Entre las tareas de la próxima Asamblea Nacional y del presidente electo José Raúl Mulino, está el nombramiento de tres de los jefes de organismos de control más importantes de Panamá. No son los únicos, estos dos poderes del Estado también deberán designar a directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entre otros.
El contralor
La Asamblea, deberá designar a la persona que reemplazará a Gerardo Solís en la Contraloría General de República, cuyo periodo vence el 31 de diciembre de este año. La gestión de Solís en la entidad fiscalizadora de la gestión pública, ha estado marcada por la opacidad y los constantes guiños y aplausos al gobierno de Laurentino Cortizo.
El nombramiento del próximo contralor ya entró a la agenda pública. En un comunicado hecho público recientemente el Partido Panameñista, propuso llegar a un consenso para escoger un contralor y un subcontralor general de la República, que fiscalice de buena manera el uso de los recursos del Estado.
Mientras que en el Knockout de La Prensa del pasado domingo 12 de mayo, el diputado independiente Juan Diego Vásquez, líder de la coalición Vamos, mencionó la selección del contralor como un tema clave.
La Asamblea contará con 20 diputados independientes, 19 de ellos pertenecen a la coalición Vamos. El otro es Betserai Richard, diputado electo del circuito 8-6, en el este de la capital.
El procurador general de la Nación
Mientras que al presidente de la República le corresponde nombrar al nuevo procurador general de la Nación, dado que el período de Javier Caraballo en ese puesto también vence el último día del año. Una vez Mulino nombre al nuevo procurador, el Legislativo deberá ratificarlo o rechazarlo.
Caraballo completa el periodo de Eduardo Ulloa, quien dejó la Procuraduría en marzo de 2021. A su vez, Ulloa había reemplazado a Kenia Porcell, quien renunció al puesto en enero de 2020.
El procurador general de la Administración
Mulino también deberá escoger al próximo procurador de la Administración, es decir, el sustituto de Rigoberto González Montenegro, quien fue nombrado en enero de 2015 durante el gobierno de Juan Carlos Varela. El Legislativo también deberá aprobar o rechazar este nombramiento.
En la ACP
La nueva administración también se enfrenta al reto de seleccionar a cinco nuevos directores para la junta directiva del Canal de Panamá. Tres de ellos, terminan su mandato a finales de 2025. Se trata de Francisco Sierra, Óscar Ramírez y Ricardo Arango, quienes asumieron sus funciones en 2016.
Además de estos tres directivos, dos cambios adicionales ocurren con cada cambio de administración presidencial. Uno de ellos es el director designado por el Ejecutivo, quien preside la junta directiva y ostenta el rango de Ministro de Estado para Asuntos del Canal. Mientras que el otro es el director designado por el legislativo, quien puede ser nombrado o destituido libremente por el mismo.
Un magistrado del TE
Al próximo mandatario del país también le corresponde designar a un magistrado del Tribunal Electoral. Se trata de la persona que relevará al magistrado Eduardo Valdés Escoffery. El decreto 836 del 26 de diciembre de 2014, emitido por el Ministerio de Gobierno de la administración de Juan Carlos Varela, lo nombró por un periodo de 10 años.
Valdés Escoffery se ha desempeñado como magistrado del TE en los siguientes períodos: 1990-1996, 1996-2006, 2006-2014 y de 2014 a la actualidad.
En el FAP y la CSS
La administración de Mulino también podría nombrar varios directores de otras instituciones. Entre ellos a tres directivos del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP) para reemplazar a Jean Pierre Leignadier, Anamae Maduro de Ardito Barletta y Fred Kardonski, cuyos periodos ya vencieron.
En los últimos días de abril pasado, el presidente Laurentino Cortizo puso a consideración de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, el nombre de Sol Bodden. Al igual que los nombramientos de Miguel Edwards, Gregorio Guerrel y Guillermo Puga, para la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS); así como el de Andrés Wong Pimentel como magistrado principal del Tribunal Administrativo de la Función Pública.
Además, el de Ana Isabel Díaz Vallejo como miembro de la junta directiva de la Superintendencia del Mercado de Valores; y el de Indira Ceville, para la directiva del Banco Nacional de Panamá. Pese a que la comisión de Credenciales, los avaló, el tema quedó en pausa. El pasado 30 de abril, el pleno Legislativo clausuró el quinto y último periodo de sesiones ordinarias plenarias correspondiente al quinquenio 2019-2024.
Sin embargo, Cortizo podría llamar a sesiones extraordinarias para tratar estos asuntos.
