre uno de los casos que pone en peligro el funcionamiento de la @prensacom.https://t.co/zWaWPMORXx
— LatAm Journalism Review (@LatAmJournalism) September 5, 2024
Esta no es la primera vez que La Prensa, que fue fundada por exiliados políticos en 1980, ha sido confrontada por las autoridades. En 1982, el editor del periódico fue arrestado por escribir un artículo acusando al presidente de incitar a la violencia contra las oficinas del periódico.
Ahora, La Prensa enfrenta 15 casos civiles y cinco denuncias penales de otros exfuncionarios de gobierno que podrían representar más de $50 millones en multas y daños. La demanda de Pérez Balladares podría ser el mayor desafío hasta ahora.
Un error publicado por varios medios
El origen del caso se remonta a 2009, cuando periodistas de La Prensa investigaron las concesiones que el gobierno de Panamá hizo para que particulares pudieran operar casinos durante la presidencia de Pérez Balladares, de 1994 a 1999. Pérez Balladares había privatizado las empresas estatales de telefonía y electricidad, y la investigación de La Prensa descubrió que personas cercanas a él –entre ellas un hermano y un yerno– se beneficiaron de concesiones para juegos de azar, que de otro modo habrían estado bajo control del Estado.
Las investigaciones de La Prensa revelaban que algunas de las empresas que recibieron concesiones realizaban depósitos a una cuenta bancaria con sede en Bahamas de una sociedad cuyos documentos de constitución fueron firmados por Pérez Balladares.
Después de la publicación de La Prensa, la fiscalía especializada en delincuencia organizada anunció que abrirían una investigación y citaron a Pérez Balladares a rendir indagatoria por presunto blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.
En 2011, la vista fiscal informó que dicha cuenta de las Bahamas había tenido movimientos por más de $176 millones entre 2009 y 2010. Sin embargo, la defensa del expresidente informó que hubo una interpretación errónea de esos movimientos los cuales correspondían a todos los clientes con cuentas en el banco durante ese periodo.
Ese año, Pérez Balladares y 14 personas acusadas de blanqueo de capitales fueron sobreseídos por el Juzgado Noveno Penal. Para la justicia, el Ministerio Público no logró probar sus acusaciones.
La Prensa publicó tanto la versión de la fiscalía como de la defensa, explicó Planells. El periódico sigue los estándares internacionales de transparencia y responsabilidad del Trust Project, agregó.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) revisó las publicaciones de La Prensa y no encontró violaciones a la ética periodística, le dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a LJR. “Reflejaba la instancia judicial que se estaba llevando adelante y que es propio de lo que debe hacer un medio de comunicación cuando hay una figura pública que está siendo cuestionada o señalada por la justicia”, dijo Jornet.
A pesar de esto, Pérez Balladares demandó en 2012 a La Prensa por “daño moral” con base en la información relacionada con la cuenta bancaria en las Bahamas.
El caso estuvo parado en el sistema de justicia hasta 2020 cuando el exmandatario solicitó el embargo de bienes del medio, el cual fue aprobado. La justicia aprobó el secuestro preventivo de los bienes del medio por más de $1 millón, razón por la cual empresas madre de La Prensa tiene una cuenta bancaria congelada.
En junio de 2023, un tribunal de primera instancia dio la razón a La Prensa y condenó al exmandatario a pagar las costas del caso judicial. En noviembre de 2023, un tribunal en segunda instancia revocó esa decisión y condenó a la Corprensa a pagar US $5.000 al exmandatario por daño moral.
Ahora será la Corte Suprema la que decida finalmente este caso.
LJR consultó al abogado del expresidente Pérez Balladares, José María Castillo, quien declinó hacer comentarios. En su lugar, compartió una carta de respuesta a las preocupaciones expresadas por la SIP.
Entre lo señalado en la carta, Castillo aseguró que la demanda contra La Prensa no puede considerarse como acoso toda vez que buscan proteger la honra de su representado. Señaló que quien ha sufrido acoso es el expresidente Pérez Balladares.
En La Prensa “no tuvieron la capacidad de disculparse y mucho menos publicar una aclaración en debida forma” escribió Castillo en su carta. “Resistieron por un año la obligación moral y ética que tenían de corregir su falla. Un año después, en vista de su actitud, presentamos la demanda”.
La carta no aborda temas como el monto pedido en reparación, ni la publicación en La Prensa de la versión de la defensa. Tampoco menciona el error de información originado en la Fiscalía y que fue publicado por otros medios.
La directora de relaciones públicas de la Corte Suprema, Marisol Velasco, le dijo a LJR que no pueden hacer pronunciamientos sobre casos que llegan a la Corte.
Afectaciones para el periodismo panameño
Este no es el único caso abierto contra La Prensa. Otros exmandatarios, como Ricardo Martinelli y su esposa, funcionarios públicos, diputados, excontratistas del Estado y otras figuras públicas tienen demandas en contra de La Prensa.
Desde 2006, La Prensa ha enfrentado cerca de 30 querellas penales y 21 demandas civiles, que representaban $60 millones, dijo Planells. Han logrado cerrar algunas causas.
“Los gastos legales han sido enormes”, explicó Planells. “Si a eso le sumamos la posibilidad de que estas demandas prosperen, bueno, estamos frente a la posibilidad de cerrar el medio ahogado financieramente”.
Planells dijo que estos casos promoverán la autocensura en otros medios y periodistas, especialmente en temas relacionados con corrupción.
“Genera una autocensura que lo único que hace es que sea terreno fértil para que sigan haciendo sinvergüenzuras, sigan abusando del poder en su beneficio”, dijo Planells.
Para Jornet, de la SIP, lo que enfrenta La Prensa representa las fuerzas que desafían la libertad de prensa en Panamá. La SIP ha manifestado la necesidad de un cambio en la jurisprudencia que aborde temas como los embargos a medios, altas cifras de indemnización, así como el acoso judicial.
“Las demandas totalmente inusitadas, desmedidas que de entrada se sabe que es una forma de presión más que de buscar un resarcimiento”, dijo Jornet. “Hay una desproporción clara, manifiesta y lo que busca es generar una presión muy fuerte contra el medio de comunicación y condicionarle su línea editorial”.
(Esta publicación fue publicada originalmente por LatAm Journalism Review)
