“Nosotros hemos hecho méritos para que se den cuenta que no hay ninguna parcialidad con el partido de Gobierno”. Así se defendió el fiscal electoral Dilio Arcia de los cuestionamientos que pesan sobre su gestión y ante las críticas de quienes afirman que su despacho permanece ciego, sordo y mudo ante posibles delitos electorales.
En una entrevista con este medio, el fiscal aseguró que se siente “satisfecho” con lo que su equipo ha logrado. A su juicio, la “imagen” de que él está “parcializado” con el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de que la Fiscalía General Electoral (FGE) no hace “nada”, es promovida por medios de comunicación y periodistas, que no olvidan su militancia en ese colectivo político.
Sus declaraciones fueron apoyadas por las principales figuras de su equipo de trabajo (presentes en la entrevista con La Prensa), quienes también hablaron para señalar, entre otras cosas, que a la FGE se le endilgan competencias que por ley no puede investigar, pues con la última reforma al Código Electoral (contenidas en la Ley 247 de 2021), se le quitaron muchas competencias a la institución. Añadieron que hay temas que hoy son decisiones directas de la Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE), a cargo de Osman Valdés.
Se señala a la Fiscalía Electoral de estar sorda, ciega y muda ante situaciones que están violando la veda electoral y ante el posible uso de recursos del Estado en las campañas internas de los partidos políticos. ¿Cómo responde usted a esto?
Con la última reforma electoral, la competencia para investigar y sancionar lo relacionado con esta figura pasó a manos del TE , quedando la Fiscalía General Electoral relegada a emitir concepto. Si la fiscalía llega a tener conocimiento de alguna violación a la veda electoral se presentará la denuncia pertinente a la Dirección de Organización Electoral. Con respecto a la utilización ilegítima de los bienes y recursos del Estado, se sanciona con pena de prisión de de 1 a 3 años y la fiscalía estará vigilante de que se dé cumplimiento a esta norma por parte de los actores políticos. Y en caso de llegarse a detectar de oficio o por denuncia del posible incumplimiento de esta norma, procederemos a realizar la investigación correspondiente
A nivel nacional, ¿cuántas denuncias ha recibido la FGE a la fecha, cuántas investigaciones han sido de oficio, cuántas están activas y cuántas fueron rechazadas o que no se admitieron?
Hasta marzo de 2023, se han investigado un total de 215 casos. Desde el mes de octubre de 2022, está operativa la Oficina Nacional de Recepción de Denuncias, la cual está encargada de recibir y monitorear todas las denuncias que se presenten personalmente, a través de redes sociales y medios de comunicación, así como también en nuestra página web. A la fecha, se han recibido 107 denuncias, de las cuales 92 son de la jurisdicción de la fiscalía.
¿En qué quedaron las investigaciones de doble voto, que en 2019 trajo el TE?
Se hicieron las investigaciones y resultó que varias de esas denuncias no fueron realmente doble voto, sino una confusión por parte del electorado. Solo votaron una vez y en mesas que no corresponden. La mayoría se archivó porque no representaba un delito de doble voto.
En este momento, interrumpe Ana Raquel Santamaría, secretaria general de la FGE, quien agregó que “de esas investigaciones aproximadamente puede haber unas cuatro que sí eran delito”.
¿En qué quedaron las investigaciones en el tema de las firmas captadas irregularmente con las apps?
Eso nos ha tenido realmente trabajando bastante. Incluso, hemos hecho una serie de entrevistas y le hemos pedido asistencia al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá (Imelcf), porque no tenemos peritos en informática y queríamos que nos apoyaran en el sentido de establecer si la herramienta fue mal utilizada o si, por el contrario, hubo fallas en el programa.
Se han dado al menos dos situaciones donde el Imelcf nos plantea que, en el caso de estas denuncias, realmente se hizo uso de la app adecuadamente, pero, en el mismo caso, dice el Tribunal Electoral que no.
Santamaría añade: “Aquí nos llegaron 1,019 firmas. De esas, se detectaron 19 activistas, que son los expedientes que abrió la FGE. De esas, tenemos algunas que se han archivado, porque se ha determinado que sí se dieron las firmas y no hubo contravención. Se está por enviar a los juzgados administrativos varios expedientes [5, en total] con solicitud de sanción, el resto lo tenemos en investigación”.
Mientras que Juan Alvarado, coordinador de la Unidad de Seguimiento Normativo Electoral y Actualización Judicial, acotó que fue una única denuncia presentada por el Tribunal Electoral en octubre de 2022.
¿Cuántas condenas se han producido desde que entró el fiscal a la fecha?
De 2022 a la fecha, han sido 132 condenas, básicamente por acuerdos de pena por cambio doloso de residencia y por el delito de utilización ilegítima de bienes y uso de recursos del Estado.
