La mayoría de los diputados que intervinieron en el primer, segundo y tercer debate del presupuesto general para 2024 se quejaron de que la Asamblea Nacional sufrió un recorte de $56,809,492.
Incluso, esta fue la bandera que muchos de ellos utilizaron para defender el proyecto de ley 1041 (ahora Ley 418 del 29 de diciembre de 2023), aduciendo que se estaba cumpliendo con lo solicitado por los ciudadanos en octubre y noviembre pasado, cuando se dio el estallido social en el país por el contrato minero.
Este discurso caracterizó las intervenciones del diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) Miguel Fanovich, de la de Cambio Democrático, Fátima Agrazal y de los perredistas Benicio Robinson, Melchor Herrera y Héctor Brands, entre otros.
La Asamblea había solicitado para 2024, año electoral $206.8 millones, pero con los cambios presentados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al presupuesto del Estado se le redujeron $56.8 millones. Si eso se cumple, ello significaría que la AN mantendría el mismo presupuesto que se le asignó en 2023, que fue de $150 millones.
Cabe señalar que antes que se modificara el presupuesto de la Asamblea para 2024, el 93% de los $206 millones 809 mil 492 se iría al rubro de funcionamiento, con $193 millones 906 mil 445. Es decir, pagos de planilla y contratación.
Ahora, con los ajustes $138.3 millones irán a funcionamiento y $11.6 para inversión.
Números que engañan
Pese todas las críticas y quejas, los diputados obviaron un detalle sumamente relevante: las recurrentes maniobras contables para garantizarse más plata de lo presupuesto. Hay que recordar que para aumentar un presupuesto o hacer algún traslado de partida se necesita el visto bueno de la Comisión de Presupuesto, que controla el diputado Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático. Es decir, que la aprobación de un presupuesto recortado es como un acto de simulación, ya que la evidencia de los años recientes demuestra que siempre se autoasignan recursos adicionales.
Esto ha quedado demostrado con datos de la propia Dirección General de Administración y Finanzas de la Asamblea Nacional. Un ejemplo reciente es que para la actual vigencia, el Legislativo, hoy a cargo del diputado perredista Jaime Vargas, se le asignó un presupuesto para 2023 de $150 millones, pero a noviembre de este año la modificación del presupuesto suma ya $188,900,000. Es decir, $38.9 millones más que lo que se aprobó.
En 2022 lo asignado a la Asamblea por el MEF fue de $143,955, 516 millones, pero a diciembre de ese año la Asamblea cerró con un presupuesto de $230,558,588 millones. Con ello, el Órgano Legislativo terminó con un aumento de $86 millones 603 mil 72 por encima de la cifra original, es decir, con un alza de un 54.07% del presupuesto asignado.
Pero, ¿cómo se dan esos aumentos? Esta es una tarea fácil para los diputados. La Asamblea y todas las entidades del país pueden solicitar al MEF traslados de partidas. Ello porque se parte de la premisa de que pueden haber eventualidades o situaciones extraordinarias que no se previeron a la hora de elaborar el presupuesto, que se hace con meses de anticipación. Así, por regla general el presupuesto termina siendo más alto del presupuestado.
Muchas de estas partidas han sido avaladas en la Comisión de Presupuesto, de forma silenciosa. Sucedió, por ejemplo, el 4 de septiembre pasado, cuando el Legislativo aprobó $14 millones para pagar planilla. Ese día, mientras se discutía el contrato minero en el distrito de Donoso, provincia de Colón, la Comisión de Presupuesto avaló el traslado. Esta partida se conoció por el diputado independiente, Juan Diego Vásquez.
Incluso, la información publicada en la propia Gaceta Oficial no coincide con lo que revela la Dirección de Administración y Finanzas de la propia Asamblea. En 2020 al Legislativo se le asignaron $99.6 millones (según Gaceta Oficial), pero la entidad asegura que lo asignado fue de $154,521,936 y que el presupuesto modificado llegó $164.6 millones (hasta octubre). ¿Cambiaron los números sin haber modificado la propia Ley de presupuesto?
Si se suman los montos adicionales de 2019 a noviembre de 2023 la cifra superaría los 300 millones de dólares.
Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Asamblea aumente sus fondos, el ministro del MEF, Héctor Alexander, aseguró que “no se contemplan partidas para eso”.
Más poder para la Comisión de Presupuesto
Una de las principales funciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, instancia que preside el diputado perredista Benicio Robinson, es evaluar las peticiones de partidas y créditos adiciones de los ministerios y demás instituciones.
Según la norma, la cual se revisa cada año, el presupuesto se puede modificar de dos maneras: con traslados de partida y a través de créditos adicionales. En el caso de los créditos, estos deben ser avalados por el Consejo de Gabinete, y luego deben tener el visto de la Comisión de Presupuesto.
Pero, si se trata de traslados de partida menores a $200 mil, estos no tienen que ser discutidos en la Comisión. Precisamente, esta potestad fue eliminada del proyecto de ley 1041 (ahora Ley 418), por lo que el desfile de los representantes de las instituciones del Estado en la Comisión de Presupuesto podría ser aún mayor en 2024.
“De cualquier monto”, deberán pasar por la comisión, dice el cambio aprobado por el Legislativo. En esa misma línea, bajaron de 30 a 15 días el tiempo para que la comisión se pronuncie sobre un traslado.
