“Obviamente la Contraloría debe hacer los auditos de recursos que se transfieren a las diferentes juntas comunales”. La frase la lanzó el presidente de la República Laurentino Nito Cortizo el pasado 11 de junio en medio de la jornada de votación de las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la agrupación política a la que pertenece.
Fue la respuesta que dio cuando le consultaron por el desvío de $202 millones a gobiernos locales en manos del PRD. Ese día, tanto el mandatario como su vicepresidente y candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, no explicaron el desvío de millones con criterio político.
Días antes, un comunicado de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), entidad responsable de las millonarias transferencias, también había invocado a la entidad a cargo de Gerardo Solís. La contraloría ejerce “el control pertinente de los fondos”, decía la nota de la prensa en la que AND justificó la descentralización paralela y eximió a los diputados de cualquier responsabilidad.
Nulo papel de los entes de control
Sin embargo, la Contraloría, quien por ley tiene el deber de fiscalizar el uso del dinero público, no se ha pronunciado al respecto. Desde el pasado 16 de mayo, cuando La Prensa dejó al descubierto que la AND ordenó pagos por más $200 millones a 473 de las 679 juntas comunales del país, por fuera del esquema establecido por la ley, Solís ha guardado silencio. El asunto levantó las alertas sobre el nulo papel que ejercen los entes de control en un gobierno que maneja un presupuesto anual de más de $27 mil millones.
“Es inadmisible que con el tema de la descentralización paralela, los entes de control no estén jugando su papel. He instado al contralor de la República (Solís) a que haga dos acciones: un audito a todo lo que dispensó la Autoridad Nacional de Descentralización y otro audito por supuesto enriquecimiento injustificado de algunas personas, de acuerdo a las noticias que salieron, y el contralor no ha dicho absolutamente nada (...)”, aseguró el abogado Ernesto Cedeño, quien solicitó a Solís que audite los fondos de la descentralización.
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Pero Cedeño también apuntó el dedo hacia la Fiscalía General Electoral, entidad que dirige Dilio Arcia, uno de los fundadores del PRD, quien ya decretó que no hay delito electoral en el desvío de millones a juntas comunales y municipios que son feudos políticos de diputados del PRD y otros, en plena campaña electoral.
“Si los entes de control no juegan su papel, no va a haber la certeza de que se va a administrar la cosa pública como buen padre de familia, o pudieran estar cometiendo el delito conocido como infracción de los deberes de los servidores públicos”, aseguró el abogado, quien también presentó otra denuncia ante la Fiscalía General Electoral, por este tema.
Días antes de que estallara el escándalo, la Contraloría respondió una carta al diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien le consultó sobre los fondos que algunos gobiernos locales adicionales a los dos programas oficiales de la descentralización: el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el Impuesto de Bien Inmueble (IBI), es decir los fondos de la descentralización paralela. La secretaria general de la institución, Zenia Vásquez, en la nota enviada a Vásquez, se limitó a decir que la institución “no tiene competencia o injerencia en la aprobación de la asignación de los fondos de los proyectos de iniciativas comunitarias y sociales que son presentadas por las diferentes junta comunales o municipios”. Es decir, esquivó el tema.
Silencio cómplice ante los escándalos
Desde que se sentó en la silla de la Contraloría, Solís, antiguo militante del PRD, ha elogiado la administración de Cortizo, justificado el aumento de la planilla estatal y minimizado los escándalos de esta administración, sobre todo aquellos relacionados con compras estatales, en medio de la crisis sanitaria por la covid-19.
Representantes de la sociedad civil y figuras políticas, piden cuentas a la Contraloría y a la Fiscalía General Electoral.
“Vamos a poner el dedo en el problema: el contralor general de la República y el fiscal electoral. Toda esa actividad es ilegal. Es delito. Pero tenemos un contralor que mira para un lado y un fiscal electoral que mira para otro. Entonces, vamos a seguir sorprendiéndonos, hasta que entendamos que tenemos que poner en esos cargos a personas que cuiden la plata”, dijo a La Prensa, Ricardo Lombana, virtual candidato presidencial del Movimiento Otro Camino.
‘El que está en el Gobierno es el PRD’: Robinson
El que sí habló del tema, pero para decir que no había nada malo en las millonarias transferencias, fue el presidente del PRD, Benicio Robinson. Aseguró que los más de $200 millones que han llegado a juntas comunales y municipios, están en presupuesto del Estado, negó que los fondos se entregaran en la campaña y justificó los millones que llegaron a Bocas del Toro. “Tiene que ser, allá hay 18 juntas comunales”, obviando que los fondos quedaron en manos de sus representantes aliados.
Nadie sabe nada, todo es perfecto, Varela también lo hizo. CONGOLANDIA. pic.twitter.com/40Wr4RphxP
— Alvaro Alvarado - Sin Rodeos (@AlvaroAlvaradoC) June 16, 2023
Cuando los periodistas le preguntaron por qué tantos millones para las juntas comunales del PRD, el también presidente de la Comisión de Presupuesto dijo: “El que está en el Gobierno es el PRD”. Luego añadió que él no puede decir a quién le toca o a quién no. Entonces, pidió a los reporteros que verificaran “todos los años” y mencionó a las administraciones de Juan Carlos Varela (2014-2019), Ricardo Martinelli (2009-2014), Martín Torrijos (2004-2009) y Mireya Moscoso (1999-2004).
Juntas comunales y municipios de Bocas del Toro, con autoridades locales leales a Robinson, recibieron 28.9 millones entre junio de 2021 y mayo de 2023.
