Al cierre de esta edición, representantes de las organizaciones sociales presentes en la mesa única de diálogo que se desarrolla en Penonomé y el Ejecutivo entraban en la ronda número 11 de preguntas sobre un tema en el que no había ningún acuerdo: corrupción y transparencia.
Desde el pasado sábado 13 de agosto, cuando las organizaciones sociales plantearon 32 puntos a tratar en materia de corrupción y transparencia, la mesa única busca pasar a una segunda fase. Sin embargo, debido a los recesos y la interposición de otros temas, el debate se ha dilatado. Ello, pese a que el tema también se discutió miércoles, jueves y ayer viernes.
La Iglesia católica, facilitadora del proceso, ha dicho que una vez se termine con este tema, se pasaría a una segunda fase en la que aspira a tener un papel de acompañante, en un proceso que abarcaría a otros sectores.
Este es el séptimo tema de la agenda, que incluyó canasta básica, combustibles, medicamentos, energía, educación y Caja de Seguro Social (CSS).
En materia de corrupción se ha hablado, por ejemplo, de los índices internacionales donde Panamá puntúa por debajo del promedio regional.
Dirigentes de los grupos sociales denunciaron falta de justicia en casos de corrupción de alto perfil, nepotismo, altos salarios, millonarios gastos de consultorías, el pago de dietas a funcionarios que están en distintas juntas directivas a nivel estatal, el alquiler de vehículos y la evasión fiscal, como algunos de los puntos a tratar.
No obstante, durante el transcurso de la discusión, el Ejecutivo, en la mayoría de los casos, aseguraba que la norma no les permitía abordar algunos de lo temas o que las solicitudes por parte de las organizaciones eran “inviables”. Uno de esos temas debatidos fue la propuesta de una asamblea constituyente originaria.
“Aquí lo que se está planteando es mantener el statu quo de la corrupción que afecta al pueblo panameño”, dijo en un momento el dirigente del Sindicado Único de trabajadores de la Construcción y Similares, Saúl Méndez. El sindicalista recordó al menos tres escándalos de corrupción: uno de la década de 1980 con un proyecto de viviendas en la CSS, cuando era manejada por Abraham Saied, y los recientes casos de Blue Apple y Odebrecht. Todos, dijo Méndez, tienen en común que hay funcionarios y empresarios involucrados sin que se haya hecho justicia.
Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y coordinadora técnica del diálogo por parte del Ejecutivo, dijo que comparte que la corrupción debe ser un tema de Estado, pero que existen limitaciones para tomar decisiones al respecto en la mesa.
La discusión continuaba anoche con la posibilidad de formar una subcomisión “de contacto”, en un último esfuerzo de lograr un acuerdo.
