Pese a que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a través de una resolución, ordenó al director de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Edward Mosley Ibarra González, proporcionar información al diputado Juan Diego Vásquez sobre los fondos entregados a los gobiernos locales por fuera de lo contemplado en la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, el funcionario se niega.
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En una carta enviada el 4 de diciembre de 2023 a la directora de la Antai, Elsa Fernández, Ibarra expuso una extensa lista de razones para denegar los datos. En primer lugar, afirma que no se especifica qué información se requiere, ya que el diputado ha presentado seis peticiones desde el 22 de diciembre de 2022.
En la mayoría de sus cartas, Vásquez ha solicitado información sobre los municipios y juntas comunales del país que reciben asignaciones al margen de los dos programas contemplados en la Ley 37 de 2009: el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales y el Impuesto de Bien Inmueble. Una investigación de La Prensa reveló que entre junio de 2021 y mayo de 2023, la AND desembolsó al menos $260 millones a juntas comunales y municipios, todos liderados por influyentes diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
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Ibarra también señala que la resolución de la Antai parte de la supuesta infracción de un “derecho de petición” (artículo 41 de la Constitución), pero al conceder el reclamo, advierte que se ha infringido “el derecho de acceso a la información, tratándose de materias distintas”. Luego realiza un extenso análisis jurídico sobre el particular, citando artículos de la Ley 6 de 2002 de transparencia y de la Constitución.
Alega que el diputado Vásquez no tiene legitimidad para solicitar la “transferencia” de recursos a una autoridad local. Además, sostiene que no aporta “soporte material, físico o electrónico para la reproducción de información y datos, ni consigna compromiso para sufragar los costos de copia o reproducción fotostática, magnetofónica, sonora, fotográfica y demás contempladas en el artículo 4 de la Ley 6 de 2002, de transparencia”.
Argumenta que Vásquez ha realizado todas las peticiones en calidad de diputado, utilizando el logo y el membrete del Legislativo, y no como ciudadano o particular. Según Ibarra González, esta acción violaría el Reglamento Orgánico Interno de la Asamblea Nacional, que otorga al presidente de ese órgano del Estado la facultad de requerir información y documentos a oficinas públicas.
“(...) se hace evidente que el señor diputado Juan Diego Vásquez, posiblemente gestiona sus acciones personales o de interés político mediante el uso de papel membretado y otros recursos de la Asamblea Nacional de diputados para beneficio propio o de terceros, lo cual contradice los principios de transparencia y correcto uso de los recursos públicos”, escribió.
En la carta, también se indica que la AND empezó a funcionar con el Decreto Ejecutivo 587 del 23 de septiembre de 2020, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Por lo tanto, los archivos, registros y demás documentos generados previamente por la antigua Secretaría Nacional de Descentralización en los periodos 2019 y 2020 son del Ministerio de la Presidencia.
Manifiesta que el detalle de los montos recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como los criterios para asignarlos, están detallados en el presupuesto general del Estado para los periodos fiscales 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, por lo que no se encuentran en los archivos de la Autoridad Nacional de Descentralización.
Respuesta del diputado Vásquez
Pero el tema no murió aquí. El diputado Juan Diego Vásquez mandó una carta a la Antai el pasado 22 de diciembre, en la que rebatió los puntos de Ibarra.
“Usted simplemente decidió no compartir la información. Su respuesta no solo es incompleta e inexacta, sino que es prácticamente nula. Si el recurrente requiere mayores detalles sobre mi solicitud, le invito a recibirme en su oficina para conversar sobre la misma de forma abierta y no a esconderse en recursos legales presentados por los abogados particulares que todos pagamos con fondos estatales”.
También le dice que “es vergonzoso que un funcionario entable argumentos tan débiles y tendientes a la opacidad”.
En lo referente a su condición de diputado y el planteamiento de las “vías idóneas” para solicitar la información” le recordó que en agosto de 2020, el procurador de la Administración Rigoberto González, dio su opinión sobre el posible choque entre las solicitudes realizadas según la Ley 6 de 2002 y el reglamento interno de la Asamblea. “Esa ley nunca menciona que ese mecanismo es el único, preferido el idóneo para que una persona, que ocupa el cargo de diputado, haga uso de su derecho a solicitar información pública”, advierte.
También dice que su condición de diputado no lo hace menos ciudadano.
Y así el diputado refuta cada uno de los planteamientos del director de la Autoridad Nacional de Descentralización.
El abogado
Ibarra contrató al abogado Ángel Luis Álvarez por $190 mil, para que lo represente en los procesos surgidos a raíz de la descentralización paralela. El 6 de septiembre pasado, la Dirección General de Contrataciones Públicas aprobó la contratación. Sin embargo, un mes antes, el procurador de la Administración Rigoberto González le había mandado una carta preguntándole: ¿qué criterios y consideraciones se tomaron en cuenta para la contratación ? y ¿cuál es el término de duración de esa contratación?
La AND tiene un Departamento Legal y 11 abogados contratados por un total de $17,200 dólares mensuales.
