Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), presentó una propuesta legislativa que modifica el Código Judicial para que se prohíba el secuestro civil de bienes y activos de medios de comunicación y de personas que denuncian actos de corrupción.
El anteproyecto de ley que Cedeño puso a consideración de sus colegas busca que se incluya un numeral en el artículo No. 531 del Código Judicial, que establece las reglas para las medidas cautelares en casos especiales.
La norma que propone Cedeño dice así: Está prohibido decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos:
A. A las personas que denuncian actos de corrupción, de arbitrariedades o de violación de leyes.
B. A los activos y bienes de medios de comunicación social.
Esta misma disposición también estaría contemplada en el artículo 331 del Código Procesal Civil que entrará en vigencia en 2025.
Acoso judicial a denunciantes
De acuerdo con Cedeño, en Panamá ha habido “acoso judicial a denunciantes”. Recordó que en una oportunidad solicitó a la Comisión de Estado de Justicia que se abogara por la protección tanto de los denunciantes como de los medios de comunicación.
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En su exposición de motivos, el diputado del circuito 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco) citó sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que define a la libertad de expresión como “una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática (...)”.
Cedeño también recordó que la misma Corte dijo que “el ejercicio periodístico solo puede realizarse libremente cuando los que lo realizan no son víctimas de amenazas ni agresiones físicas, psíquicas u otros actos de hostigamiento (...)”.
En el pleno legislativo, el diputado sustentó que las leyes panameñas ofrecen “poca protección a los denunciantes de corrupción y a los medios de comunicación que muchas veces son las vías utilizadas por los denunciantes para dar a conocer a la sociedad la ocurrencia de actos indignos”.
Práctica de los poderosos
El acoso judicial y el secuestro de bienes a periodistas y medios de comunicación es una práctica que ha tomado fuerza en Panamá. Por ejemplo, desde hace cuatro años, Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario, tiene sus bienes y cuentas embargados por una concurrencia de hasta $1.13 millones, como parte de una demanda presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) en el año 2011.
El secuestro fue ordenado por una jueza civil en plena pandemia del coronavirus, en junio de 2020, cuando todavía no existía una condena ni se habían practicado pruebas dentro del proceso.
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En un fallo de primera instancia, el 23 de junio de 2023, la jueza Lina Castro de León negó la indemnización solicitada por Pérez Balladares y le condenó a pagar $581 mil en costas a favor de Corprensa. El expresidente apeló y, el 16 de noviembre, el Primer Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión de la jueza Castro y condenó a Corprensa a pagar $5,000 a Pérez Balladares. El caso depende ahora de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.
La advertencia de RSF
Recientemente, Reporteros Sin Fronteras (RSF), en su última clasificación sobre el estado de la libertad de prensa en 180 países, alertó sobre las presiones políticas que enfrentan los periodistas de Panamá, lo que se refleja en la proliferación de procesos judiciales en curso.
Quienes están particularmente en el “punto de mira de la justicia” son los periodistas panameños críticos con las políticas gubernamentales y los que cubren los casos de corrupción, especialmente los escándalos financieros internacionales, señala el informe.
