En el seno de la Asamblea Nacional, diputados y jefes de bancada han reaccionado a la propuesta de ley que impulsa el Ejecutivo y que busca restarles poder.
Consideran, por ejemplo, como “excesivo” el nuevo tope de $5 millones para traslados de partidas en situaciones normales y hasta $10 millones en emergencias, sin aval de la comisión legislativa de Presupuesto.
También reconocen que se debe revisar lo establecido en la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023, que regula el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024, la cual indica que los traslados de partidas de “cualquier monto” deben pasar por la Comisión de Presupuesto para su aprobación o rechazo.
Ya algunos, como Betserai Richards, de la coalición Vamos, y Ernesto Cedeño, del partido Movimiento Otro Camino, se han pronunciado planteando que, aunque la propuesta busca corregir el mecanismo “chantajista” de la Comisión de Presupuesto de la pasada administración (2019-2024), es importante que no se pase a un punto de excesivo descontrol del gasto público con traslados millonarios sin justificación.
Otras voces
Mientras tanto, el diputado y jefe de bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Javier Sucre, subrayó que se sentarán la próxima semana a discutir este tema.
“Consideramos que las cantidades de los traslados de partidas deben ser mayores de $200 mil, pero lo que queremos revisar es hasta qué monto debe hacerse un traslado sin tener fiscalización de la Asamblea”, acotó.
En palabras de Sucre, el monto de $5 millones es “muy alto”.
También recordó el rol del Legislativo en el tema de la fiscalización: “El Gobierno debe tener un ente fiscalizador y esa tarea le corresponde a la Asamblea Nacional. Esa tarea no se le puede quitar a ninguna institución”, aportó.
Por su parte, el diputado de Cambio Democrático, Orlando Carrasquilla, informó que lo que debe imperar en cualquier traslado de partida es la “transparencia”. “Nosotros estaremos vigilantes y fiscalizadores en que el dinero de Panamá se destine a resolver los problemas de los panameños”, dijo.
A juicio de Carrasquilla, el rol del Legislativo es fiscalizar hacia dónde y cómo se va a utilizar ese dinero que se solicita a través de los traslados de partidas. Al igual que Sucre, indicó que como bancada evaluarán el tema en los próximos días, puesto que se trata de una iniciativa de ley que contempla montos elevados.
Las normativas
Actualmente, los traslados de partidas de “cualquier monto” deben pasar por la Comisión de Presupuesto para su aprobación o rechazo.
Un año antes, por medio de la Ley 336 del 14 de noviembre de 2022, por la cual se dictó el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2023, se estableció que los traslados de partidas por encima de $200 mil debían ir a la Comisión de Presupuesto para su aval.
En otras administraciones, como las de Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), el monto establecido por ley que requería aprobación de los diputados era de $300 mil o más. Al menos, así está establecido en las respectivas leyes de presupuesto de esas gestiones gubernamentales.
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