La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 19 de diciembre, una resolución para crear una mesa tripartita que analizará las propuestas recibidas durante las consultas al proyecto de ley 163 que reestructura la Caja de Seguro Social (CSS).
La mesa, que estará integrada por representantes de trabajadores, gremios empresariales y el Ejecutivo, se encargará de evaluar las numerosas propuestas recibidas en los 24 días de consultas, con el objetivo de consensuar una reforma integral al sistema de seguridad social.
“Si vamos a tomar decisiones sobre la ley, ellos deben darnos su opinión”, aseguró el diputado Alaín Cedeño, presidente de la comisión.
Cedeño también anunció que lo más probable es que el proyecto, que consta de 210 artículos, sea aprobado en bloque.
Enseguida, los diputados aprobaron un receso. Cedeño informó a este medio que se volverán a reunir el próximo lunes 23 de diciembre.
‘No quiero que esta ley sea traumática’: Mulino
Este jueves, el presidente José Raúl Mulino expresó que espera que los nueve diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social aprueben en primer debate el proyecto antes de que finalice el periodo de sesiones extraordinarias el próximo 31 de diciembre.
Añadió que, tras este paso, espera que en enero, durante el periodo ordinario de la Asamblea Nacional, el pleno legislativo retome la discusión del proyecto “con calma”. Según Mulino, la meta es que la nueva ley de la CSS quede aprobada a finales de enero.
Durante su habitual conferencia de prensa de los jueves, el presidente destacó que no desea que las reformas a la CSS sean percibidas como un “madrugonazo” o como una aprobación “a tambor batiente”. “No quiero que esta ley sea traumática”, subrayó.
Ya en el pleno, los diputados podrán escuchar todas las propuestas que correspondan y realizar los cambios necesarios. Eso sí, advirtió que dichos cambios deberán ser coherentes y estar acompañados de un financiamiento sustentable.
El próximo 2 de enero, el Legislativo, órgano del Estado presidido por la diputada oficialista Dana Castañeda retoma sus sesiones ordinarias.
Las consultas
Las consultas al proyecto de ley 163 terminaron el pasado miércoles 18 de diciembre en la provincia de Darién. Durante 24 días, la comisión legislativa escuchó las opiniones de aportes de de 485 personas de las 891 que se inscribieron para participar en esta etapa del debate.
El consultor y analista de sistemas de pensiones Jorge Nicolau, advirtió sobre el reto de garantizar sostenibilidad y suficiencia en un contexto de déficit creciente. “El éxito de este sistema depende de estudios actuariales periódicos y transparentes, como lo indican experiencias internacionales”, aseguró el pasado 2 de diciembre cuando acudió a la comisión a opinar sobre el proyecto.
Nicolau identificó aspectos críticos del proyecto de ley que requieren ajustes para fortalecer la gobernanza y reducir riesgos. Entre ellos, el artículo 28 sobre facultades a la junta directiva.
El proyecto dice que la junta directiva solo puede solicitar a la Dirección General que ordene auditorías. Pero a su juicio, la junta directiva debe tener autonomía para ordenar auditorías externas. “Depender de la dirección general para esta tarea genera conflictos de interés y va en contra de las mejores prácticas de gobernanza”, aseguró. Además, sugirió que las auditorías sean realizadas por organismos internacionales reconocidos.
Mientras que sobre el artículo 105 que permite delegar la administración total del Fondo General de Reserva a un solo administrador, recomendó prohibir la delegación total a un único administrador debido al alto riesgo para los cotizantes.
El economista Ernesto Bazán sobre lo que él considera algunos alcances nocivos de las reformas y presentó un conjunto de medidas que a su juicio podrían garantizar la sostenibilidad del sistema sin recurrir a endeudamiento masivo.
Habló sobre la gravedad del déficit fiscal y actuarial que enfrenta el país, calificándolo como el mayor reto económico de la actualidad.
Mencionó el endeudamiento en el contexto de que proyecto de ley promete aportes del Estado por $966 millones en 2025, los cuales irían en aumento cada año.
Alertó que cuando se propone que los recursos para cubrir el déficit de la CSS provendrán de aportes extraordinarios del Estado, en realidad se está planteando financiarlo mediante deuda.
Por su lado, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, durante su intervención en la comisión mencionó que tres componentes deben ser evaluados: la sostenibilidad financiera, la cobertura y la suficiencia de las prestaciones.
Entre los aspectos que considera relevantes de la reforma, listó el aumento de la edad de jubilación en tres años para todos los hombres de 55 años o menos y para todas las mujeres de 50 años o menos; crea un fondo único solidario y abre la puerta para que una sola administradora privada pueda gestionar todos los recursos de ese fondo.
En las consultas participaron profesionales, sindicalistas, estudiantes, jubilados, entre otros.
El presidente Mulino convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias del 6 noviembre al 31 de diciembre para que discutiera el paquete de modificaciones a la Ley 51 que rige la CSS, norma que definirá el futuro de las jubilaciones del país.
