El mismo día que el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmaba en televisión que firmaría la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión y prensa, su copartidario, el diputado Jamis Acosta, presentaba un anteproyecto de ley en el que propone duplicar las penas de prisión para quienes cometan el delito de calumnia e injuria.
Acosta, miembro del partido oficialista Realizando Metas (RM), segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y abogado del expresidente Ricardo Martinelli, en su propuesta plantea modificar artículos del Código Procesal Penal y del Código Penal.
De acuerdo con el documento presentado el lunes 14 de octubre en el pleno legislativo, se modifica el artículo 193 del Código Penal con el propósito de sancionar con multas que van de 90 a 145 días y cárcel de seis meses a un año a quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona, mediante escrito o por cualquier forma.
En la actualidad, el artículo 193 del Código Penal castiga ese delito con multas de entre 60 a 120 días.
También quiere que el artículo 194 quede de la siguiente manera: “Quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible será sancionado de 100 a 200 días multa y/o pena de prisión de uno (1) a dos (2) años.”
El Código Penal, en su artículo 194, dice que “quien atribuya falsamente a una persona la comisión de un hecho punible será sancionado con 90 a 180 días multa.”
Además, pretende que el artículo 195 del mismo código quede así: “Cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito o utilizando un sistema informático, será sancionado, en caso de injuria, con prisión de 12 a 24 meses o su equivalente en días multa, y tratándose de calumnia, con prisión de 24 a 48 meses o su equivalente en días multa.”
Acosta también pretende alterar la definición de inocencia.
Propone modificar el artículo 8 del Código Procesal Penal para que quede de la siguiente manera: “Toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional deberán referirse en todo momento a la persona investigada con un texto que expresamente indique que se presume su inocencia conforme al artículo 22 de la Constitución Nacional, y no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable ni brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo se permite la publicación de datos o fotografías indispensables para fines de identificación de dicha persona.”
En la actualidad, el término inocencia se define así: “Toda persona debe ser tratada y considerada como inocente durante la investigación y el proceso, hasta tanto se le declare responsable del delito que se le imputa en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada. Los jueces, fiscales, querellantes y miembros de la Policía Nacional no pueden presentar a la persona investigada o imputada como culpable ni brindar información sobre esta en ese sentido a los medios de comunicación social. Solo es permitida la publicación de datos o fotografías indispensables para fines de identificación de dicha persona.”
Contra los periodistas
En varias ocasiones, Acosta ha demandado a periodistas y medios de comunicación en nombre de Martinelli y su familia. En 2018, por ejemplo, representó a Marta Linares de Martinelli en una demanda contra La Prensa. En esa oportunidad alegó protección familiar y a la imagen familiar con el propósito de que impedirle al diario cesar y abstenerse de divulgar y publicar hechos o situaciones de índole privado, “como parte de una campaña mediática” contra su familia.
Los diputados que apoyaron el anteproyecto son: Francisco Javier Brea, Ariel Vallarino, Raúl Pineda, Rogelio Revello, Shirley Castañedas, Nicolás Adames, Marcos Castillero, Medín Jiménez, Higinio González (suplente de Arquesio Arias) y Juan Domingo Díaz (suplente de Luis Omar Ortega).
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En 2020, el Tribunal Superior de Familia emitió un fallo en el que rechazó la demanda.
