El diputado Olivares de Frías (PRD) intentó ocultar a este medio un negocio de extracción ilegal de piedra de cantera que lleva a cabo la sociedad Construcciones Jhissel, empresa que él fundó y que ahora está –en papel– en manos de su familia más cercana.
La empresa fue multada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) por extracción ilegal de roca de una cantera existente en una finca que el diputado vendió a una empresa –también vinculada a su familia–, la cual mantiene negocios con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), institución en la que es viceministra, su hija Librada Jisell De Frías Barrios.
Inspectores del Ministerio de Comercio e Industrias llevaron a cabo una inspección en la finca que vendió De Frías y encontraron roca acumulada que también era transportada por camiones de Constructora Jhissel, pese a carecer de permisos para la explotación de cantera.
Por otro lado, el director de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), Roger Mojica, confirmó que Constructora Jhissel tampoco cuenta con permisos para el uso de explosivos en la cantera. Añadió que las voladuras las deben realizar “idóneos certificados por la Diasp, previa presentación del plan de voladura” que, en este caso, Constructora Jhissel no ha presentado ninguna.
Negocios del diputado Olivares De Frías, vinculados a extracción ilegal de piedras
Explosivos no autorizados y extracción ilegal de piedra de cantera en una finca en la provincia de Los Santos, son algunos hallazgos que revela un informe de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) del pasado 16 de mayo. Los hallazgos fueron atribuidos a la empresa Construcciones Jhissel. Esta empresa es del entorno familiar del diputado Olivares De Frías (PRD), y de sus hijos, entre ellos, la viceministra de Obras Públicas, Librada De Frías.
La extracción de material pétreo se destinaría a la rehabilitación de la carretera que une las comunidades de El Ejido, La Espigadilla, Tres Quebradas y Agua Buena, en el distrito de Los Santos, proyecto del Ministerio de Obras Públicas (MOP), valorado en unos $10 millones.
La extracción
El 8 de junio de 2021, el presidente Laurentino Cortizo entregó personalmente a la empresa Concreto Asfáltico Nacional, S.A. (Conansa) la orden de proceder para rehabilitar esta carretera. A su lado estaba el diputado De Frías, quien siete días antes había vendido en $78 a Maquinaria y Equipos Especializados la finca de 12.8 hectáreas de donde se extraería la piedra para el proyecto, en una cantera ya existente y que está en trámite de renovación ante el Ministerio de Comercio e Industrias.
De Frías negó a La Prensa haber vendido el inmueble porque no era su dueño. Pero su versión la desmienten documentos que reposan en el Registro Público: la finca fue comprada en $100, a título personal, en 2013 por De Frías, según el contrato de compra-venta, y vendida en 2021 a Maquinaria y Equipos Especializados, cuyo presidente es Rubén Rivera, quien mantiene vínculos con empresas del entorno familiar del diputado De Frías, y que ha participado en licitaciones del MOP con camiones de Constructora Jhissel.
Millones en piedra
Inspectores del MICI detectaron una extracción de piedra de cantera que ascendía a unos 105 mil metros cúbicos en la mencionada finca que compró Maquinaria y Equipos Especializados, material que era transportado por camiones de Constructora Jhissel. El cálculo del volumen extraído sin autorización, según el informe del MICI, “se hizo con un dron”.
Para tener idea de cuánto dinero estaría en juego por el negocio de la piedra, La Prensa solicitó tres cotizaciones a empresas que se dedican a la comercialización de este material en el mercado local. Entre $1.8 millones y $2 millones (impuestos incluidos) fue el cálculo, tomando en consideración las cifras de material pétreo que vio el MICI.
Si bien lo que se necesitaba para el proyecto de rehabilitación no era toda esa piedra, lo cierto es que las regalías que cobra el Estado por la explotación de la cantera no llegaron al MICI.
Una fuente de este ministerio dijo que “nosotros tenemos una tabla con los precios que debe pagar el concesionario por metro cúbico de piedra de cantera extraída, y en Recursos Minerales [del MICI] no existen copias de registros de reportes de producción y pagos de impuestos”, afirmó la fuente.
Lo revelado por la fuente coincide con una resolución del MICI, de septiembre pasado, que multó con $10 mil a Constructora Jhissel por la extracción no autorizada del material pétreo.
El administrador de Constructora Jhissel, José Cubías, no quiso revelar en cuánto venden la piedra extraída: “Antes de 2019 se vendía de acuerdo al precio de mercado del momento”. ¿A qué empresa fue vendido el material pétreo extraído de la finca?, preguntó La Prensa. Cubías eludió la pregunta. Dijo que no había una empresa en particular, pues “antes del 2019″, se vendía a las que tenían obras públicas y privadas.
En cuanto a los impuestos municipales, dijo que correspondía a la empresa concesionaria de la cantera, es decir, Basalto de Sabana Grande, pagarlos.
Explosivos sin autorización
Los inspectores del MICI detectaron más irregularidades. El informe del 16 de mayo pasado revela que encontraron varios barrenos –explosivos– para “futuras voladuras”.
¿Cómo llegaron esos explosivos a esa finca? Se desconoce. El director de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), Roger Mojica, confirmó a La Prensa que Constructora Jhissel no cuenta con permisos que sustenten el uso de explosivos para la extracción minera.
Mojica afirmó que no hay registro de ninguna empresa autorizada como contratista por la Diasp para realizar voladuras a favor de Constructora Jhissel.
Tampoco que la Diasp despachara explosivos desde su depósito oficial. “El producto [explosivo] que es despachado es custodiado desde su entrega por parte del personal idóneo de la Policía Nacional, los cuales garantizan su adecuado uso y la devolución del remanente del producto no utilizado a los depósitos oficiales”.
