La subcomisión legislativa conformada para discutir la eliminación de la actual Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002) y la aprobación de una nueva, se reunió por primera vez este miércoles 16 de agosto para analizar la propuesta presentada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), a través del Ministerio de la Presidencia.
“No es el momento adecuado para su debate por razón de la contienda electoral que se avecina, por un lado, y por otro lado es que este proyecto de ley ha llegado aquí con deficiencias importantes en el proceso de consulta ciudadana”, opinó Leah de Brosner, de la fundación Espacio Cívico.
Tanto Brosner como Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (capítulo panameño de Transparencia Internacional), pidieron a la subcomisión que convoque a una consulta amplia, “que se de suficiente oportunidad para que todos los sectores se enteren que hay esta discusión, y que por tanto sea un proceso de participación que trascienda a este término legislativo, que haya oportunidad de analizarlo sin el ruido que crea la contienda electoral”.
De Obaldía protestó porque el proyecto de ley impulsado por Anati (identificado con el número 1031) flexibiliza las sanciones para los funcionarios que no proporcionen la información pública: se propone multas por hasta el 50% del salario mensual del servidor infractor, mientras que la Ley 6 contempla multas equivalentes a dos veces el salario mensual y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo.
Igualmente, el proyecto coloca a Antai como la entidad rectora y garante del acceso a la información público. Eso implica que cuando un peticionario no obtenga la información requerida que está en manos de alguna entidad del Estado, debe quejarse primero ante Antai y luego podrá proceder ante los tribunales, con una acción de habeas data. Con la Ley 6, el solicitante puede presentar un habeas data en el momento en que se le niegue la información, sin tener que acudir antes a Antai.
“El habeas data tuvo un momento en la Corte que había como un cuello de botella, pero ha funcionado a nivel judicial”, remarcó De Obaldía.
Se necesita trabajar en el proyecto para avanzar en la transparencia y no es un proyecto electorero, es necesario y se verán todas las consultas y propuestas para mejorarlo, expresó la diputada Corina Cano.#TuVozImporta
— Asamblea Nacional (@asambleapa) August 16, 2023
Aunque no estuvo presente en la sesión de este miércoles, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, envió una nota al diputado Eugenio Bernal, presidente de la subcomisión, en la que señala que el proyecto 1031 debe ser “revisado y ajustado”, aunque en términos generales lo considera un “avance”, dado que -según su criterio- mejora el acceso a la información pública.
No obstante, López advirtió que otorgar a Antai la facultad para que, de manera “vinculante”, opine sobre la información que será clasificada como de acceso reservado o confidencial (como propone el proyecto 1031), la convierte en una “supra autoridad, que estaría por encima del resto de las autoridades públicas, incluyendo los tres órganos del Estado”, apuntó la magistrada presidenta en su nota al diputado Bernal.
Después de escuchar a las partes presentes, Bernal expresó la necesidad ampliar el marco de participación y consulta ciudadana, como pide la sociedad civil organizada. Antes le preguntó a Elsa Fernández, directora de Antai, a quién se había consultado para elaborar el proyecto de ley. Contó que se enviaron notas a distintos gremios y diferentes actores de la sociedad civil. “Posteriormente, caemos en pandemia y, para no interrumpir el proceso, se hizo de manera virtual”, indicó.
Fernández agregó que hubo unas 100 recomendaciones para modificar la Ley 6 de 2002 y 60 sobre la Ley 33 de 2013, que crea la Antai. Agregó que cinco anteproyectos se presentaron ante el Ejecutivo en febrero de 2021, incluyendo uno que modificaba el código de ética de los servidores públicos. También hubo una agenda de trabajo con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que facilitó la participación de una consultora internacional.
La subcomisión que preside Bernal la completan los diputados Corina Cano y Luis Ernesto Carles.
A la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales le corresponde debate el proyecto en primer debate.