La efectividad del trabajo de la fiscalía se ve precisamente en los temas de investigaciones y de los casos que se resuelven por la vía de condena. Desde luego nos sale un balance que para nosotros es bastante satisfactorio, el trabajo se ha hecho . El problema está en que para llegar a esa condena o arreglo de pena, aparte del trabajo investigativo de la fiscalía, hay que esperar la opinión del juez administrativo, que es quien falla si hay o no razón en la imputación que presentamos. Nosotros estamos satisfechos de la productividad que hemos tenido en estos temas.
Usted dice que está satisfecho con el trabajo que está haciendo, pero los ciudadanos perciben que usted no hace nada y que es muy complaciente con el PRD.
Lo que pasa y me da la impresión a mí, es que los que así comentan lo que tienen en su mente es el pasado nuestro en el PRD, donde llegamos a ocupar el cargo de secretario de asuntos legales del partido. Eso me hizo una figura muy visible. Quizá la percepción de algunos colegas suyos es que yo nací de las entrañas del PRD y que no se puede confiar en mí. Eso es lo que está haciendo que haya esa mala percepción.
“Yo creo que nosotros hemos hecho méritos para que se den cuenta que no hay ninguna parcialidad con el partido de Gobierno. Hemos tenido denuncias y hemos investigado juntas comunales, como la del caso de Ancón que es de gobierno (...) la investigación se está concluyendo y está comprobada la utilización de los recursos del Estado. Eso es un ejemplo”, precisó Arcia.
El fiscal se refiere a la denuncia contra la junta comunal de Ancón, comandada por el perredista Javier Vásquez, por el supuesto uso de vehículos oficiales en el traslado de personas para la inscripción en partidos políticos en septiembre de 2021.
¿Hay figuras de alto perfil del actual gobierno que ustedes estén investigando?
No.
¿Por qué no investigó el desvío millonario de fondos de la descentralización, en pleno periodo electoral, a favor de varias juntas comunales?
Mediante una glosa vimos que había cuestionamiento del tema de Capira de que se estaban utilizando recursos para hacer campaña con fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización. Nosotros íbamos a hacer un allanamiento a una de esas entidades, pero como teníamos que solicitarle al juez electoral la orden, le planteamos como prueba la glosa y se nos dijo que eso no era suficiente para hacer un tipo de allanamiento de esa naturaleza .
Pero luego salió la noticia con datos de la Contraloría. ¿Por qué no se actuó?
“Lo que pasó es que, cuando sale la glosa, la Fiscalía General Electoral abre la investigación, pero el juez rechaza la diligencia y, dada la situación, el expediente se archivó”, aseguró la secretaria general de la fiscalía.
Juan Alvarado agregó que “los dineros han sido puestos a disposición de las alcaldías y juntas comunales. Allí no hay nada ilegal. Que le tocaría investigar a la FGE el uso indebido o ilegítimo del Estado, en este caso de esos fondos, que por ahora están puestos y supuestamente se van a usar. La discrecionalidad no es un delito, eso hay que reprocharle a la Autoridad Nacional de Descentralización, pero todavía no hay constancia a la vista para abrir una investigación de oficio sobre uso de recursos del Estado”.
¿Cómo se prepara la Fiscalía para enfrentar la campaña de 2024 y las primarias, para que no se usen recursos del Estado para temas políticos?
Estamos trabajando muy de la mano con el TE con respecto al tema del Plan General de Elecciones, en esta situación del posible uso de recurso del Estado, para apoyar determinada fuerza política. Estamos pendientes de que se presenten las denuncias o nosotros abrirlas de oficio. También estamos implementando un programa de prevención de capacitación ciudadana, con relación a los delitos y contravenciones en los colegios públicos y privados, para explicarles a los jóvenes que votarán por primera vez en esta elecciones lo que no se puede hacer. Pensamos que hay que hacer un trabajo de prevención del delito. Con eso podemos ayudar al proceso electoral de que las cosas se hagan bien.
¿De cuánto es el presupuesto de la FGE actualmente y cuánto pedirán para el 2024?
Es de $11.7 millones y para el otro año solicitaremos $17. 9 millones, para incluir el renglón de inversiones, que tiene que ver con sistema informático de gestión de denuncia y seguridad, entre otros. Esta entidad nunca ha tenido ese renglón , todo es para funcionamiento.
La FGE, ¿se siente opacada por el Tribunal Electoral?
No, pero como le dije, se nos quitaron funciones con las reformas electorales que ahora están en manos del TE y, aunque el TE no lo diga muchas de las investigaciones que ellos hacen, nosotros les colaboramos.
