Unos 28 diputados –entre principales y suplentes– elegidos en 2009 tienen 42 denuncias en la Corte Suprema de Justicia que datan hasta del año 2002.
Las denuncias, en su mayoría, son por delitos relacionados con la administración pública por el supuesto mal manejo de fondos asignados durante su gestión. Los otros casos son de tipo electoral.
Algunos de estos diputados tienen hasta cinco denuncias. Sin embargo, ninguno de sus procesos ha finalizado con una sentencia condenatoria. De hecho, muchas de las quejas han sido engavetadas.
Por ejemplo, el ex presidente de la Asamblea José Luis Varela mantiene cinco casos, de los cuales dos son por el supuesto delito contra la administración pública, que están en trámite.
El diputado panameñista Ósman Gómez también mantiene un expediente abierto por supuesto delito electoral. Por un caso similar fue denunciado el actual presidente de la Asamblea, José Muñoz.
Una de las quejas de más antigüedad es contra José Isabel Blandón, que en 2002 fue acusado por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares por el supuesto delito contra el honor. Pérez Balladares se sintió ofendido porque el diputado lo emplazó públicamente a que explicara el origen de su fortuna.
La diputada Marilyn Vallarino, en tanto, tiene una denuncia por delito contra el patrimonio. En trámite de levantamiento de fuero electoral está una investigación contra Tito Rodríguez, y un expediente abierto a Jorge Rubio se archivó, ya que se admitió un desistimiento de la queja.
Aunque ninguno de los actuales diputados ha sido condenado, este año los diputados realizaron una maniobra que no les resultó. Dos días antes de que concluyera el primer período de sesiones ordinarias del segundo año legislativo (31 de octubre), los diputados trataron de aprobar en tercer debate una ley que prácticamente los blindaba ante las investigaciones.
El proyecto de ley le quitaba facultades al Ministerio Público para indagarlos, ponía trabas a las personas que deseaban denunciar a los diputados y establecía a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia –que jugarían el rol de fiscal– un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.
Por las críticas que recibió el proyecto de ley, el pleno desistió de la idea a las 9:00 p.m., cuando estaba a punto de finalizar el último día de sesiones ordinarias (30 de octubre de 2010). En aquel momento, la razón que dio Muñoz es que debían analizar mejor el documento. Además, el autor de este, el diputado Hernán Delgado, no se encontraba.
No obstante, el presidente de la Asamblea fue enfático en que a partir del nuevo período de sesiones ordinarias discutirían en tercer debate el documento.
