En un extenso artículo de opinión, publicado el pasado lunes 16 de enero en el influyente diario estadounidense The Washington Post, el exgobernador republicano de Florida, Jeb Bush, quien también es hijo y hermano de los dos expresidentes Bush, atacó fuertemente el registro de naves panameño y cuestionó el comportamiento de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), con respecto al uso de barcos con bandera panameña para contrabandear petróleo y gas iraní.
En el artículo, Bush se identifica como asesor de la organización United Against Nuclear Iran (UANI) [Unidos contra un Irán Nuclear]. El político republicano afirmó que tienen bandera panameña el 39% de las 288 embarcaciones que la organización que asesora, ha identificado como sospechosas de dedicarse al contrabando de hidrocarburos iraníes. Ese tráfico ilegal le produjo a Irán un estimado de 30 mil millones de dólares en el año 2021.
Bush dijo que: “La AMP ha recibido evidencia reunida por UANI de 130 embarcaciones de interés, pero la AMP ha expulsado solo 18 de estos, lo que permite que los demás continúen su presunta función como mulas para el régimen iraní.” .
Más adelante Bush explicó que: “Hace dos meses, el Departamento del Tesoro, como parte de sus esfuerzos antiterroristas, señaló a tres buques de bandera panameña por su participación en la mezcla de petróleo iraní con petróleo indio.”.
En su dura crítica a la actitud de Panamá en este tema, Bush cuestionó la aspiración panameña de ocupar la secretaría general de la Organización Marítima Internacional, con sede en Londres, diciendo que: “El gobierno panameño no merece el prestigio que ganaría si su embajador ante la organización, Arsenio Domínguez, se convirtiera en secretario general de la agencia. En pocas palabras: Panamá no es digno de la confianza de la comunidad internacional.”.
En el cierre de su artículo, Bush le recomendó al Congreso de los Estados Unidos, en manos republicanas, a realizar audiencias sobre este tema, y le pidió al gobierno del presidente demócrata Joe Biden que ponga a todos los navíos y empresas implicadas en la lista del Departamento del Tesoro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). Además, instó al mandatario a presionar fuertemente a Panamá en esta materia.
La respuesta de la AMP
La Autoridad Marítima emitió, el día martes 17 de enero, un comunicado de 10 párrafos, en el que intentó responder a las críticas de Jeb Bush. La institución explicó que ha cancelado el abanderamiento de 678 naves en los últimos años de la siguiente forma: “...120 para el 2019, 86 para el 2020, 237 para el 2021 y 235 para el 2022.”.
La entidad afirmó que estas cancelaciones se han dado principalmente en razón de que estas naves tenían alguna participación de apoyo al financiamiento del terrorismo internacional, o practicaban la pesca “ilegal, No declarada y no Reglamentada”. Más adelante la institución explicó que: “El registro panameño canceló 136 naves en la cual se probó su vinculación directa con la compañía National Iranian Oil Company.”.
En la respuesta más directa a los cuestionamientos de Jeb Bush la AMP dijo: “...con respecto a las naves que el autor del artículo mencionado hace referencia, es importante señalar que se llevan a cabo investigaciones en torno al cumplimiento de los convenios ratificados por la OMI, historial de propietarios, grupos económicos y una debida diligencia bajo nuestros estándares establecidos y tomando en cuenta y considerando las instrucciones emitidas a través de los paneles de expertos. Aquellas naves que resulten identificadas incumpliendo con la normativa nacional son sujetas de sanciones administrativas, económicas, hasta de la cancelación del registro.”.
La AMP concluyó su respuesta afirmando que: “Esta Administración ha cumplido en todo momento a cabalidad con las obligaciones y procedimientos como Estado del Pabellón…”, y rechazó en términos firmes la crítica al comportamiento de Panamá en el manejo de su pabellón.
Una reacción equivocada
La administración del presidente Laurentino Cortizo no ha sabido dimensionar la escala y magnitud del cuestionamiento de Jeb Bush. Esto no se trata de un ataque al país, o una denuncia proveniente de un competidor. Es realmente un señalamiento de deslealtad y poca diligencia de Panamá en el cumplimiento de sus obligaciones hacia sus aliados.
Al igual que le sucedió a la administración de su predecesor con el escándalo de “Panamá Papers”, al gobierno actual se le puede presentar una situación de efecto avalancha, en la que una publicación periodística deviene en un duro cuestionamiento internacional hacia toda la economía panameña. La respuesta que debió dar el Estado no era por vía de un comunicado de la AMP. Con el liderazgo del presidente de la República debería hacer una conferencia de prensa con la participación de la cancillería, el Ministerio de Seguridad, la Procuraduría General de la Nación y la AMP, para enviar la primera señal de que Panamá entiende la preocupación.
El gobierno del presidente Cortizo debe ejercer el derecho a réplica al artículo de Bush en el The Washington Post, y a la vez iniciar un esfuerzo en medios de comunicación de los países desarrollados para explicar la versión de Panamá.
Además es necesario que la AMP revise sus procedimientos para quitar el pabellón por conductas tan peligrosas para la comunidad internacional. Esta tramitación no puede estar dominada por el burocratismo, la lentitud y la indiferencia. Por el contrario, Panamá debe demostrar una actuación rápida y definida en este tema.
Si esto se le escapa de las manos al gobierno del presidente Cortizo, tiene el potencial de convertirse en una estocada contra el abanderamiento de naves, y puede agravar la condición de Panamá en listas discriminatorias, sobre todo con el mote de que “Panamá es un país que colabora con Irán”. Lo que los panameños podemos perder por ese descuido va mucho más allá de los 8,653 navíos abanderados, que representan el 16% de la marina mercante mundial. La respuesta que el país debe dar requiere urgencia y mucho liderazgo, una omisión de parte del gobierno actual puede dejar un legado económico y de relaciones exteriores cargado de aislamiento, recriminaciones y castigos que la nación no recibiría, si sus funcionarios actuaran con diligencia.