La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha presentado hasta el momento 54 denuncias ante el Ministerio Público, relacionadas con el presunto mal uso de fondos distribuidos a través de la controversial “descentralización paralela”.
Estas denuncias, que se centran principalmente en juntas comunales del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el período de 2020 a 2024, han puesto en el ojo del huracán la gestión de $320 millones destinados a proyectos locales.
Llama la atención que entre las juntas comunales denunciadas aún no figuran aquellas que manejaron los mayores montos de dinero de la descentralización paralela. Tal es el caso de la junta comunal de Barrio Norte, en la provincia de Colón, donde Jairo Bolota Salazar es representante de corregimiento y diputado. En este corregimiento se entregaron $14.1 millones en ese periodo.
Tampoco aparece en la lista la junta comunal de Changuinola, en Bocas del Toro, que recibió $6 millones, y cuyo representante es José de La Lastra, también del PRD. Cabe destacar que Benicio Robinson, diputado de ese circuito y presidente del PRD, es la figura con mayor control político en toda la provincia de Bocas del Toro, donde se distribuyeron $30 millones de la descentralización.
La junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, que recibió $6.6 millones, sí ha sido denunciada por la Autoridad de Descentralización. No obstante, su representante, César Caballero, no podrá rendir cuentas con la justicia, ya que fue asesinado el año pasado al llegar a su residencia. En esta zona, el diputado con mayor influencia es Raúl Pineda, del PRD.
Otras juntas comunales que recibieron montos elevados fueron Cristóbal Este, en Colón, con $5 millones; David cabecera, en Chiriquí, con $4.9 millones; Salud, también en Colón, y la de Bocas del Toro, con $4.6 millones cada una.
Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, obtuvo $4 millones, mientras que Ancón, en Panamá, recibió $3.9 millones y Omar Torrijos, en San Miguelito, cerró con $3.7 millones.
De este grupo, la junta comunal de Amelia Denis de Icaza, cuyo edil entre 2019 y 2024 fue el perredista Nicolás Barrios, y la de Ancón, cuyo representante era Iván Vásquez, han sido denunciadas.
Nuevas denuncias
El pasado viernes, la Autoridad de Descentralización informó que presentó nuevas denuncias, entre las que destacan tres juntas comunales del distrito de Panamá: San Francisco, Pacora y Ernesto Córdoba Campos.
En el caso de San Francisco y Ernesto Córdoba Campos, los ediles entre 2019 y 2024 fueron Carlos Pérez Herrera y Rubén Medina, respectivamente. A pesar de sus aspiraciones, ambos no lograron reelegirse. Por otro lado, el representante de Pacora, Hugo Henríquez, sí consiguió su reelección.
Consultado sobre la denuncia, Pérez Herrera expresó que no entendía el motivo. “Lo que te puedo decir es que todo está sustentado y la Contraloría puede dar fe de ello”, afirmó el exrepresentante de San Francisco.
Otra de las juntas comunales del distrito de Panamá que recibió un monto significativo, $3.3 millones, fue la de Juan Díaz. Su representante en el periodo anterior fue Javier Sucre, quien también es diputado del PRD y jefe de bancada en la Asamblea Nacional.
Cuestionado al respecto, Sucre subrayó que en el periodo anterior, bajo la gestión de Imelda Sucre, su hermana y suplente, se utilizaron los fondos de descentralización de forma adecuada. Asegura que los informes están “claros y disponibles” para demostrar la transparencia de los proyectos realizados, en los que se priorizó la inversión en infraestructura y desarrollo local.
Sucre sostiene que “todo está documentado” para disipar cualquier duda que pueda surgir en la ciudadanía.
A pesar de su rol de liderazgo en la bancada del PRD, Sucre asegura no tener detalles precisos sobre la cantidad de fondos recibidos por otras juntas comunales del partido, pero defiende la necesidad de que cada gestión saliente tenga la oportunidad de presentar sus informes y aclarar los manejos de sus fondos.
Otros ediles, como Jairo Bolota Salazar, aún guardan silencio sobre el elevado monto recibido de la descentralización y cómo fue utilizado en su corregimiento, donde hay altos niveles de pobreza y desidia estatal.
El proceso de notificación a los gobiernos locales comenzó tras el comunicado emitido por el presidente de la República, José Raúl Mulino, el pasado 15 de agosto, en el cual se instó a las 754 juntas comunales y municipios que recibieron fondos de la descentralización a presentar informes detallados en un plazo de 60 días.
La falta de documentación adecuada podría derivar en sanciones legales y administrativas, ya que la AND ha dejado claro que los casos sin justificación serán remitidos al Ministerio Público para su debida investigación.
Las 54 juntas comunales denunciadas no han presentado sus informes o no han podido sustentar el uso de estos recursos.
