Carlitos salta sobre varias bancas dejadas frente a su casa en la comunidad de Las 30 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. “1, 2, 3… 1, 2, 3…” repite, recordando sus clases de primer grado en la escuela de Finca 32.
Sonriente, se mueve de un lado para otro junto con dos de sus ocho hermanos, sin comprender por qué unos 30 trabajadores de las bananeras rodean su casa con banderas negras y vestidos de ese color.
Su apellido es Smith y es hijo de Antonio, el obrero que con solo 38 años se convirtió en una de las víctimas fatales del enfrentamiento entre antimotines y miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera en Finca 12. Tenía 18 años de trabajar en la Cooperativa Bananera del Atlántico.
La mayor de sus hermanas tiene 17 años y el menor cumplió siete meses el pasado jueves, el mismo día de la muerte de su padre.
Las banderas son símbolo de luto. Los residentes de la comunidad de Las 30, donde vivió Smith, están de duelo y esperaron en la calle principal, vestidos de negro, a que un camión que contrataron los trasladara al corregimiento de El Empalme.
Allí se unieron a un grupo de educadores, obreros y sindicalistas que volvieron a marchar ayer para repudiar la Ley 30 y la violenta represión ocurrida en Changuinola.
Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar. Todos recordaron a Smith como un dirigente del gobernante partido Cambio Democrático. Hace 18 meses, trabajó fuertemente para la campaña del hoy presidente, Ricardo Martinelli, y del diputado Mario Miller.
“Nunca pensé que esto iba a pasar... que la gente que mi esposo ayudó para que llegara a un puesto, era la que le iba a quitar la vida, porque así lo considero. Era un hombre de Dios”, dijo su viuda, Catalina Guerra de Smith, con quien estuvo casado por 20 años. Antonio Smith era miembro de la iglesia evangélica Luz del Mundo.
Su hija mayor, Susana, recordó a su padre como un hombre ejemplar. “¿Por qué el Presidente de la República permitió que pasara esto? Mi papá siempre tuvo en su pensamiento que Martinelli iba a derogar esta Ley 30 que hoy me deja sin padre”.
Aunque solo asistió hasta el primer año de secundaria, Susana recordó que él siempre le inculcó el deseo de superación. “Siempre estaba recibiendo seminarios para capacitarse. Estudiaba derecho y había tomado cursos sobre derecho laboral”, recordó entre sollozos.
La casa de Carlitos es una barraca compartida que pertenece a la cooperativa. Su vida no solo cambiará por la muerte de su padre. Ahora tendrá que adaptarse a vivir en otro sector de Changuinola, donde el Gobierno, a través del Fondo de Inversión Social, se comprometió construirles una vivienda.
‘Esto no tiene nombre’: Pastoral Indígena
El responsable de la Pastoral Indígena del Arzobispado de Panamá, Félix de Lama, denunció ayer que hubo exceso de fuerza por parte de la Policía durante las manifestaciones de obreros ocurridas en Changuinola, Bocas del Toro.
“Tantos heridos y con perdigones en los ojos... eso no tiene nombre”, comentó.
Desde el martes, de Lama empezó a visitar a los heridos recluidos en el Hospital Santo Tomás, el San Miguel Arcángel y el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social.
Todos los que ha visto, agregó, tienen heridas en uno o en ambos ojos, y los que sufrieron daños en los dos ojos están angustiados ante la posibilidad de no poder ver.
Tras la firma del acuerdo que acabó con las protestas, el gobierno empezó a repartir ropa y celulares a los hospitalizados. También ha prometido traer a los familiares desde Bocas del Toro para que puedan visitar a los heridos.
“El gobierno está tratando de paliar lo hecho, pero todavía no ha pedido perdón a los hermanos ngäbe ni ha reconocido el error. Sigue culpando a otros”, recalcó de Lama.
El cura comentó también que aunque la mayoría de los indígenas ha dicho que ha sido bien tratado por los policías en el hospital, algunos le contaron que estuvieron esposados la primera noche, mientras que otros han recibido comentarios de burla de parte de los agentes.
“Vamos, empiecen a tirar piedras ahora, les decían”, contó.
Un grupo de organizaciones sociales trabaja en la elaboración de un informe sobre las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno. El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, afirmó que pudo constatar que los policías les dispararon por “arriba de la cintura”. Las protestas dejaron dos muertos y se calculan más de doscientos heridos.
