La directora de la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), Roxana Méndez, confirmó lo que durante meses fue un secreto a voces y que en su momento denunció La Prensa: los fondos de la llamada “descentralización paralela” o subprograma de interés social, por un total de $320 millones, se repartieron sin ningún criterio claro.
“Lo que nosotros podemos decir es que se usaban estas transferencias de manera discrecional, no había un criterio”, fue la respuesta de Méndez, quien precisó que de 754 juntas comunales y municipios que fueron notificados, un total de 385 presentaron informes sobre el uso de esos fondos.
A esto se suma que 41 juntas comunales y municipios informaron a la entidad que en su gobierno local no reposa ninguna documentación sobre los gastos del dinero de la descentralización paralela, a pesar de haberlo recibido.
La política
Si bien no existía ningún tipo de criterio, como mencionó Méndez, lo que queda claro es que las juntas comunales y municipios más beneficiados con estas transferencias estaban en manos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La junta comunal que más millones recibió fue la de Barrio Norte, en la provincia de Colón, donde Jairo “Bolota” Salazar es representante de corregimiento y diputado a la vez. En el caso de Barrio Norte, se entregaron $14.1 millones.
La junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, destaca como una de las principales beneficiarias de la descentralización paralela, recibiendo $6.6 millones. En ese momento, el representante del corregimiento era César Caballero, quien fue asesinado el año pasado al llegar a su residencia. El diputado con mayor influencia en la zona es Raúl Pineda, del PRD.
En tercer lugar, se encuentra la junta comunal de Changuinola, en Bocas del Toro, que recibió $6.0 millones, con José de La Lastra, también del PRD, como representante. Sin embargo, las miradas apuntan a Benicio Robinson, diputado de ese circuito y presidente del PRD, quien habría jugado un papel clave en la distribución de casi $30 millones en toda la provincia de Bocas del Toro.
En el distrito de Panamá, las tres juntas comunales que más fondos recibieron fueron Ancón ($3.9 millones), Curundú ($3.6 millones) y Juan Díaz ($3.3 millones).
El silencio
Méndez también detalló que no conversó sobre este tema con el exdirector de la AND, Edward Mosley Ibarra, durante el proceso de transición.
“Durante la transición, nunca nos informaron de los montos que se habían transferido a través de esta cuenta, solamente que había un programa llamado de inversión social, y no nos dieron detalles”, dijo la funcionaria.
Según la directora de la AND, a partir del próximo viernes 18 de octubre, las denuncias de mal manejo o falta de justificación en el uso de los fondos comenzarán a ser remitidas al Ministerio Público de manera escalonada.
La falta de documentación adecuada podría derivar en sanciones legales y administrativas, ya que la AND ha dejado claro que los casos sin justificación serán remitidos al Ministerio Público para su debida investigación.
El proceso de notificación a los gobiernos locales comenzó tras el comunicado emitido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, el 15 de agosto, en el cual se instó a las 754 juntas comunales y municipios que recibieron fondos de la descentralización a presentar informes detallados en un plazo de 60 días.
