Los $28.9 millones de la descentralización paralela no han tenido ningún impacto en la vida de los habitantes de Bocas del Toro. Lo dicen los mismos bocatoreños. Buena parte de ellos no tiene acceso a agua potable, las carreteras y caminos están en mal estado y todavía hay niños y niñas que asisten a escuelas rancho.
“Aquí en Bocas del Toro muchos niños mueren de desnutrición. Eso es muy lamentable”, dijo María Tereza Rivera a La Prensa desde Changuinola, epicentro comercial de la provincia y una de las zonas más beneficiadas con la bonanza de la descentralización paralela.
La Prensa analizó más de 3 mil registros de órdenes de pago de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) refrendados por la Contraloría de la República, por fuera del esquema que impone la ley. De ellos, 210 fueron para juntas comunales y municipios en la provincia de Bocas del Toro: $28.9 millones. Changuinola recibió poco más de $6 millones, $178 por habitante en una provincia donde el ingreso mensual promedio de las familias es de $900. ¿A dónde va el dinero? Los vecinos dicen que no van a mejorar la vida de la comunidad y las autoridades no dicen nada.
La junta comunal de Changuinola está a cargo de José De La Lastra, un perredista que dice admirar al presidente del partido, Benicio Robinson. Ni De La Lastra ni Robinson respondieron las consultas de La Prensa. Tampoco contestaron los encargados de la AND ni el Ministerio de Economía.
Apoyo para el alcalde de Almirante
Los datos muestran, además de una mecánica paralegal, la linealidad del PRD con su tropa y cómo se mueven las afinidades y alianzas entre partidos políticos. Las partidas secretas de la AND también llegaron a tres de los cuatro distritos de la provincia: Almirante ($2.7 millones), Chiriquí Grande ($1.2 millones) y Bocas del Toro ($180 mil).
Lo que sí pesó al momento de repartir el dinero fueron las alianzas políticas coyunturas que se tejen para perseguir un fin específico. Por ejemplo: el 95.7% de los fondos para municipios de Bocas del Toro, fueron para alcaldes de Cambio Democrático (CD) allegados a la diputada Yanibel Ábrego.
Eso quedó demostrado con los $2.7 millones que recibió Derick Echeverría, el alcalde de Almirante, ficha de la diputada Yanibel Ábrego, secretaria general de CD y quien busca arrebatarle el control del partido a Rómulo Roux. Echeverría, quien fue electo como nuevo secretario de la juventud de CD en las internas del 19 de marzo de este año, recibió 12 transferencias y cuatro de ellas se realizaron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo, es decir, en la víspera de las elecciones de CD (19 de marzo).
Roux denunció que en esas internas el CD que responde a su línea política compitió contra Yanibel Ábrego, Ricardo Martinelli y el PRD. “Estuvo involucrado Martinelli, el PRD, los candidatos del PRD, el presidente del partido PRD (Benicio Robinson) ayudando a nivel nacional y apoyando. Y lo dijimos antes de las elecciones, hay que revisar cómo se manejan los fondos del Estado antes de elecciones de este tipo de ejercicios electorales. Esas son las cosas que afectan la legitimidad”, manifestó el 20 de marzo, un día después de los comicios.
La Prensa llamó al alcalde Echeverría y éste aseguró que estaba conduciendo, por lo que pidió tiempo para responder las preguntas. Prometió que respondería todas las interrogantes hoy martes.
El segundo que más recibió fue Leonardo Ellington, ($1.2 millón) de Chiriquí Grande, otro seguidor de Yanibel Ábrego. En tanto que Emiliano Torres, de Isla Colón (Bocas del Toro), quien pertenece a la facción de Roux, recibió $180 mil.
Más ejemplos
La junta comunal de Changuinola recibió poco más de $6 millones, lo que equivale a $178 por habitante. Changuinola está bien posicionada en la distribución de la estructura discrecional montada por el gobierno, pero mal en cualquier otro ranking: la informalidad laboral y la pobreza es mucha -ocupa el puesto 255 entre los 630 corregimientos listados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el índice de pobreza multidimensional.
Aunque le hayan tocado menos fondos, en proporción la de Bocas del Toro ($4,6 millones) salió más beneficiada por la estructura paralela montada por el Gobierno: $462 dólares para cada bocatoreño. A Chiriquí Grande ($3,5 millones) le fue todavía mejor: $1,133 para cada persona del corregimiento.
Son apenas tres ejemplos de la fiesta de millones de dólares que llegó a la provincia entre 2021 y 2023. Los fondos fueron inyectados mayoritariamente a juntas comunales con representantes del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), partido que preside el diputado Benicio Robinson, mandamás de Bocas del Toro.
El caso de la descentralización paralela llegó a la Procuraduría de la Administración, luego de que el abogado Ernesto Cedeño denunciara el tema. Cedeño también mandó una carta a Héctor Alexander, ministro de Economía y Finanzas, en la que le pide un “informe explicativo” de las partidas entregadas.
Mientras tanto, los vecinos de la provincia piden soluciones concretas: agua potable, luz eléctrica las 24 horas, caminos por donde puedan transitar, que lleven a algún lugar.
Advertencia del Tribunal Electoral
Mientras tanto, el Tribunal Electoral recordó ayer lunes que sancionará con “pena de prisión” e “inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas” a quienes usen fondos de la descentralización para fines políticos.
“Dichos fondos no pueden usarse para fines políticos, es decir, para favorecer o apoyar elecciones primarias partidarias previstas para los meses de junio y julio del presente año”, dijo la institución en un comunicado el lunes 22 de mayo.
Enseguida, recordó el delito previsto en el numeral 3 del artículo 523 del Código Electoral, que indica que “se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas” a quienes “utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos o partidos políticos legalmente constituidos o en formación”.
También apuntó que el artículo 282 del mismo código “prohíbe la participación de precandidatos y candidatos en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos públicos, so pena de ser inhabilitados”.
(Con información de Sol Lauría)
