Descentralización, una reforma que impactaría aún más el presupuesto

El resultado del largo debate a las reformas a la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, supone incrementos a la cantidad de fondos con los que contarán los gobiernos locales. Esto, de cara a un año preelectoral en el cual la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), elevada de secretaría a autoridad en el gobierno de Laurentino Cortizo, podría contar con un presupuesto de $343.1 millones en 2023.

Si bien con las reformas se acordaron incrementos a las transferencias a gobiernos locales, se lograron avances en cuanto a fiscalización y participación ciudadana.

“La lucha contra la desigualdad nos obliga a retomar el debate serio del proyecto de ley 364, que reforma la Ley 37 de descentralización, para atacar de manera eficiente las necesidades de nuestras comunidades”, dijo el diputado Crispiano Adames, cuando fue reelecto como presidente de la Asamblea Nacional (AN), el 1 de julio de 2022.

La iniciativa fue discutida ampliamente en primer debate en la Comisión de Asuntos Municipales, la cual preside el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Sucre, quien a su vez es uno de los proponentes del proyecto de ley.

Finalmente, se le dio segundo debate en el pleno legislativo el pasado 19 de octubre. El debate fue breve. En tercer debate, al día siguiente, nadie tomó la palabra. Eventualmente, fue aprobado con 39 votos a favor, cero votos en contra y tres abstenciones (de miembros de la bancada independiente).

En el proyecto aprobado se plantea, por ejemplo, que los municipios contarán con un mínimo de $300 mil al año para su funcionamiento administrativo. Además, se detalla la nueva fórmula para determinar el monto total con el que contarán: recibirán el 50% del impuesto de inmueble recaudado en el distrito y el otro 50% se asignará a nivel nacional en base a población y área geográfica, entre otros parámetros.

Cada municipio contará con un presupuesto de al menos $1 millón al año. Si no logra ese monto apelando a su propia recaudación y al método antes mencionado, se aplicará una fórmula solidaria. Ahí se contemplan otras transferencias de fondos, como $110 mil base a cada junta comunal y municipio por parte de la AND. Estos deberán destinarse así: 80% a inversión y 20% a funcionamiento. Además, parte del presupuesto de funcionamiento será para la capacitación del recurso humano y miembros de la comunidad.

Avances en participación ciudadana

Varios artículos del proyecto 364 buscan crear más espacios de participación ciudadana en cuanto a fiscalización y ejecución del presupuesto municipal. Por ejemplo, se detalla que las oficinas de participación ciudadana establecidas en cada municipio deberán recibir, divulgar y servir como enlace para que los moradores presenten proyectos y obras.

“La participación ciudadana y la rendición de cuentas, como mecanismo de transparencia en el manejo de los fondos públicos, será un requisito indispensable en el proceso de programación, planificación, ejecución y desarrollo integral de los proyectos sectoriales que se ejecutan en los municipios”, es parte de lo aprobado.

El resultado de las audiencias públicas será de “carácter vinculante”.

Finalmente, se aprobó incluir a tres personas de la sociedad civil en la junta directiva de la AND. El requisito es que estén vinculadas con el desarrollo municipal. Estas tres personas, con voz y voto, serán parte de la junta directiva conformada por 11 personas, principalmente ministros, representantes de asociaciones municipales y otros funcionarios.

‘No es pasar dinero por pasar’

Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien participó de la discusión en la Comisión de Asuntos Municipales y ha sido un defensor de la participación ciudadana y la descentralización, la asignación de recursos a los gobiernos locales debe ir acompañada de una “transferencia de capacidades y conocimiento”.

“No es darle más dinero a los representantes y alcaldes, sino darles más responsabilidad y dinero para cumplir con dichas responsabilidades”, dijo a La Prensa. Agregó que es “fundamental” que se asegure la existencia de “mecanismos de fiscalización institucionales y ciudadanos”.

Considera que en vez de abultar el presupuesto general del Estado, se debe utilizar los recursos que hoy se asignan a ministerios como el de Educación, de Salud y de Obras Públicas, para que sean los gobiernos locales los que ejecuten las obras, teniendo en cuenta las necesidades de sus comunidades. “Hay que redistribuir los recursos ya existentes”, concluyó Vásquez.

Hizo un llamado a implementar una “descentralización real”, que ayude al desarrollo económico de las comunidades y, por ende, al desarrollo sostenible.