Diego Quijano, presidente de la junta directiva de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), fue juramentado este martes 30 de mayo como presidente del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), por el próximo año.
Quijano remplaza en el cargo a Raquel Robleda.
La nueva junta directiva la completan Axel Rivera, vicepresidente; Alejandra Araúz, secretaria; Jaime Beitía, tesorero, y Eduardo Soto, vocal.
En su discurso, Quijano remarcó que las amenazas a la libertad de prensa usualmente son “abstractas”, pero en el último año se han dado tres situaciones que “acercaron el concepto a la ciudadanía”: el secuestro de bienes del periodista Ronald Acosta, en Chiriquí, promovido por el diputado Benicio Robinson; el también secuestro civil del medio digital Foco, a solicitud del expresidente Ricardo Martinelli, y la multa de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) a Corprensa, por publicar una foto de Robinson.
Ante estas situaciones, Quijano resalta la reacción indiferente del gobierno.
“Tristemente, desde el Ejecutivo, lo único que se ve son miradas hacia otro lado. Al aducir que se trata de conflictos entre privados, aúpan que más personas tomen estas medidas”, indicó.
“Aducen la existencia de un Estado de derecho en plenitud con instituciones autónomas que respetan el derecho”, agregó.
Igualmente, Quijano se refirió a la particular interpretación a la ley de protección de datos que dio la Antai, estableciendo precedentes nefastos al respecto. Antes de multar a La Prensa por publicar la foto de Robinson, aduciendo que se trata de un “dato biométrico”, la entidad multó al medio digital La Verdad por publicar la imagen de un certificado de matrimonio que había sido aportado al medio por uno de los cónyuges.
“A raíz de ello, hubo un esfuerzo sin precedentes entre los gremios periodísticos, que unió en un solo frente al Colegio Nacional de Periodistas, al Fórum de Periodistas, al CNP y hasta el Colegio Nacional de Abogados, para formular una reforma a la mentada ley e incorporarle protecciones al ejercicio del periodismo”, señaló. Dicha propuesta legislativa fue presentada en la oficina de iniciativas ciudadanas de la Asamblea Nacional en octubre pasado y todavía no ha sido debatida.
“Ahí mismo se ha quedado sin interés de la Asamblea ni del Ejecutivo”, indicó.
“Los gobiernos democráticos, incluyendo el de nuestro país, en lugar de impulsar iniciativas para fortalecer las instituciones que den continuidad a la República, se tapan la nariz y continúan actuando como si a ellos no les afectara el desprestigio que sufre de la democracia liberal, único sistema que ha dado algunas garantías de libertad y ha permitido que por primera vez en la historia de la humanidad la mayoría del mundo no estuviese sometido a la visión del autócrata y su versión de la verdad”, añadió.
También recordó que se mantiene el secuestro de bienes y cuentas de Corprensa, promovido por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, como parte de un proceso judicial que no ha sido fallado aún ni siquiera en primera instancia y que se remonta al año 2012. El secuestro fue instaurado en 2020 y todavía está vigente.
Quijano también se refirió a otra iniciativa legislativa: una promovida por el diputado independiente Gabriel Silva, para despenalizar la calumnia e injuria, incorporar el concepto de real malicia en la legislación panameña y establecer protecciones contra el acoso judicial.
