El expresidente de la Asamblea Nacional (AN), el diputado perredista Crispiano Adames, dejó al descubierto un secreto a voces: el intercambio de favores en la dinámica para aprobar las leyes.
El hecho ocurrió la tarde del miércoles 3 de enero, durante el periodo de incidencias del pleno legislativo. Adames, desde su curul, le hizo un llamado al actual presidente AN, Jaime Vargas, para que le enviara una nota al contralor Gerardo Solís recordándole que la Asamblea “le aprobó” la Ley 351 de 2022, para permitir que el contralor pueda aprobar o archivar los informes de auditoría y las investigaciones, “según a su criterio corresponda”.
Esa ley fue propuesta por Adames y por sus colegas y copartidarios Ricardo Torres y Leandro Ávila.
Adames admite que la Ley 351 cambió la “realidad administrativa” de la Contraloría, pero que en cambio “él” -presumiblemente refiriéndose a Solís- no ha ejecutado lo que dispone la Ley 376 de 2023, que permite a los alcaldes y representantes de corregimiento que ya eran funcionarios al ser electos en 2019 elegir cuál salario quieren recibir: el que ya recibían o el que les corresponde en el gobierno local.
“Esa ley fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia. Tres demandas, después de su promulgación en Gaceta Oficial. Y las tres demandas ya fueron falladas a favor de la 376. La Contraloría no lo ejecuta porque no existe una guía actualizada de fiscalización y eso es conculcar los derechos humanos y profesionales de los representantes y de los alcaldes. Le pido diligentemente que haga llegar esa nota a la Contraloría recordando la aprobación en este pleno de la ley que él quería, la 351, sobre su realidad administrativa”, manifestó Adames.
En efecto, en julio de 2023, este medio dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda que presentó el abogado Ernesto Cedeño contra la Ley 376 de 2023, conocida como “la ley de mejor salario”.
Cedeño demandó esa norma por considerar que creaba un privilegio a favor de un grupo de la población. El fallo, con ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, fue avalado por Miriam Cheng, Maribel Cornejo, Ariadne García, María Eugenia López Arias, Otilda de Valderrama, Carlos Reyes y Cecilio Cedalise. El magistrado Olmedo Arrocha salvó su voto.
La ley de Solís
El 25 de octubre de 2022, la Asamblea Nacional, en ese momento presidida por el diputado Adames, aprobó la propuesta que actualiza, suprime y adiciona artículos a la Ley 32 de 1984 (que es la ley orgánica de la Contraloría) y modifica la Ley 67 de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas (Fiscalía y Tribunal de Cuentas). Esa propuesta es la actual Ley 351 de 2022.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, en una opinión que envió a la Corte (el 9 de mayo de 2023), dijo que seis artículos de la Ley 351 violan la Constitución. Se trata de los artículos 1, 2, 14, 22, 31 y 46. El 1, por ejemplo, impide al Ministerio Público y a la jurisdicción de Cuentas solicitar a la Contraloría iniciar investigaciones.
Incluso, el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, ha cuestionado duramente la norma. La cataloga de “nefasta para el país” , pues a su juicio va a acabar con la lucha contra la corrupción.
La opinión de González se dio en medio de una demanda que presentó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
