En el video, Gerardo Solís, contralor general de la República hace énfasis en la frase “transferencia legal” y luego remata su argumento con las palabras “dentro del margen de la ley”. La auditoría, explicó, se hará si se detectan malos manejos.
Esa es la versión resumida de la respuesta que dio Solís a los reclamos ciudadanos para que se pronuncie sobre los más de $242 millones de la descentralización paralela desviados a gobiernos locales controlados por diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados.
El tibio mensaje del contralor fue divulgado el pasado sábado 1 de julio, día en que el presidente Laurentino Cortizo dio su penúltimo informe a Nación desde la Asamblea Nacional, órgano que ese día escogió a su nueva junta directiva.
“La programación planificada”
“La Contraloría ha dado instrucciones para realizar y exigir una rendición de cuentas de los fondos públicos que han sido utilizados y administrados por las juntas comunales, esto es parte de un programa quinquenal, diseñado en el año 2020 cuando iniciamos labores. La Dirección Nacional de Fiscalización sugirió la creación de la Subdirección nacional de rendición de cuentas, lo cual ocurrió en el año 2020. Siguiendo con la programación planificada previamente, corresponde a las juntas comunales rendir cuentas de los fondos públicos que han recibido producto de la transferencia legal que se ha estado haciendo del Gobierno central a la Autoridad de Descentralización y de allí a las juntas locales”, dijo el hombre encargado de fiscalizar el dinero público en la primera parte del video.
De estas palabras se podría concluir que pese al escándalo producto de las decenas de millones que repartió la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) por fuera de los programas que establecidos en la Ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública, el contralor no hará nada nuevo, sino que activará los protocolos usuales: una guía de 2020 y la prueba de esto es la frase “siguiendo con la programación planificada previamente”.
Más adelante, Solís, antiguo militante del PRD y acérrimo defensor del gobierno de Cortizo, menciona la palabra “auditoría”, pero de manera condicional. “Si encontramos vicios de actos ilícitos y dolosos que puedan implicar una lesión patrimonial, se pasa entonces en ese momento a auditoría general o auditoría forense, para entrar a fondo y determinar si hay lesión patrimonial y en dicho caso entonces se remite a las autoridades correspondientes”, ya sea el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público”, dijo.
Nadie responde
A pesar de su insistencia en que las transferencias son “legales”, no explicó porqué el desvío de millones se hizo por fuera de los programas de Inversión de Obras Públicas y de Servicios Municipales e Impuesto de Bien Inmueble, de la descentralización.
Tampoco dijo por qué el feudo político (Bocas del Toro) del presidente del PRD, Benicio Robinson, recibió $28.9 millones; por qué al del diputado Jairo Bolota Salazar, en Colón, le transfirieron $14 millones; o por qué a juntas comunales controladas por Yanibel Ábrego, en Capira, le asignaron $3.3 millones en plena campaña electoral del partido Cambio Democrático.
Ninguna autoridad hasta ahora ha podido explicarlo, aunque el vicepresidente José Gabriel Carrizo dio una pista del asunto en una reciente entrevista en Telemetro. Para él no se trata de una descentralización paralela, se trata del “fortalecimiento de la descentralización”.
Días antes, el pasado 14 de junio, el director de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos González, admitió que sí recibió solicitudes de diputados, para que se les diera recursos “para apoyar programas locales de algunos circuitos o algunos municipios que no tienen ingresos para llevar a cabo programas específicos”. Sus declaraciones se dieron en la poderosa Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, organismo que está en manos de Robinson y que ha jugado un papel crucial en la transferencia de los fondos.
¿Tiene futuro la rendición de cuentas que anunció el contralor? De acuerdo con el abogado Ernesto Cedeño, quien tocado las puertas de distintas autoridades de control, incluyendo a la propia Contraloría, lo que debió hacer Solís es auditar el manejo que la AND a los recursos, y con base a los hallazgos, bajar a la juntas y municipios y “no pedir que le den informes únicamente las juntas comunales, soslayando a los municipios y aseverando que todo lo que dio la AND estaba dentro de ley”.
Días antes de que estallara el escándalo, la Contraloría respondió una carta al diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien le consultó sobre los fondos que algunos gobiernos locales adicionales a los dos programas oficiales de la descentralización, es decir los fondos de la descentralización paralela. La secretaria general de la institución, Zenia Vásquez, en la nota enviada a Vásquez, se limitó a decir que la institución “no tiene competencia o injerencia en la aprobación de la asignación de los fondos de los proyectos de iniciativas comunitarias y sociales que son presentadas por las diferentes juntas comunales o municipios”. Es decir, esquivó el tema.
El pasado 20 de junio, la fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea, solicitó formalmente al contralor que iniciara una auditoría a los fondos que ha manejado la AND. Esto, luego de que un grupo de ciudadanos acudió a su despacho para presentar una denuncia por presuntas irregularidades en la transferencia de fondos a juntas comunales, sobre todo en tiempo de campaña política.
La línea
Por el momento, el discurso de los representantes del Ejecutivo y del Legislativo, es el fortalecer las juntas comunales y municipios del país, un plan que en papel no es malo, pero algunos se preguntan qué implica ese robustecimiento, teniendo en cuenta que en los próximos meses se intensificará la campaña política rumbo a las elecciones del 5 de mayo de 2024.
Jaime Vargas, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, incluso lo dejó claro en su discurso. Manifestó que el fortalecimiento de los gobiernos locales será “prioridad” de su presidencia, “ya que los países con gran desarrollo económico son los que tienen gobiernos locales fuertes”.
En Telemetro, Carrizo defendió la descentralización, porque él cree “en el poder popular”. Dijo que esos dineros sirven para que las juntas comunales “resuelvan” los problemas que aquejan a la comunidad.