Cuestionado el administrador de Constructora Jhissel, José Cubías, sobre estos explosivos y su manipulación, afirmó que contrataron a “empresas idóneas” para las voladuras, pero que no revelaría sus nombres por “confidencialidad de los productos que manejan”.
El director del Diasp también confirmó que Maquinaria y Equipos Especializados –la empresa de Rivera que mantiene un permiso de agosto de 2021 del Ministerio de Ambiente para una asfaltera– tampoco tiene permiso para el uso de explosivos. En esa misma lista se encuentran Cantera Guadalupana –empresa de la familia del diputado De Frías– y Concreto Asfáltico Nacional, confirmó la Diasp.
La Prensa intentó que el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, respondiera, desde el pasado 15 de agosto, si recibió alguna solicitud de las empresas mencionadas para la extracción minera, pero guardó silencio.
En la finca de Rivera también los inspectores del MICI encontraron piedra de cantera acopiada, una asfaltera y una “tolva de una de las [dos] trituradoras”, alimentadas con el mineral no metálico extraído sin autorización de la empresa Basalto de Sabana Grande, la cual mantiene –desde 1999– una concesión de extracción no metálica, actualmente en trámite de prórroga.
Contrario a lo indicado por el diputado De Frías, que negó que existiera o exista algún contrato con Basalto de Sabana Grande, Cubías aseguró que eran subcontratista de la concesionaria hasta 2019, por lo que tenían un permiso del MICI para la extracción.
Afirmó que fueron a trabajar a la finca de Rivera porque Basalto de Sabana Grande los llevó. Pero, el presidente de esta empresa, Ivanhoe Ruíz, lo negó. “No tenemos contrato con Constructora Jhissel. Lo que ellos quieren es quedarse con nuestra concesión utilizando el aparato político coercitivo de chantaje”, afirmó molesto Ruíz.
Aunque el diputado De Frías afirmó a este medio que ya no estaba administrando Constructora Jhissel ni Cantera Guadalupana, indicó que esta última tenía permisos del MICI, pero no pudo precisar cuáles eran. “Eso es viejo de estar ahí. Eso tiene permisos”, afirmó.
De Frías –en el papel– dejó la presidencia de Constructora Jhissel en 2005, pero en un video de 2016, divulgado en redes sociales, promocionaba la empresa en calidad de dueño y fundador, aparte de dirigir personalmente las reuniones de negocios.
A su vez, Cantera Guadalupana –inscrita en enero de 2016– tenía de directora, hasta septiembre pasado, a la viceministra de Obras Públicas, Librada Jisell De Frías Barrios. Renunció el pasado 23 de septiembre, un mes después de que La Prensa la cuestionara –como directiva de la empresa– por la extracción ilegal (ver facsímil).
De Frías Barrios –que suscribió Cantera Guadalupana– también ocupó el cargo de secretaria de la sociedad hasta mayo de 2019.
Un mismo escritorio
Aunque De Frías admite que sí conoce a Rivera, omitió decir lo cercano que es. Maquinaria y Equipos Especializados, presidida por Rivera, fue donante de la campaña política del hoy diputado De Frías, con $2 mil.
También lo fue su hija, la hoy viceministra, con $4 mil. Lo más notorio es que La Prensa encontró que su relación los lleva a ocupar un solo escritorio. En el informe que el diputado entregó al Tribunal Electoral sobre sus donantes se observa que varias empresas vinculadas a la familia De Frías, así como Maquinaria y Equipos Especializados tienen la misma dirección y número de teléfono (ver facsímil).
Para corroborar que Constructora Jhissel y Maquinaria y Equipos Especializados comparten oficina y operan desde el mismo lugar, La Prensa llamó dos veces a Rivera, pero al número de Constructora Jhissel para entrevistarlo. La secretaria informó que no tenía hora de llegada, pero que le entregaría el mensaje .
Solicitud de poder
Un día después de la entrega del informe de los inspectores del MICI sobre las anomalías en la extracción de material pétreo –el pasado 17 de mayo–, Concretos Asfálticos Nacionales (Conansa) solicitó a la Dirección de Recursos Naturales del MICI permiso para extraer piedra de cantera en la finca de Maquinaria y Equipos Especializados.
La petición no llegó desamparada. Se adjuntó una nota del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, el 10 de mayo pasado, al entonces ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, para que autorizara la extracción de mineral no metálico a Conansa. El funcionario sustentó su petición en la ley que regula la minería.
En su solicitud, Sabonge indicó que la extracción “será durante 12 meses, contados a partir de que se otorgue el permiso de extracción”, en una finca de “50.74 hectáreas”. Precisó que para la rehabilitación de la carretera se requerían de 28 mil metros cúbicos de material pétreo.
La Prensa preguntó al gerente de Conansa, Demetrio Medianero, sobre su proveedor de piedra, y quién le ofreció la finca para la extracción: Constructora V&G, afirmó.
En el listado de empresas con contratos de concesión de minerales no metálicos del MICI –actualizado a septiembre de 2022– no se encuentran los nombres de Constructora Jhissel, Cantera Guadalupana, Maquinaria y Equipos Especializados ni Constructora V&G, por lo que se desconoce cómo esta última es la proveedora de piedras de Conansa.
Sobre la nota de Sabonge, Medianero dijo que todos los permisos de extracción temporal requieren de una nota del MOP, pero que esa solicitud fue rechazada. En tanto, la viceministra de Obras Públicas restó importancia a la nota: Es un “trámite usual”, afirmó.
Constructora V&G, está presidida por Juan Daniel Girón, quien mantiene causa criminal en el escándalo Blue Apple por el supuesto delito de corrupción de servidores públicos.
