Justo cuando se acabó el periodo para que los funcionarios de alta jerarquía presentaran su declaración jurada de intereses particulares, como lo exige la Ley 316 de 2022, que sanciona el conflicto de interés, se empieza a hablar situaciones indebidas entre diputados de la Asamblea Nacional y entidades del Estado.
Esta semana salió a relucir el supuesto negocio entre empresas ligadas a diputados con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), para el suministro de agua potable a través de carros cisternas. También hizo ruido la compra de tierras a precios irrisorios a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati). A eso se suma la histórica práctica del Legislativo de pagar pauta publicitaria a emisoras o programas radiales vinculados a diputados.
Todas estas acciones chocan con la Ley 316 de 2022, sobre conflicto de interés en la administración pública, que entró en vigencia en febrero pasado, y con la Constitución de la República.
Se relaciona al diputado de Cambio Democrático (CD), Edwin Zúñiga, con el negocio de la entrega de agua con carros cisternas, y a la diputada Yanibel Ábrego, también de CD, con la compra de tierras (a cambio de centavos) a la Anati.
Zúñiga, del circuito 8-10, fue acusado por sus colegas de haber “tumbado” la sesión en la que se interrogaba al director de Idaan, Juan Antonio Ducruet, por la falta de agua en Panamá Oeste. Ese día‚ martes 11 de abril, solo había 18 diputados en el hemiciclo legislativo. Resulta que la mayoría de los oficialistas estaba atendiendo otros asuntos, como el acto del lanzamiento de campaña del vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien aspira a obtener la candidatura presidencial del PRD para las elecciones de 2024.
El diputado de CD se defiende. “Yo no pedí el quórum. Yo solo le dije a la presidenta [Kayra Harding] que cuál era el afán de citar al señor del Idaan. ¿Dónde estaban los que lo habían citado? En el pleno solo había nueve diputados. Ella pidió un receso y luego dijo que habíamos 18 y yo le dije entonces que revisara el quórum”, señala Zúñiga.
Al ser consultado por este medio sobre sus posibles negocios con el Idaan, contestó lo siguiente: “Mi razón social es Transporte Zupri, S.A. Yo me dedico a cargar combustible. Lo que pasa es que hay una compañía, y le soy sincero, es una compañía que se llama Logística, Distribución y Transporte Zupri, así lo puso el Ministerio de Comercio e Industria y el representante es o era el señor Ameth Ocaña. Ese señor sí transporta agua”.
¿Tiene usted que ver con Ocaña?, se le preguntó. “No tengo nada que ver. Pregúntale a él si yo soy accionista, a dónde llegan esos fondos finales. El Idaan ya lo hizo”, explicó Zúñiga.
Aseguró que él está claro de que no puede contratar en el Gobierno porque es diputado. “Yo no estoy loco. El problema es que tenemos la misma razón social. Hay que ir a Comercio e Industrias a preguntarle por qué hay dos razones sociales iguales”, añadió.
De acuerdo con el Registro Público, en la directiva de Logística, Distribución y Transporte Zupri, figura una persona de nombre Vivian Omayda Menoomo Ocaña de Zúñiga.
Solo tengo un cisterna
“Es verdad que en su momento usé cisternas para dar agua gratis a mi circuito, pero ahora no cargo agua, cargo combustible. Tengo solo una cisterna, que está pintada de turquesa”, acotó.
Pero lo que el diputado no dijo es que Ocaña fue funcionario de la Asamblea Nacional y estaba asignado, en su momento, a su despacho. La empresa que Zúñiga asegura que no es suya, ha hecho miles de dólares en contratos con el Estado. Hace un año y medio, Ducruet admitió en una entrevista con TVN que “hay diputados o allegados [a ellos] que tienen relación con empresas que suministran agua a través de carros cisternas, es un negocio totalmente legítimo”.
El diputado independiente Juan Diego Vásquez pidió a la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Elsa Fernández, que investigue este tema por posible conflicto de interés, pues actualmente está vigente la Ley 316 de 2022.
Fue juramentado hoy porque es la primera vez que asiste a la Comisión a la que pertenece desde hace casi un año.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) April 12, 2023
Hoy tumbó la sesión a la que estaba citado el Director del IDAAN aunque rara vez va al pleno.
Cobra su salario completo aunque no asista a las sesiones. Que triste. https://t.co/JlvP2Wq0XU
A este escándalo se suma la compra de 18.4 hectáreas de tierras nacionales en Río Indio, de Los Chorros, en Capira por parte de la diputada disidente de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego, a la Anati por tan solo $120. Ábrego aseguró que se dedica a los bienes raíces desde hace muchos años y que sus trámites fueron legales.
Durante años también ha habido potenciales conflictos de interés con los diputados, debido a que la Asamblea Nacional ha otorgado millonarios contratos de publicidad a estaciones radiales fundadas o ligadas a diputados.
El artículo 158 de la Constitución establece, entre otras cosas, que “los diputados no podrán hacer por sí mismos, ni por interpuestas personas, contrato alguno con Órganos del Estado o con instituciones o empresas vinculadas a este, ni admitir de nadie poder para gestionar negocios ante esos Órganos, instituciones o empresas...”
Mientras tanto, la Ley 316 de 2022 también obliga a las autoridades, como los diputados, a mantenerse al margen de negociaciones con entidades estatales.
