La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha presentado 24 nuevas denuncias ante el Ministerio Público por el presunto mal uso de fondos asignados a través de la llamada “descentralización paralela”.
Se conoció que algunas juntas comunales y municipios no han podido justificar el uso de los recursos, es decir, que en sus archivos no reposa ninguna documentación sobre los gastos realizados con el dinero de la descentralización paralela, a pesar de haberlo recibido.
Dentro del nuevo grupo de denuncias sobresalen tres juntas comunales del distrito de Panamá: San Francisco, Pacora y Ernesto Córdoba Campos.
En el caso de San Francisco y Ernesto Córdoba Campos, los ediles entre 2019 y 2024 fueron Carlos Pérez Herrera y Rubén Medina, respectivamente, quienes, pese a sus aspiraciones, no lograron reelegirse. Por otro lado, el representante de Pacora, Hugo Henríquez, sí consiguió su reelección.
Otras juntas comunales mencionadas incluyen Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito; Arosemena y Barrio Colón, en La Chorrera; Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján; así como La Trinidad y Lídice, en Capira.
Nuevos informes
Por otra parte, la Autoridad Nacional de Descentralización comunicó que ha recibido 576 informes de rendición de cuentas de juntas comunales y municipios, lo que representa un avance del 86.87% en el proceso de verificación de recursos.
En total, se han presentado 54 denuncias contra juntas comunales y municipios que no han podido justificar el uso de los recursos transferidos a sus predecesores a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), conocido también como “descentralización paralela”. Algunas de estas entidades incumplieron el plazo de 60 días establecido para justificar los fondos recibidos.
En un comunicado previo, la entidad detalló que las primeras 30 denuncias penales fueron interpuestas contra las juntas comunales y municipios que incumplieron con los plazos establecidos. A pesar de haber sido notificados con anticipación, estos gobiernos locales no entregaron ningún informe que justifique el uso de los recursos asignados, lo que generó las primeras acciones legales en su contra.
“Consideramos que han tenido suficiente tiempo para recabar la información necesaria, por lo que no se justifica que, a la fecha, no hayan presentado los informes solicitados”, expresó Roxana Méndez, directora general de la AND.
Méndez subrayó que la entidad está comprometida en exigir transparencia en el uso de los fondos públicos y en hacer cumplir las leyes que regulan la rendición de cuentas.
Los más beneficiados
Si algo queda claro en el uso de los $320 millones de la descentralización paralela, es que las juntas comunales y municipios más beneficiados con estas transferencias estaban en manos del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La junta comunal que más fondos recibió fue la de Barrio Norte, en la provincia de Colón, donde Jairo “Bolota” Salazar es representante de corregimiento y diputado a la vez. En el caso de Barrio Norte, se entregaron $14.1 millones.
La junta comunal de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, destaca como una de las principales beneficiarias de la descentralización paralela, recibiendo $6.6 millones. En ese momento, el representante del corregimiento era César Caballero, quien fue asesinado el año pasado al llegar a su residencia. El diputado con mayor influencia en la zona es Raúl Pineda, del PRD.
En tercer lugar, se encuentra la junta comunal de Changuinola, en Bocas del Toro, que recibió $6 millones, con José de La Lastra, también del PRD, como representante. Sin embargo, las miradas apuntan a Benicio Robinson, diputado de ese circuito y presidente del PRD, quien habría jugado un papel clave en la distribución de casi $30 millones en toda la provincia de Bocas del Toro.
En el distrito de Panamá, las tres juntas comunales que más fondos recibieron fueron Ancón ($3.9 millones), Curundú ($3.6 millones) y Juan Díaz ($3.3 millones).
